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Lunes, 24 de septiembre 2018, 21:55
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Cerca de 20.000 personas se presentaron a la oposición de camarero-limpiador de la Junta de Extremadura del año 2010. De ellas, 1.129 aprobaron el primer examen y 589 el segundo. Los 219 que quedaron en los primeros puestos tomaron posesión el 1 de junio de 2013.
Más de cinco años después, el Tribunal Supremo debe decidir si repite o no esta oposición tras admitir a trámite un recurso de casación presentado por una aspirante que no logró la plaza. Ahora, a la espera de una resolución definitiva, la afectada plantea a la Junta una solución para no tener que anular las pruebas.
Esta opositora llegó hasta el segundo examen, en noviembre de 2011. Pero se vio perjudicada por la forma en que se corrigió la prueba. En concreto, el tribunal, atendiendo a la cualificación de los aspirantes (se exigía certificado escolar), aplicó un criterio de corrección poco exigente en cinco preguntas. En una de ellas se exigía enumerar los pasos correctos del cambio de ropa de las habitaciones. Pero se dieron por válidas las respuestas que simplemente marcaban los pasos, sin ordenarlos. Sin embargo, en otra pregunta, que además tenía dos soluciones posibles, no se puntuaron los aciertos, aunque fueran desordenados.
Tras presentar un recurso judicial, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida atendió la petición de esta aspirante y ordenó que se repitiera la oposición a partir del segundo examen. Alegó que el tribunal de selección no informó de los criterios de corrección antes del ejercicio, sino después. La Junta acudió al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que confirmó la sentencia en noviembre de 2014.
La Junta decidió acudir al Constitucional, que desestimó sus peticiones y convirtió en firme la sentencia del TSJEx en octubre de 2015. Acontinuación, planteó al juzgado emeritense que era imposible ejecutar el fallo debido al tiempo transcurrido y a los perjuicios que se podía causar a los aprobados. Y como solución propuso que la aspirante perjudicada mantuviera su nota del primer ejercicio de 2010 para la convocatoria de 2013, en ese momento pendiente de celebración.
El juzgado aceptó la propuesta de la Junta, pero la demandante planteó un nuevo recurso. La resolución definitiva depende ahora del Supremo, pero la perjudicada propone una solución para no tener que repetir el examen. Esto perjudicaría no sólo a los 219 que aprobaron, sino a los 70 de ellos que después acudieron a turnos de ascenso.
Según su propuesta, que ha entregado en la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, bastaría con aplicar el mismo criterio laxo de corrección en la única pregunta en la que se exigió rigor. De ese modo, estima que nadie saldría perjudicado, sino que podrían darse más aprobados, con lo que habría que ampliar el número de plazas de la convocatoria.
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