«La región ha sido generosa albergando dos reactores que no necesitaba»

José Luis Navarro, presidente de Enresa, en las instalaciones del Diario HOY en Badajoz. :: CASIMIRO MORENO/
José Luis Navarro, presidente de Enresa, en las instalaciones del Diario HOY en Badajoz. :: CASIMIRO MORENO

El exconsejero de Economía de la Junta de Extremadura considera que se deben exigir alternativas antes del cierre de Almaraz

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Los residuos radiactivos llevan a pensar en las grandes centrales nucleares. Pero se producen en multitud de sectores, desde la industria a la medicina. La empresa pública Enresa, creada en 1984, es la encargada de su tratamiento. Desde el pasado verano está presidida por el extremeño José Luis Navarro, quien cambió la Consejería de Economía de la Junta por un puesto destacado en la Administración de Pedro Sánchez. Como muestra, Enresa cuenta con más de 300 empleados y gestiona un fondo de 5.300 millones de euros, que se nutre de las tasas que cobra por su labor y que se destinará al futuro desmantelamiento de las nucleares, como los dos reactores de Almaraz.

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-¿Cuántos residuos gestiona Enresa al año?

-Más que hablar en términos de volumen, daría un dato de expediciones. En 2017 llegaron al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba, unas 300 expediciones. La mayor parte viene del desmantelamiento de la nuclear de Zorita, pero el 11% corresponde a usos no energéticos, como industriales, de investigación o medicinales. Nuestro trabajo consiste en descontaminar la mayor parte de los residuos, para que lo que se tiene que almacenar sea lo mínimo. Hay algún tipo de material que, aunque tiene un nivel de radiactividad bajísimo, la normativa europea es muy estricta y para niveles muy por debajo de lo que aceptaría la salud humana se exige un tratamiento absolutamente protocolizado.

«Desde que una central para hasta que se clausura la instalación hay un plazo de actividad de trece a quince años»

-¿Adónde van esos residuos?

-Los de media, baja y muy baja actividad van a El Cabril, un almacén definitivo. Para los de alta actividad no hay ningún almacén centralizado, ni temporal ni definitivo. Está en proyecto uno temporal, aunque hablamos de 50 o 60 años de uso. En todo el mundo hay un consenso técnico en que la solución ideal para el definitivo, para cientos de años, es lo que se conoce como almacén geológico profundo.

-¿Qué se hace con los residuos de alta actividad?

-Se los queda el productor. Son los de las centrales nucleares, y cada una tiene almacenamiento húmedo, en piscinas, o seco, los almacenes temporales individualizados (ATI).

-¿Hay residuos en Francia?

-Eso fue algo muy puntual. La central nuclear de Vandellós I sufrió en los 80 un incidente grave. En aquel momento se tomó la decisión de clausurar el reactor. Y por el plan de gestión que en aquel momento estaba vigente, había una posición de hacer un reprocesamiento, lo que reduce el volumen significativamente. Se decidió mandar ese combustible gastado a Francia, y también parte de Garoña y de Zorita a Gran Bretaña. Pero ese criterio cambió y se estableció que la solución era el almacenamiento en España.

-Hablando de El Cabril, los pueblos del entorno reciben unas compensaciones por su actividad, lo que también reclaman localidades extremeñas cercanas, como Azuaga y Granja de Torrehermosa. ¿Se plantea esa posibilidad?

-Es algo que no depende de Enresa. Hay una orden ministerial que establece, no sólo para El Cabril, sino para todas las instalaciones nucleares españolas, unos criterios objetivos medidos en distancia y número de habitantes, que dicen qué poblaciones reciben compensaciones. Muchas localidades del entorno de Almaraz reciben todos los años ingresos de distintas modalidades. Hoy ningún municipio extremeño cumple esos requisitos para El Cabril. Si la orden ministerial se cambiara, y los parámetros fueran otros... Son cantidades importantes, en 2017 fueron más de 27 millones para municipios del entorno de instalaciones nucleares.

