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El vertedero de las Cuestas de Orinaza, sellado por Medio Ambiente, vuelve a tener residuos. :: arnelas
El vertedero de las Cuestas de Orinaza, sellado por Medio Ambiente, vuelve a tener residuos. :: arnelas

Una región sembrada de escombreras

Más de 70 términos municipales tienen vertederos ilegales sin clausurar que provocan daños sanitarios y ambientales al afectar a la calidad del suelo y las aguas

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Domingo, 19 de agosto 2018, 08:50

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Un vertedero ilegal por cada tres municipios. Si la en región hay 388 pueblos, la Junta de Extremadura tiene catalogados 131 vertederos, de los que 91 están sin clausurar y afectan a 73 términos municipales. Es un número elevado, pero se trata de una cifra alejada de la realidad, ya que únicamente se refiere a los parajes que están ubicados en terrenos públicos.

Solo en Cáceres, la Diputación provincial tiene controlados 124 espacios degradados en los que se han producido vertidos ilegales situados en fincas de propiedad privada.

Para las organizaciones ecologistas, el volumen es incluso superior. «Cada vez que denunciamos la existencia de un vertedero ilegal a la Junta, nos dicen que no lo tenían controlado, por lo que el número puede ser mucho mayor», explica Ángel García, portavoz de Ecologistas en Acción en Extremadura.

Un total de 17 recintos fueron clausurados por los ayuntamientos, pero se debe actuar de nuevo sobre ellos

Sin embargo, que las escombreras están desapareciendo es una realidad. La imagen de recintos en los que se dejaban voluminosos restos de obras era, hasta hace no mucho tiempo, bastante habitual en la mayoría de las localidades, ya fueran de pequeño o gran tamaño. La entrada en vigor, en el año 2008, de la regulación de la gestión de los residuos de construcción (RCD) y los avances conseguidos en el tratado de los residuos sólidos urbanos (RSU), como se denomina a los desperdicios que se generan en los hogares, han conllevado el abandono de estos espa cios.

En la actualidad es más difícil encontrar lugares amplios en los que todavía se vierten escombros de manera ilegal, pero sí suelen aparecer pequeños montones de ripios en zonas aisladas e, incluso, en vertederos ya clausurados.

Tradicionalmente, en las escombreras se depositan escombros y residuos inertes procedentes de las obras de construcción, pero también mobiliario doméstico y basura de otro tipo. Su presencia afecta a la calidad paisajística, debido al negativo impacto visual que provocan, pero es más problemática la incidencia que tienen en los suelos y las aguas de su entorno. «Hacen de efecto sumidero para otros residuos no inertes», apuntan desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. De este modo, los vertidos que se realizan sin control ambiental y sanitario conllevan la degradación de los espacios naturales. «Los lixiviados (agua contaminada que pasa por los escombros) pueden llegar al cauce público porque se filtran en el subsuelo», expone García.

Incendios

Los incendios son un riesgo añadido en las zonas en las que se depositan residuos sin control. Las altas temperaturas veraniegas que se registran en Extremadura y la incidencia del sol sobre envases a presión, cristales o vidrios pueden resultar causantes de fuegos. De hecho, en la región se contabilizan 47 vertederos con potencial riesgo de incendio, según la última Memoria de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. La mayor parte de estos espacios se encuentran en la provincia de Cáceres, un total de 36 y ocho de ellos están catalogados con nivel de peligrosidad alto. De los once ubicados Badajoz no hay ninguno con riesgo elevado. «Todos los años se producen fuegos en los vertederos», remarca el portavoz de Ecologistas en Acción, que recuerda el incendio que se declaró hace poco más de un mes en el ecoparque de Badajoz. «Es un espacio controlado -dice- y aún así ardió, por lo que los ilegales, que no tienen ningún control, son más peligrosos».

La proximidad a masas forestales arboladas es, por tanto, uno de los criterios de actuación prioritaria que se recoge en el convenio para la recuperación de zonas degradadas por escombreras ilegales firmado entre las diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Junta de Extremadura.

Este acuerdo, alcanzado en 2014 e incluido en el Plan Integrado de Residuos, plantea como objetivo el sellado de las escombreras y la recuperación ambiental de su entorno. El primer paso es la detección y evaluación de los espacios donde se suele depositar el material inerte procedente de obras. Esta tarea se encargó, según el texto del convenio, a las diputaciones, mientras que los ayuntamientos se comprometieron a ceder los terrenos a recuperar a la Junta durante el tiempo en el que se efectúen los trabajos de restauración.

Elías Hernández, alcalde de Torrequemada, muestra una escombrera en su municipio.
Elías Hernández, alcalde de Torrequemada, muestra una escombrera en su municipio. Armando

De los 131 espacios catalogados, la Consejería de Medio Ambiente ya ha acometido el sellado de 40 escombreras, 31 de ellas ubicadas en la provincia de Cáceres y nueve en la de Badajoz. El coste de los trabajos realizados asciende a 1,17 millones de euros.

