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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?
Pancarta en la que se expresa el rechazo a la mina de uranio, en Villanueva del Fresno. BRÍGIDO
Seguridad jurídica

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ANÁLISIS ·

Es grave que cale la idea de que hay que acudir a los tribunales porque las pancartas pesan mucho en las decisiones de la Junta

Pablo Calvo

Cáceres

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Domingo, 11 de octubre 2020, 09:02

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Sabemos que para conseguir que las empresas inviertan en Extremadura se necesitan muchas cosas, pero una fundamental es la seguridad jurídica. Cualquier promotor que se fije en nuestra tierra debe tener la certeza de que su proyecto va a ser tratado no solo con la diligencia debida, sino con la garantía de que se le aplicará siempre el principio de legalidad, sin arbitrariedades. Es lo que diferencia a un estado de derecho de aquellos otros donde rige el capricho en lugar de la norma.

Garantizar esa seguridad no quiere decir que no haya margen para la disparidad de criterios o para diferentes interpretaciones técnicas y jurídicas sobre una misma circunstancia, pero debe estar claro el terreno de juego. A un promotor no le debería caber la más mínima duda de que se le dice no por la aplicación del marco normativo, y no por razones de cualquier otra índole.

En Zahínos y Villanueva del Fresno han vuelto a colgar las pancartas en las que expresan su rechazo a la explotación de una mina de uranio, que afectaría a cinco términos municipales del suroeste extremeño. Están en todo su derecho, tanto de apoyar la explotación minera y poder decirlo como de rechazarla. Sus motivos tendrán.

Ya no es tan entendible que esa oposición ciudadana consiga doblar el brazo de la administración, en cuyo buen hacer confía cualquier inversor. Es lo que parece que ha podido suceder cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acaba de anular la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente que en su día negó, después de haberlo autorizado inicialmente, el permiso para que una empresa hiciera las primeras prospecciones. Cuando los vecinos ejercían su derecho a la protesta y el asunto empezaba a tener eco en los medios, la Junta observó que el terreno donde se encuentra el yacimiento de uranio es una dehesa extraordinaria, lo que parecía haber pasado desapercibido en un primer momento.

Da toda la impresión de que la administración regional se mostró complacida entonces de encontrar un resquicio normativo con el que tumbar el proyecto minero cuando empezó a sentir la presión popular.

Ahora, el TSJEx ha sacado los colores a Medio Ambiente y sentencia que se respeten los derechos de la empresa, que vuelve a tener permiso para desarrollar su actividad investigadora, las primeras catas. Todavía falta mucho para que se concrete si el volumen de mineral que existe asegura la viabilidad de un proyecto más amplio, y también, como apunta el tribunal, para decidir si su fase de explotación pudiera atentar contra el medio natural de una manera irreversible.

Cuando la mina de litio de Valdeflores, en Cáceres, inició su tramitación, la Junta de Extremadura se esforzó en recordar cuál era su obligación y cuáles eran los derechos que asistían a las empresas promotoras. Garantizar la seguridad jurídica de cualquier proyecto en suma. También lo hicieron los dirigentes de Ciudadanos, en contra de lo defendido por el PSOE, PP y Unidas Podemos, más partidarios de soltar un no sin respetar los derechos que asisten a cualquiera que presenta un proyecto empresarial. Incluso la Junta ha titubeado después de aquella fase inicial a tenor de las declaraciones de sus máximos responsables.

A diferencia de otro tipo de actividades económicas, donde sus promotores pueden cansarse y apostar por invertir en otros sitios, los minerales están donde están, lo que hace que las empresas del sector puedan llegar a ser muy pesadas y nada perezosas a la hora de defender sus derechos en los tribunales de justicia, como ha sido el caso.

Lo que que ha sucedido con la mina de uranio de Zahínos podría repetirse con la de Valdeflores y con otras iniciativas similares. Y ni siquiera sería eso lo más grave. Lo peor es que entre los inversores cale la idea de que en Extremadura es preciso acudir a los tribunales para obtener seguridad jurídica porque las pancartas en los balcones pesan mucho en las decisiones de la administración pública.

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