¿Renovables? Sí, pero...

Habría que plantear, al menos, tres cuestiones: Una, que la sede social de la empresa titular del negocio estuviera en Extremadura; dos, que capital privado o público regional participara enel accionariado; y tres, que el precio de la energía permitieraa las empresas extremeñas mejorar su competitividad

ANTONIO ROSA PLAZAConsultor en Desarrollo e Innovación

LA apuesta de Iberdrola por las energías renovables no es nueva; desde hace años es el primer promotor de energía eólica en España, aportando en la actualidad 5.577 MW al parque eólico español, lo que supone el 23,75% del total acumulado.

Mas reciente es su apuesta por la gran fotovoltaica , que también pretende liderar, como ponen de manifiesto los proyectos en marcha o anunciados, de los que se han hecho cumplido eco los medios de comunicación; el último la «fotovoltaica mas grande de Europa» que construirá cerca de los berrocales trujillanos, continuación del ubicado entre Usagre y Bienvenida, cuyo primer panel instalaron hace unos meses los presidentes de Extremadura y de la empresa.

A diferencia de lo que ocurrió con la energía eólica, ahora, para el desarrollo de estas macro plantas fotovoltaicas, Iberdrola y otras corporaciones empresariales apuestan por Extremadura. A nadie debe extrañar esta apuesta, pues tenemos gran radiación solar (combustible renovable y gratuito), mucho terreno disponible, y unas administraciones dispuestas a poner alfombra roja a quienes quieran llenar de paneles los amplios espacios yermos y no tan yermos existentes en nuestra región.

Hasta aquí todo bien, ¿o no? Pues depende. ¿De qué depende? Pues depende de que los principales beneficios que generan estas instalaciones repercutan en la región y, tal como van las cosas, no parece que ello vaya a ser así.

Es cierto que los ayuntamientos cuyos términos municipales acojan las instalaciones dispondrán de importantes cantidades de dinero por la construcción y posterior explotación de las centrales fotovoltaicas. Durante la fase de construcción las licencias de obra y el impuesto sobre construcciones (ICIO) generarán sustanciosos ingresos económicos para los ayuntamientos. Mas tarde, durante el periodo de explotación (25 años mínimo), será el IBI anual la principal fuente de ingresos para las arcas municipales; un millón de euros anuales creo que calculó en su momento el alcalde de Usagre.

Por lo que hace referencia al empleo, durante la construcción, parte de los alrededor de mil puestos de trabajo que se prevén generen las obras podrán ser para trabajadores locales, aunque posteriormente, en la fase de explotación, la repercusión en el empleo local será casi testimonial.

Además de estos beneficios para los municipios de acogida, otras empresas y, por tanto, otros trabajadores de la región tendrán la posibilidad de trabajar durante el proceso de construcción y puesta en marcha de las instalaciones: Movimientos de tierra, cimentaciones y hormigonado, fabricación e instalación de estructuras metálicas, instalación de paneles, conexiones eléctricas y de evacuación de la energía, ingeniería, medio ambiente, calidad y seguridad, etc., serán actividades a las que podrán optar algunas de las empresas extremeñas perfectamente capacitadas para ello que tenemos, siempre y cuando puedan aceptar las condiciones económicas que, seguramente, impondrá el epecista (aquella empresa que ofrece todos los servicios relacionados con el diseño, los suministros necesarios y la construcción de cualquier proyecto relacionado con las energías renovables) contratado por el promotor.

Finalizado el proceso de construcción y puesta en marcha de la planta, la cosa cambiará sustancialmente; la explotación y mantenimiento de cada instalación apenas generará 30 o 40 empleos y los principales beneficios que la energía producida generarán: Impuestos y dividendos, irán, lamentablemente, fuera de la región. La sede social de las empresas propietarias determina el destino de los impuestos que generen las plantas, y la composición del accionariado el de los dividendos que repartirán las empresas entre sus accionistas.

¿Es esto inevitable? En mi opinión no, y para ello habría que plantear, al menos, tres cuestiones: Una, que la sede social de la empresa titular del negocio estuviera en Extremadura; dos, que capital privado o público regional participara en el accionariado; tres, que el precio de la energía permitiese a las empresas extremeñas mejorar su capacidad de competir en los mercados nacionales e internacionales.

Sé que lo que planteo, a muchos, sonará a utopía; lo acaecido hasta ahora va en dirección contraria: Ni los propietarios de las grandes hidroeléctricas que aprovechan las aguas que discurren por nuestros ríos, ni los de la central nuclear de Almaraz ni, más recientemente, los propietarios de las grandes plantas termosolares y fotovoltaicas que ya tenemos en explotación, tributan en Extremadura al tener sus sedes fiscales en Madrid, País Vasco, Navarra, etc. Del mismo modo, en el accionariado de estas grandes corporaciones eléctricas no hay presencia significativa de capital extremeño.

Remover esto es muy difícil, titánico diría yo, pero no imposible. Hace falta, primero, voluntad de hacerlo y después inteligencia y capacidad negociadora para conseguirlo; algunos instrumentos seguramente tenemos para facilitar dicha negociación.

Creo que este es uno de los grandes retos que Guillermo Fernández Vara debe afrontar en la legislatura que comienza; supongo que, para superarlo, contará con el apoyo del resto de las fuerzas políticas presentes en la Asamblea, con las que debería sentarse para alcanzar un acuerdo que comprometiese a todos en esa 'política de Estado', que habría que sacar del rifirrafe diario.

PD: Otro día hablaremos de la generación distribuida y del autoconsumo, instrumentos fundamentales para la transición energética y para que el beneficio de las renovables llegue realmente a los ciudadanos.