Los regadíos de Tierra de Barros, difícil empresa

No se me ocurre mejor plan de empleo, ni mejor plan de lucha contra la despoblación, ni mejor programa de fijación de la población rural. Pero que no haya que esperar otros 20 años

CARLOS LÓPEZ NÚÑEZIngeniero de Caminos Canales y Puertos

Ya va para casi dos décadas que se viene hablando del regadío de Tierra de Barros. No cabe duda que se trata del proyecto de mayor impacto económico y social de los últimos años, nada comparable a otras inversiones que cubren nuestros campos. No se recuerda ninguna actuación igual en la historia reciente en Extremadura como la transformación en regadío de 15.000 Has. en Tierra de Barros en los términos municipales de Almendralejo, Acehuchal Alange, Villafranca de los Barros, Torremejía, Fuente del Maestre, La Zarza, Solana de los Barros, Ribera del Fresno Villagonzalo, y Mérida: 11 municipios del centro de la provincia de Badajoz, y una repercusión sobre al menos 70.000 habitantes y 200 millones de euros de inversión.

Se trata de unos riegos modernos, sin necesidad de concentración parcelaria, previstos con sistema de goteo de alta frecuencia, sostenibles, que además aliviarán a la masa de agua en Tierra de Barros, declarada vulnerable por contaminación. Estos regadíos emanan de los nuevos Planes Hidrológicos post DMA (Directiva Marco de Aguas), redactados con criterios de participación pública y sostenibilidad medioambiental que optimizan los recursos de los embalses de Alange y la nueva presa de Villalba de 41,47 Hm3, sin utilidad aparente, con una dotación de 2.765 m3/ha/año, el 50% de la dotación convencional.

Las inversiones en infraestructuras hidráulicas tienen algunas particularidades como que conllevan una elevada tasa de retorno (ROI), son intensivas en empleo, involucran a un amplio elenco de profesionales en la construcción, y a su finalización cooperan en el ansiado cambio de modelo productivo.

Se han dado muchos pasos, como la declaración de interés de la comunidad autónoma en 2014, la aprobación del Plan General de transformación en regadío, evaluación ambiental, redacción de proyecto y etc., pero con todo esto apenas nos hemos aproximado a la línea de salida.

El reto de este proyecto no es otro que la financiación. Esto sí que se antoja bastante complejo y difícil de superar, especialmente, con la manía que tenemos en esta región de que los grandes proyectos encallen o se eternicen en el tiempo. Ya se aproxima a los 20 años sin que hasta el momento se haya puesto ni un ladrillo.

El proyecto de financiación para dar «viabilidad al regadío» dado a conocer a los alcaldes consistiría en una cofinanciación entre la Junta de Extremadura, el Ministerio de Agricultura, y la comunidad de regantes, a razón de 65 millones de euros cada uno.

Para abordar el proyecto conviene fijar un horizonte de ejecución si no queremos perder el coste de oportunidad (una inversión puede ser rentable en un momento y ruinosa en otro). Siendo prudentes, pongamos cuatro años, con unas necesidades de financiación aproximadas de 200 millones de euros que, a buen seguro, serán algunos más, por lo que podemos estimar que necesitaremos una media de 50 millones de euros por año.

Los proyectos de nuevos regadíos no se encuentran explícitamente incluidos en los objetivos de la Unión Europea para los años 14-20. El Estado español, a día de hoy, tampoco los financia, y si los financiara, sería mediante la declaración de interés general de la nación (¡ojo con esto!) porque normalmente conlleva la pérdida de control por parte de la Junta de Extremadura, con licitaciones y adjudicaciones en Madrid lo que, automáticamente, relega a las empresas locales a un segundo lugar. En este sector es tanto o más importante cómo se invierte que lo que se invierte.

Aun contando con la financiación de la UE, fondos FEADER, los presupuestos de 2017-2018 venían asignando unos 7,50 millones de euros para todos los nuevos regadíos de Extremadura; en 2019, 10,2 millones de euros, de los que 1,75 , son para los riegos de Barros; pero para el 2020 la dotación es de cero euros. De donde se deduce, simplemente, que la financiación de las obras no está resuelta.

Para llevar a cabo este proyecto sin que sea computable como deuda pública habrá que elaborar, preferentemente desde la iniciativa pública, directa o indirectamente un plan económico financiero (PEF) donde se reflejen claramente las necesidades de capital con un periodo inversor de 4/5 años, y amortizaciones a lo largo de 20/25 años similar a un proyecto concesional, como las autopistas de peaje, con la salvedad de que aquí el retorno está asegurado a través de la tarifa de riegos, y una demanda creciente, por lo que se puede calificar como una operación de bajo riesgo.

El momento para iniciativas como esta es el ideal, con un entorno económico de bajos tipos de interés, una legislatura completa por delante, un gobierno con una mayoría envidiable, si además tenemos en cuenta que estamos en la comunidad autónoma con un PIB per cápita de 17.262 euros, el 19ª de España; una tasa de paro del 22,5 %, la más elevada del país, superior a Andalucía, un 30 % más alta que Castilla la Mancha y casi el doble de Castilla León, una de las más despobladas de España y con una pérdida del 0,7 % de población anual.

No se me ocurre mejor plan de empleo, ni mejor plan de lucha contra la despoblación, ni mejor programa de fijación de la población rural. Pero que no haya que esperar otros 20 años.