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¿Qué ha pasado hoy, 18 de abril, en Extremadura?
Vehículos de Ambulancias Tenorio prestando servicio. :: j. v. arnelas

El PSOE solicita una comisión de investigación sobre las ambulancias

El Grupo Socialista quiere que se analice el concurso adjudicado a Tenorio y el traspaso de funciones de la anterior responsable del servicio

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Jueves, 9 de noviembre 2017, 11:40

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La polémica sobre el nuevo servicio de ambulancias cobra un nuevo rumbo de la mano del PSOE, que solicita una comisión de investigación en la Asamblea «para que aclare todo lo referente al concurso público de adjudicación del nuevo contrato de transporte sanitario y para que analice cómo se está haciendo el traspaso entre la anterior empresa adjudicataria y la actual».

El Grupo Parlamentario Socialista registrará este viernes la solicitud de creación de esta comisión. Dependiendo de las conclusiones que alcance, los socialistas no descartan acudir a la Fiscalía. De fondo, las dificultades de gestión del nuevo adjudicatario, Ambulancias Tenorio, y las quejas planteadas por trabajadores que denuncian el incumplimiento de la normativa laboral.

Según afirmó este miércoles el portavoz del PSOE, Valentín García, la mayoría de los trabajadores está conforme con la subrogación de sus contratos y el servicio se está normalizando. «Es normal que antiguos directivos de la anterior empresa adjudicataria estén poniendo todos los palos que pueden en las ruedas para dificultar el traspaso porque están defendiendo nóminas de 6.000 y 7.000 euros brutos al mes», añadió.

Asimismo, reclamó a la actual empresa que cumpla el contrato y solucione los problemas que han surgido o puedan aparecer. «La salud de los extremeños y el derecho a una sanidad pública de calidad estarán siempre por encima de cualquier interés empresarial», añadió.

El resto de partidos con representación parlamentaria recibió con recelos la propuesta del PSOE. Cristina Teniente, portavoz del PP, apuntó que su grupo apoyará la creación de la comisión de investigación, por lo que la petición saldrá adelante. Pero añadió que lo realmente necesario es crear un «gabinete de crisis» para solucionar el caos que, a su juicio, se ha creado en el servicio.

Al frente de ese gabinete, según los populares, no debería estar el consejero de Sanidad, José María Vergeles, a quien consideran responsable de la situación.

La primera reunión para resolver el conflicto colectivo prevista para este viernes se ha aplazado al miércoles

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero apuntó que su grupo quiere conocer cuál es el propósito del PSOE con esta comisión de investigación. Asimismo, recordó que la prestación del servicio es una responsabilidad de la Junta.

La creación de esta comisión fue aplaudida por el Sindicato independiente de trabajadores de ambulancias de Extremadura en defensa del sector (SITAEdS), de reciente creación, que no cuenta con representatividad en el comité de empresa pero que agrupa a unos 200 empleados del servicio.

Su secretario general, Antonio Castillo, apuntó sin embargo que se trata de un proceso demasiado lento «para la gravedad de lo que está sucediendo». Por ese motivo, pidió la intervención del consejero de Sanidad, aunque afirmó que «sigue mintiendo y negando las pruebas y evidencias de la caótica situación del transporte sanitario de Extremadura a día de hoy».

Conflicto colectivo

SITAEdS también pide a la Junta que exija a Ambulancias Tenorio el cumplimiento del contrato y de la normativa laboral. Este sindicato ha planteado un conflicto colectivo por lo que considera vulneraciones del Estatuto de los Trabajadores y del convenio, así como por el estado en el que se encuentran los empleados a los que aún no se ha asignado un puesto de trabajo.

La interposición del conflicto colectivo implica una negociación ante mediadores para tratar de resolver las discrepancias surgidas. Este viernes estaba prevista la primera reunión, pero se ha aplazado al próximo miércoles. Según indica Eduardo Guardado, abogado laboralista de SITAEdS, la empresa ha pedido que se retrase esta reunión. En caso de que no haya un acuerdo, los trabajadores acudirían al Juzgado de lo Social.

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