El Supremo reconoce como rústicos unos terrenos que pagan IBI urbano en Badajoz

Los terrenos se ubican junto a la carretera de Valverde, antes de llegar a Las Vaguadas. :: /CASIMIRO MORENO
Los terrenos se ubican junto a la carretera de Valverde, antes de llegar a Las Vaguadas. :: / CASIMIRO MORENO

Fija que el Ayuntamiento de Badajoz no puede reclamar el impuesto con una valoración que sabe injusta, aunque sea la fijada por Catastro

Rocío Romero
ROCÍO ROMEROBadajoz

El Tribunal Supremo ha vuelto a fallar a favor de unos propietarios de suelo en Badajoz. Determina que el Ayuntamiento no puede cobrarle el IBI urbano a un suelo que está sin desarrollar urbanísticamente. Se trata de una parcela ubicada en la carretera de Valverde, muy próxima a la urbanización de las Vaguadas y donde existen naves.

Esta sentencia, del 19 de febrero, extiende los efectos de otra que dictó en 2014. En aquel caso la decisión afectó a suelos SUB-CC. La novedad de esta sentencia es que extiende sus efectos a otro tipo de suelo, denominados técnicamente ARE-5.3 (Área de Planeamiento a desarrollar mediante Plan Especial). Se trata de suelo urbano no consolidado y sin desarrollar urbanísticamente.

La abogada de Badajoz que ha llevado este procedimiento es Teresa Bardají. Avisa que esta decisión judicial se puede aplicar otros suelos de Badajoz y que repercutirá en otras ciudades.

El resumen es muy sencillo: el Ayuntamiento de Badajoz cobra el IBI urbano a terrenos que son calificados como urbanos no consolidados y sin desarrollar urbanísticamente. Pero si no lo están, tienen que pagar el IBI rústico. Esto es, bastante menos. De momento, los clientes de Teresa Bardají desconocen cuánto tendrán que tributar a partir de ahora, pero sus recibos oscilaban entre 4.000 y 6.000 euros anuales. Hasta el Supremo ha llegado uno de los ocho procedimientos iguales que esta abogada lleva. Decidió pedir la suspensión de los otros siete hasta que este se dilucidara.

Y no saben cuánto pagarán a partir de ahora porque el organismo que debe determinar el valor de cada recibo es la Dirección General de Catastro. Esta depende del Gobierno central y no del Ayuntamiento.

Este es el motivo que ha argumentado el Ayuntamiento en este procedimiento. Que la Hacienda municipal gira los recibos que le manda Catastro y no tiene capacidad para modificarlos. De hacerlo, asegura, crearían inseguridad jurídica. La sentencia reconoce que así es, pero va más allá y pega un tirón de orejas al Ayuntamiento precisamente por seguir pasando un IBI a estos titulares a pesar de saber que se trataba de un acto jurídicamente injusto.

El Tribunal Supremo estima que no puede tener amparo jurídico seguir girando recibos de IBI o no anular los ya girados bajo la excusa de la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los valores catastrales.

La sentencia recoge que «frente a una Administración que ha de servir con objetividad los intereses generales, no es admisible jurídicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierte en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas».

Reclamar al Ayuntamiento

Es este párrafo el que lleva a Teresa Bardají a considerar que los pacenses pueden reclamar directamente al Ayuntamiento para que sus terrenos sean considerados rústicos en lugar de urbano a la hora de pagar el IBI. De todas formas, ella considera que sigue siendo conveniente reclamar en los dos organismos: en el Catastro y en el Ayuntamiento.

Aunque el Supremo se refiere a la posibilidad de impugnar el valor catastral de una propiedad a través de la reclamación de las liquidaciones de IBI incluso cuando las valoraciones catastrales sean firmes en vía administrativa. Esto puede ser así siempre que existan circunstancias excepciones sobrevenidas, como esta, y los terrenos en cuestión puedan cambiar de consideración urbana a rústica según los criterios ya marcados por el TSJEx y el TS. En definitiva, aquellos que aun siendo urbanizables no se hayan desarrollado urbanísticamente ni tengan aprobados los documentos para ello.

Esta sentencia se refiere a los recibos girados entre 2012 y 2015 para los terrenos junto a Las Vaguadas, dado que están paralizados desde 2016. Según los datos de la abogada, el Ayuntamiento tendrá que devolverles unos 20.000 euros. Y, después, girar los recibos correspondientes al valor de suelo rústico y no urbano. Los cálculos hechos a partir del cambio en los suelos donde se aplica ya el cambio (los Sub CC) indican que han bajado hasta el 10% de lo que pagaban. La diferencia es, por tanto, muy acusada.

Con esta sentencia, el Supremo desestima un recurso de casación puesto por el Ayuntamiento de Badajoz y contra una sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso de la capital pacense. El TS confirma íntegramente esa sentencia dictada en Badajoz.

Decenas de titulares pendientes del alto tribunal

El Ayuntamiento de Badajoz ha llevado al Supremo varias resoluciones judiciales que le obligan a devolver el importe cobrado de varios años por el impuesto de IBI urbano a terrenos sin desarrollar. Es decir, sin construir.

Hace cinco años, el Supremo estableció que el Ayuntamiento no podía aplicar el impuesto urbano a una parcela urbanizable porque el suelo estaba sin urbanizar. Por tanto le correspondía tributar el impuesto de rústico.

Aquella sentencia provocó un cambio en la Ley de Catastro Inmobiliario, por lo que sus efectos se notaron en todo el país. Catastro solo aplicó el cambio a los suelos llamados 'Sub CC' en Badajoz. Pero no a otros por urbanizar.De ahí la novedad de la información que aparece adjunta.

Desde 2016, los propietarios de 1.820 referencias catastrales se benefician del cambio que supuso la sentencia del TS de 2014. Esas 1.820 referencias suponen unos ingresos anuales de 2,6 millones de euros al Ayuntamiento. Si tuviera que devolver cuatro años, desembolsaría más de once millones de euros. Después, ingresaría los recibos de suelo rústico, que reducen el recibo a una décima parte.

Por otro lado, hay otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a devolver a un propietario el IBI urbano desde 2007, que es el año en que entró en vigor el PGM actual. El Supremo debe aún decidir sobre esta.

La controversia para los suelos Sub CC, por tanto, reside en las reclamaciones de los años anteriores a 2016. Los propietarios están solicitando en los juzgados que se les devuelva el impuesto urbano cobrado antes de ese año y abonar el impuesto rústico. Les están dando la razón.

Pero el Ayuntamiento recurre al Supremo. Por un lado, defiende que devolverlo supondría un quebranto y, por otro, que no puede cambiar lo que determina Catastro. Yes en ese punto donde radica la importancia de la nueva sentencia del Supremo.