Tensión al alza entre PP y Vox a una semana de la primera votación de los Presupuestos de 2025

El voto de Vox, junto con el del PSOE y Unidas por Extremadura, tumbó este jueves la norma que fue aprobada a finales de octubre por el Gobierno popular de María Guardiola y que contenía rebajas de tipos en el impuesto de transmisiones y nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta para incentivar el alquiler. Su portavoz parlamentario, Óscar Fernández, ya lamentó en su intervención en el pleno que la norma no había sido consensuada. Además, apuntó que las medidas planteadas le parecían escasas. La formación justificó con estos argumentos su rechazo al decreto-ley en el momento de su votación, al final de la sesión.

Su compañero de grupo, Álvaro Sánchez-Ocaña, insistió este viernes en que no ha habido negociación real. Según dijo, el Gobierno regional del PP llevó el decreto-ley al Parlamento regional «sin diálogo ni consenso», lo que considera «una temeridad». Una frase que también podría aplicarse al proyecto de ley de Presupuestos para 2025, sobre el que tampoco hay ningún acuerdo cerrado para su aprobación. Los cinco diputados de Vox son necesarios para que los 28 del PP puedan llegar a la mayoría necesaria, que se alcanza con 33, en cualquier votación.

Sánchez-Ocaña aseguró que su grupo tuvo conocimiento del decreto-ley el día que se aprobó en el Consejo de Gobierno. También señaló, en contra de lo que afirma el PP, que no ha habido reuniones para tratar de recabar el apoyo de Vox. Esta formación sólo reconoce contactos, pero más destinados a conseguir el voto afirmativo que a negociar el contenido del decreto-ley.

Pese a ello, añadió que su grupo sigue con la mano tendida a los populares, a los que propone incluir medidas más ambiciosas en materia fiscal en los Presupuestos de 2025, y que lo ocurrido «no es ningún aviso ni ninguna salida de tono». Pero es evidente la importancia de este desencuentro a una semana del primer debate parlamentario de los Presupuestos de 2025. Vox aún no ha desvelado si presentará una enmienda de totalidad, ni tampoco si apoyaría una eventual enmienda del PSOE o la que ya ha anunciado Unidas por Extremadura. Su aprobación implicaría la devolución de las cuentas al Gobierno regional.

El rechazo al decreto-ley evidencia que Vox está cansado de ser considerado, por unos y otros, una franquicia del PP. Quiere hacer valer sus cinco diputados y recordar a los populares que no tienen la mayoría necesaria en la Asamblea. Pero estos últimos insisten en que ellos son el gobierno y no parecen atender a las llamadas a negociar.

El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, subrayó que «Vox decidió unirse al PSOE y votar no a la bajada de impuestos en materia de vivienda». A su juicio, es una irresponsabilidad que afecta a la vida de los extremeños, ya que desde este viernes no se pueden aplicar las rebajas fiscales del decreto-ley.

Sánchez Juliá destacó que Vox conocía el texto y decidió votar en contra, aunque reconoció que no hubo una negociación previa, sino que sólo pudieron acceder a su contenido cuando la norma se publicó en el DOE.

También aseguró que se han mantenido contactos para explicar el alcance del decreto-ley y que Vox había valorado de forma positiva las medidas. Por ese motivo, los populares esperaban su apoyo y reconocen su sorpresa por el rechazo.

Asimismo, subrayó que se podía haber convalidado la norma, con lo que habría seguido en vigor, y acto seguido convertir la iniciativa en un proyecto de ley, lo que hubiese permitido a los grupos parlamentarios presentar enmiendas para mejorar el texto. Sin embargo, se optó directamente por la derogación.

Para Sánchez Juliá, lo sucedido debe separarse de la negociación de las cuentas de 2025, y aunque afirmó que «vamos a seguir con la mano tendida», no abogó por hablar con Vox de cara al debate de totalidad de la próxima semana. «Los Presupuestos ya están presentados, la decisión la tienen que tomar ellos».

En el mismo sentido se expresó la consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien fue más contundente en las críticas y ante el rechazo al decreto-ley llegó a decir sobre Vox que «no entiendo cómo pueden dormir por las noches».

Manzano destacó que en el mes en el que ha estado en vigor el decreto-ley los extremeños se han podido beneficiar de una rebaja fiscal que ahora ha quedado revertida. Puso como ejemplo más extremo el caso de un joven con una base imponible en el IRPF de 28.000 euros (lo que puede equivaler a un sueldo de unos 1.600 netos al mes) que compre un piso de 180.000 euros. Con el decreto-ley, pagaría 8.640 euros por el impuesto de transmisiones. Con la redacción anterior, ahora de nuevo en vigor, abonaría 5.760 euros más. Para alguien que no cumpla ese requisito de edad, pero sí el de renta, por una vivienda de 180.000 euros el ahorro sería de 1.800 euros. Precios más altos o contribuyentes con bases más altas no se beneficiaban de la rebaja en ningún caso.

«Seguimos trabajando para que todas esas medidas de fiscalidad justa vean la luz y lo haremos con todo lo que está a nuestro alcance», añadió. De hecho, nada impide al Gobierno regional aprobar la próxima semana otro decreto-ley. «El problema es lo que hacen otros después de decir que sí creen en esa fiscalidad justa».

Manzano expuso que el Ejecutivo regional está dispuesto a estudiar medidas fiscales, pero considera que no tiene sentido tumbar una norma que ya estaba aplicándose. En cuanto a la ley de Presupuestos de 2025, señaló que está deseando presentar las cuentas más altas de la historia de la comunidad y que después «cada uno que se retrate».

A este desencuentro asiste como espectador el PSOE, principal partido de la oposición y el más votado en las elecciones del pasado año. Su secretario general en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, apuntó que «cuando es una mayoría la que vota en contra, es la minoría la que se equivoca».