-Sobre el almacén temporal centralizado (ATC), una reciente misión del Organismo internacional de la energía atómica ha señalado que no debería demorarse su construcción. ¿Cuándo será realidad?

-Esas evaluaciones vienen muy bien, las recomendaciones son muy valiosas. Una de ellas se dirige al Gobierno para asegurarse de que el retraso significativo con respecto a las previsiones de construcción del ATC no perjudica a la gestión de los residuos. Hace años que se viene trabajando en esa línea, previendo alternativas al ATC. A día de hoy, y a medio plazo, hasta 2025, ya están tomadas todas las medidas para que no haya problemas con la gestión de residuos de alta actividad.

-¿Se mantiene el emplazamiento de Villar de Cañas, en Cuenca?

-Hoy no lo podemos decir, porque el actual Gobierno tomó la decisión, poco después de tomar posesión, de paralizar temporalmente el avance de ese proyecto. Por las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, estamos a la espera de un nuevo plan general de residuos radiactivos. Nos ha dado instrucciones a Enresa de que empecemos a trabajar en el borrador. Por otro lado, el Ministerio está valorando todas las actuaciones que se hicieron para el ATC, y estamos a la espera de si se continúa en Villar de Cañas o si habría que pensar en otro emplazamiento.

-¿Se volvería a hacer una especie de concurso de selección?

-No tiene por qué ser necesariamente, aunque es una materia de la que no se ha empezado a hablar. En la hipótesis de que hubiera otro emplazamiento, podría utilizarse el mismo procedimiento de selección u otro nuevo.

-¿Cuándo se preveía que tenía que estar el ATC?

-Da un poco de pudor decirlo. El plan general de 2006 hablaba de aproximadamente para 2010. Y entre licencias y construcción, desde el momento en que está decidido un emplazamiento se necesitaría entre cinco y seis años.

Futuro de Almaraz

-¿El retraso del ATC explica el ATI de Almaraz, que usted criticó cuando ocupaba la Consejería de Economía de la Junta?

-Sí. Ahora mismo se está produciendo una recarga en Almaraz, y con ocasión de sacar del núcleo del reactor la parte de combustible que ha cumplido su ciclo ha sido necesario pasar algunos elementos de combustible gastado de la piscina a un contenedor de los que está previsto que vayan al ATI. Es algo que se viene haciendo desde hace muchos años, con independencia del ATC, en Trillo, Ascó y Zorita. Es un complemento de almacenamiento en seco a las piscinas.

-¿Por qué la Junta se oponía al ATI, por el riesgo que puede tener la instalación y la necesidad de construirla ante el retraso del ATC?

-La Junta de Extremadura nunca valoró que hubiera un riesgo derivado del ATI. La posición ha sido confiar en el sistema de seguridad nuclear tan robusto que tenemos en España. Lo que se cuestionaba era que no se había argumentado suficientemente que fuera necesario. En aquel momento pensamos que hubiera sido conveniente una mayor transparencia e información sobre las previsiones de las capacidades de la piscina, en relación al retraso del ATC, y explicar cuáles eran las necesidades exactas y para qué momento. Posiblemente, si entonces se hubiera explicado con naturalidad, se habría disipado cualquier duda.

-Teniendo en cuenta que los dos reactores de Almaraz agotarán su vida útil en 2023 y 2024, ¿el ATI se ha hecho porque se necesita ya, sin pensar en una prórroga?

-Sí. El ATI que se ha hecho en Almaraz es muy pequeñito, que permitiría llegar hasta 2025. Esa era otra información que en su momento hubiese sido oportuna.

-Aunque no es competencia de Enresa, ¿estima hasta cuándo podrá estar funcionando Almaraz?

