Junta y PSOE coinciden en mantener la defensa del resort de lujo de Valdecañas
Esperan que el Constitucional tenga en cuenta la norma autonómica aprobada en 2023 para dar cobertura legal al complejo urbanístico cacereño
Tanto el Partido Popular como el PSOE reiteran su rechazo al derribo de Valdecañas tras el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional conocido este martes. A la espera de conocer la letra exacta de la sentencia dictada por unanimidad, la Junta de Extremadura muestra su respeto por el fallo que desestima el recurso de amparo que presentó contra el derribo del complejo de lujo -ordenado por el Supremo-, pero sigue defendiendo que el desarrollo urbanístico debe mantenerse en pie. Para ello trae a colación la Ley 2/2023, aprobada por la Asamblea de Extremadura en marzo de 2023 a iniciativa del Ejecutivo de Fernández Vara. Una norma que reguló determinados aspectos de la Red Natura 2000 y «otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios».
Además de defender la protección jurídica que consideran otorga esta norma a las construcciones en el embalse de Valdecañas, la Junta recuerda que todavía hay otros recursos que deben ser resueltos por la Justicia, dos de ellos ante el propio Tribunal Constitucional: el presentado por los propietarios de Valdecañas y otro planteado por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.
«El derribo sería un desastre económico para la zona»
Piedad Álvarez
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
También defienden los efectos de la norma en las filas del PSOE. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha mostrado su confianza en que las próximas resoluciones judiciales tengan en cuenta la modificación de la Ley ZEPA. Álvarez reconoce que la resolución del tribunal de garantías «no es favorable, qué duda cabe», pero ha insistido en que «queda esperanza y mucho recorrido todavía en este proceso», un largo litigio camino de las dos décadas cuyo objetivo, según el PSOE, es «garantizar que la convivencia entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente sea posible y sostenible».
Álvarez ha recordado que, en esta línea, el PSOE impulsó la modificación Ley Zepa en marzo de 2023, «una reforma aprobada pese a la oposición del Partido Popular en la Asamblea», remarca. Aunque aún no se conoce el contenido íntegro del fallo, la diputada en el Parlamento regional señala que «la sentencia no ha tenido en cuenta esta modificación legal, algo que esperamos sí ocurra en los dos recursos aún pendientes».
Al igual que los propietarios, el PSOE defiende que existe un «amplio consenso social y político sobre la importancia de evitar el derribo», tras lo que ha señalado que salvo Ecologistas en Acción, «hay unanimidad en que el derribo sería un desastre económico para la zona», tras lo que ha reafirmado que «la convivencia entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente es posible, y ese ha sido siempre el compromiso del PSOE».
«Hubo políticos que pensaban que estaban por encima de las leyes y permitieron un complejo ilegal»
Irene de Miguel
Portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea
De forma completamente opuesta se pronuncia Unidas por Extremadura. Para esta formación la sentencia del Constitucional muestra que «hubo políticos en nuestra tierra que se pensaban que estaban por encima de las leyes» y permitieron «un complejo ilegal». La portavoz de la formación, Irene De Miguel, ha recordado que tanto Partido Popular como Partido Socialista impulsaron esta iniciativa como un proyecto de interés regional, lo cual le daba «carta blanca y le daba facilidades para empezar su construcción» a sabiendas, ha dicho, de que «estaban incumpliendo las leyes».
«Actuamos de buena fe»
Tras este nuevo varapalo judicial, los propietarios de las construcciones también mantienen la esperanza puesta en los pronunciamientos que tiene pendientes el Constitucional. «Actuamos de buena fe desde el primer momento y defenderemos la pervivencia del complejo hasta el final». Aseguran sentirse respaldados por la sociedad extremeña y recuerdan que en este caso está en juego la existencia de un modelo económico y ambiental sostenible para Extremadura y sus habitantes». Añaden que el complejo de lujo «ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblación», y defienden que el desarrollo urbanístico acometido en la isla de Valdecañas contribuye «al progreso local y regional, dinamiza el territorio y promueve la creación de cientos de empleos y servicios en la zona»
Por su parte, Ecologistas en Acción exige a la Junta «que cumpla la ley y derribe una urbanización que nunca se debió construir» y se muestra contundente tras la sucesión de pronunciamientos judiciales. «Para la Junta no han bastado las rotundas sentencias del Tribunal Superior, del Supremo o del Constitucional, que una y otra vez han dado la razón a Ecologistas en Acción». Ahora esta organización espera que le sea notificada esta sentencia para analizar los argumentos ofrecidos por los magistrados.
