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EFE
Martes, 11 de junio 2019
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Las quejas que ha tramitado el Defensor del Pueblo en 2018 procedentes de Extremadura, un total de 327, han caído a la mitad respecto al ejercicio anterior, según el informe anual, que advierte de las reiteradas incidencias en el servicio ferroviario extremeño, algunas de ellas de gravedad.
El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, entregó este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y posteriormente lo hizo al presidente del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018. El informe estudió, en el conjunto de España, 16.998 quejas, 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
De Extremadura abordó, además de 327 quejas, veinte solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, mientras que el ejercicio anterior no tramitó ninguna. A ello se unen, además, seis expedientes de oficio ante la Administración regional, uno concluido con actuación correcta y otro en suspenso. También ha tramitado 22 expedientes de queja individual ante la comunidad autónoma, 14 ya concluidos. Cinco de ellos con actuación correcta por parte de la Junta de Extremadura, cinco subsanados y cuatro de ellos con otro tipo de finalización.
El informe menciona en varios apartados el problema del ferrocarril extremeño, con varias actuaciones por parte de esta institución, incluso de oficio, ya que las reiteradas incidencias en 2018 se suman a las ocurridas en los primeros días de este año. «La acumulación de incidencias notables, algunas incluso de indiscutible gravedad, han llevado a esta institución a pedir a Renfe información sobre los hechos, sus causas, efectos y sobre los remedios inmediatamente puestos en práctica para atender los problemas», recoge el informe.
«Pero también –señala– sobre el estado general actual del servicio de transporte por ferrocarril en Extremadura y aledaños (España-Portugal), en particular sobre el proceso de implantación de soluciones a que se refirió Renfe en octubre de 2018, cuando ofreció información a esta institución sobre los planes de acción previstos, tan necesarios aunque de dudosa suficiencia».
A juicio del Defensor del Pueblo, se trata de acciones que, «siendo razonables, no parece que puedan llegar a conformar una reacción sistemática y efectiva a lo que parece consistir en un semiabandono de la buena administración del transporte por ferrocarril en Extremadura».
El informe, que no detalla las quejas en concreto por el ferrocarril, señala que las causas de este cúmulo de problemas viene determinado por la antigüedad de las vías, que en muchos tramos tienen traviesas del siglo XIX, y la carencia de líneas de doble sentido, lo que condiciona significativamente el paso de trenes. Además, precisa que la red está sin electrificar y la velocidad de las máquinas de tracción diésel que se usan está limitada. Por otro lado, dice que la región tiene un servicio de larga distancia funcionando en términos de media distancia, lo que supone trenes de peor calidad y más antiguos (sin cafetería, televisión, con asientos más incómodos, etc.)
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