Repartir de otra manera

AGUSTÍN VEGA CORTÉS

LOS últimos 40 años han sido los de mayor prosperidad y crecimiento económico de nuestra historia. El ingreso en las universidades de los hijos de los trabajadores, la sanidad para todos, las pensiones y las ayudas sociales generalizadas, son hitos sociales importantísimos. Así mismo, la plena incorporación de nuestra economía en el entorno internacional, junto a un desarrollo sin precedentes de las infraestructuras hace que, desde ese punto de vista, seamos un país poco parecido a la España de los años 70.

La renta per cápita ha pasado de los 13.000€ en 1978, a los 25.000 en 2018, pero cosa diferente son los niveles de igualdad real, y cómo se distribuye esa renta. Los 25.000 euros solo son el cociente resultante de dividir el PIB entre el total de la población. Lo cual no significa, ni mucho ni menos, que cada español ingrese ese dinero. Por el contrario, hay una minoría de españoles que ingresa los 25.000 euros de muchos, mientras hay millones que no ingresan ni lo suficiente para vivir. No hablo de los pensionistas ni de los parados. Hablo de millones de trabajadores jóvenes con contratos temporales, que no llegan a mil euros mensuales y que no pueden ni plantearse abandonar la casa de sus padres. Hablo de centerales de miles de parejas que no pueden tener un hijo porque necesitan trabajar ambos para pagar la vivienda y comer. Hablo de una clase obrera indefensa y desarmada a causa de los contratos temporales abusivos, y que no puede hacer uso de los derechos que las leyes les reconocen. De millones de horas extras que no se les pagan y que no pueden reclamar porque se quedan en la calle. Hablo también de muchos autónomos y de muchos pequeños empresarios que hacen terribles esfuerzos para no cerrar las empresas y hacer frente al imparable aumento de las imposiciones fiscales, y a la asfixia que supone los abusos de las reglamentaciones absurdas y abusivas, y al despotismo, la ineficacia y la pereza de las burocracias instaladas en las administraciones públicas.

Es necesario bajar a la realidad de las personas para ver cómo se reparte la renta del país, y cuáles son los grandes desequilibrios que impiden una mayor equidad e igualdad. No se trata de que el Estado gaste más. No puede hacerlo cuando tenemos una deuda pública de más de 1.200.000 millones mensuales. El Estado tiene que ver cómo se reparte el gasto público, cómo se administran los recursos, cómo se acaba con el derroche, y qué grado de quidad social promueven. Por ejemplo: ¿es justo que los tres millones aproximados de puestos de trabajo en el secto público, los de mayor calidad y seguridad, los disfruten las mismas personas durante toda su vida, mientras otros muchos millones de españoles igualmente cualificados, tienen que vivir con contratos temporales y bajos salarios? ¿Es justo que una pareja de pensionistas que cobre la pensión máxima, osea, unos 75.000 € anuales, que es lo mismo que cobra el presidente el gobierno, no pague nada de sus medicamentos, mientras una pareja de trabajadores que ingresen 15.000 euros al año tiene que pagar el 50% del cost de los medicamentos? Solo son dos ejemplos para empezar. Hay que repartir de otra manera.