-Hacer hoy pronósticos es muy difícil. Desde mi posición, tengo muy claro que no tengo que entrar en el debate político. Pero hay una valoración que he encontrado en el tiempo que llevo en Enresa. Es que, en los últimos años, ha habido por el anterior Gobierno una falta de planificación. Hace años que se debería haber hecho un debate amplio y tranquilo. Ahora la parte positiva es que, por lo que sé, este Gobierno está trabajando para recuperar ese retraso. Por ejemplo, hay que presentar a Bruselas un plan nacional integrado de energía y clima, una vez que se aprobó la nueva directiva de renovables y que hubo un acuerdo para que el objetivo de penetración de energía renovable en 2030 fuera del 32%. España va con retraso, hasta junio ni se había empezado a hacer. También se había hablado de una ley de transición energética, pero nunca llegamos a conocer un texto. La actual ministra ha dicho que quiere presentarlo antes de final de año. En esos marcos estratégicos es donde se tiene que definir la senda para llegar a ese 32%, o superarlo. Pero si uno se pone a pensar en las variables a tener en cuenta, la ecuación es muy compleja. Venimos de compromisos de lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, seguridad del suministro. Tercero, precio del suministro. Y velocidad de desarrollo de las alternativas, especialmente fotovoltaica. Todo esto hay que meterlo en la coctelera, junto a otras variables, como la posición de los propietarios. Y la posición de cada partido político y sus programas.

«Estamos a la espera de si se continúa con el almacén centralizado en Villar de Cañas o se busca otro emplazamiento»

-También los efectos socioeconómicos del cierre. ¿Se plantea que no se pueda cerrar Almaraz si no hay una alternativa para la zona?

-Lo que tuve ocasión de manifestar hasta que fui consejero de la Junta con competencias en materia de energía, y lo que después he escuchado decir a la nueva consejera y al presidente, es que la posición política, y creo que mayoritaria en Extremadura, es que no se produzca la parada si antes no hay diseñado por parte del Gobierno un plan alternativo, consistente y serio. Y desde luego las renovables pueden ser uno de los componentes de esa transición. Uno de los factores limitantes para su desarrollo son las grandes infraestructuras de transporte, y precisamente alrededor de las grandes centrales eléctricas hay nudos más importantes. Así que tiene todo el sentido que uno de los condicionantes de esa transición sea una preferencia para nuevos proyectos, como por ejemplo con subastas específicas.

-En cualquier caso, el cierre no sería inmediato. ¿Cuánto tiempo duraría el desmantelamiento?

-La referencia sería Zorita. Su desmantelamiento va a acabar totalmente en 2020. La experiencia de Vandellós I, de Zorita y de un reactor experimental que existía en Madrid hace que Enresa sea una empresa puntera mundial. Hay muchos países que, cuando se para una central nuclear, están tomando la decisión de esperar y no hacer nada. Esa no es la posición de España, que se decanta por el desmantelamiento inmediato. Nosotros estamos barajando aproximadamente tres años desde que para un reactor hasta que se inicia el desmantelamiento material, y después diez años de ejecución. Estaríamos entre un mínimo de trece años a un máximo de quince desde que la central para hasta que se clausura la instalación. Durante los tres años de obtención de licencias tendría que estar una buena parte de la plantilla para mantener las condiciones de seguridad, y al inicio del desmantelamiento se incorporaría una gran cantidad de contratas. Eso puede compensar parcialmente la parada de actividad, nunca totalmente. La otra parte podrían ser las subastas de renovables y todas las ideas que se puedan aportar.

-¿Se puede evaluar cuánto empleo se generaría en relación con la plantilla actual?

-De media, no llega a ser el 100% de la plantilla cuando la planta estaba en operación, aunque es un número muy importante. Pero en mi opinión hay que ser más exigentes. No nos podemos conformar con las dos vías alternativas que hemos planteado, creo que se necesita más. Y esa es la posición en la que se debe continuar, un nivel de exigencia grande. Yo siempre he pensado que Extremadura ha sido muy generosa con el resto de España albergando dos reactores que para nosotros no eran necesarios. Parece lógico que, cuando se paren, se devuelva esa generosidad.

 

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