A los sindicatos les parece corta la subida de sueldo a los funcionarios

En Extremadura, donde la Asamblea también tramita su Ley de su presupuestos, de momento se recogen 23,4 millones de euros para soportar esa subida del 0,9%, además de otros 29,3 millones para el incremento del 2% en algunos conceptos de la nómina que la Junta de Extremadura aplica a sus trabajadores.

Esto significa que en los presupuestos para 2021 la Administración regional incrementa su gasto en personal en el 6,6%. Son 138 millones más que se gastarán en las nóminas de 2021, de los que de los 52,7 serán para cubrir esa subidas de sueldo. El resto, en su mayor parte, se destinará para contratar personal sanitario y docente.

Para Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, el sindicato con mayor penetración en la administración pública, «la subida del 0,9%, la cual no se ha negociado, no solo la defendemos, sino que nos parece escasa, ya que si nos retrotraemos a 2010 la pérdida de poder adquisitivo oscila entre el 12,9% y el 17% debido a congelaciones de salarios y a supresión de pagas extraordinarias, ya que los gobiernos suelen cuadrar las cuentas usándonos como a una caja registradora», decía ayer Román, que subraya el papel «en primera línea durante esta pandemia de sanitarios, docentes y administrativos. «Y si ha habido colas en algunos órganos administrativos ha sido porque algunos compañeros estresados por las aglomeraciones han tenido que coger bajas», explica. En su opinión, la subida que correspondería a 2021 a los empleados públicos no debería ser inferior al 3%.

Por su parte, Ignacio Luis Cansado, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, criticaba ayer que no pudieran haber negociado esta subida. «Nos la han anunciado y punto, cuando lo que queremos es un acuerdo plurianual que se ajuste a la situación de la pandemia para que nadie siga perdiendo poder adquisitivo». Cansado reconoce que el IPC no subirá, «pero hay productos frescos de la cesta de la compra habitual que se han multiplicado por dos en esta pandemia y ahí se centra el gasto de los empleados públicos que cobran poco, que son la mayoría, el 75%, no en ocio o en viajes.

Por otro lado, el representante de UGT habla de una temporalidad cercana al 27% que hay que corregir aumentando la tasa de reposición para evitar sobrecargas como la que tienen ahora los sanitarios, todo lo cual debería haber formado parte de un paquete de negociación más allá de una subida salarial unilateral que para él no es alta ni baja. «Depende la evolución de la pandemia», apunta.

Por su parte, Francisco Jiménez, portavoz del Área Pública de CC OO también argumenta que son demasiados años –desde 2012, dice– con recortes y que la temporalidad es excesiva, además de que el 80% tiene un sueldo que ronda los mil euros. Sobre la subida del 0,9% explica que la enmienda que hicieron llegar a los partidos políticos proponía una subida del 1,5% y otra adicional del 0,75% si se cumplían los criterios de déficit impuestos a las comunidades autónomas. «Nos ha sorprendido que el Gobierno ni se sentara a negociar. No sabemos cómo acabará la tramitación de los presupuestos, pero no creo que se muevan de ahí».

Como se sabe, hay políticos que no se aplicarán esta subida como medida ejemplarizante en plena crisis sanitaria y económica. Consultados por si este incremento salarial en un momento en que muchos españoles están perdiendo su empleo pudiera socavar la imagen de los empleados públicos abriendo una brecha con quienes se dedican al sector privado, Benito Román, de CISF, defiende que «no son unos privilegiados. La privilegiada es la sociedad que tiene estos empleados públicos en hospitales, centros educativos y centros administrativos. La administración debe ayudar a pymes y no criminalizar a los funcionarios, sino ponerlos en valor».

Cansado, de UGT, sostiene que en otras épocas a la empresario del sector privado le ha ido mejor y ha prosperado, mientras que Jiménez, de CC OO, recalca que «en Extremadura somos un tercio de la población activa, un motor económico al que no se puede retraer en el consumo para que funcione la hostelería, academias y otros tantos negocios».

En la comunidad hay 89.706 personas al servicio de las administraciones públicas. De ellas, 12.881 dependen de la administración del Estado, 24.588 de las administraciones locales y 52.237 de la Junta de Extremadura.