Las actuaciones se han iniciado en base a unos criterios que tienen en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que las escombreras se encuentren en zonas declaradas como áreas protegidas, ya que su presencia impide mantener unos estándares adecuados de calidad ambiental. «La mayoría se localizan en espacios naturales protegidos, monte público, dehesa boyal, espacios de la Red Natura...», manifiestan desde la Diputación de Cáceres sobre el censo que elaboraron en su momento.

La proximidad a áreas urbanas, con las molestias ocasionadas a la población, y a los cauces, por la probabilidad de afección a las aguas, también marcan la prioridad de las acciones. Por último, se valora el impacto visual ocasionado por las escombreras.

Gráfico.
Gráfico.

De los restantes 91 vertederos ilegales que todavía quedan por clausurar, hay 38 en los que el sellado está en ejecución, todos ellos en Cáceres y en concreto en las zonas de Montánchez y de Centro-Tajo Salor, porque en las otras comarcas de la provincia ya se ha actuado. Ya se ha licitado la redacción de los proyectos en 36 escombreras, 33 en territorio pacense, y los 17 restantes fueron sellados por los ayuntamientos, pero la Unión Europea no considera que estén clausurados y se deben consolidar las labores realizadas en los mismos. En este último caso hay 16 recintos de Badajoz y una de Cáceres. El presupuesto de las tareas pendientes supera escasamente los tres millones de euros.

  • 45.000 euros alcanzan las sanciones por no entregar los residuos inertes a los gestores autorizados.

  • 91 escombreras ilegales tiene catalogadas la Junta de Extremadura y prevista su clausura.

El total de la inversión alcanza los 4,18 millones de euros, financiada en un 80 por ciento por los fondos europeos Feder y en el otro 20 por ciento a través del convenio firmado entre la Junta de Extremadura y las diputaciones.

Las tareas de sellado que se están realizando a nivel regional se diseñan de manera individual. «Tienen por objeto general la mejora, restauración, integración y conservación ambiental, paisajística e hidrológica de las zonas degradadas», especifican desde la Consejería de Medio Ambiente. Con esa intención se retiran a los vertederos autorizados los residuos contaminantes y los RSU, se redistribuye la orografía del terreno y se integra en el territorio mediante revegetación, de forma que se elimine el impacto visual.

La normativa actual marca una serie de obligaciones para los productores de residuos inertes, que deben entregar los mismos a gestores autorizados. Las multas por no hacerlo oscilan entre los 901 y los 45.000 euros. Con las sanciones a las malas prácticas se han podido reducir los vertidos, pero también ha influido la crisis económica y la paralización del sector de la construcción. La mayoría de los residuos que se vierten son ripios -tierras, áridos, ladrillos, yesos, cristales, ferrallas o maderas- de los que algunos pueden ser potencialmente peligrosos, como uralita o el amianto. En este sentido, las pequeñas obras de reforma realizadas de manera ilegal han sido las causantes de buena parte de los vertidos en los últimos años.

Desde 2011

Las actuaciones en Cáceres comenzaron en 2011, cuando se iniciaron en las localidades de Guadalupe, Hernán Pérez, Valverde del Fresno, Villanueva de la Sierra, Tejeda de Tiétar y Gargüera. En 2013 se procedió al sellado de vertederos ilegales del Valle del Jerte; un año después se realizó la recuperación en las comarcas de Plasencia, Gata y La Vera, y en 2015 las mancomunidades del Ambroz, Campo Arañuelo, Trasierra-Tierras de Granadilla, Hurdes, Ribera de Fresnedoso y Alagón, Sierra de San Pedro, Riberos del Tajo y municipios de la comarca de Trujillo se beneficiaron de las tareas de clausura de las escombreras. «En total se han realizado acciones de recuperación ambiental en 214 parajes degradados por un importe de 3,8 millones de euros», indican los responsables de la Diputación de Cáceres.

Por su parte, los inventarios que la Diputación de Badajoz efectuó siguiendo el convenio para la recuperación de zonas degradadas incluyeron 48 recintos de otros tantos municipios. Ocho de ellos están reseñados como sellados por la Junta de Extremadura, para tres ya se ha licitado el proyecto de ejecución y en uno se debe consolidar su clausura. Los 36 restantes han desaparecido del listado de Medio Ambiente tras la realización de actuaciones por parte de la institución provincial y los ayuntamientos. Estos últimos se repartían por Lugares de Interés Científico (LIC), dehesas boyales y otros espacios públicos, pero tres estaban en terrenos de particulares.

Por otro lado, las administraciones invierten esfuerzos en campañas para concienciar a las empresas acerca de los beneficios ambientales de las buenas prácticas en este sentido. Esto evitaría que se produjesen nuevos vertidos en escombreras ya clausuradas, como sucede en algunos de los espacios en los que ya se han realizado los trabajos de recuperación.

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