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Podemos y el PSOE presentan una ley para agilizar las ayudas a víctimas del terrorismo

AGENCIAS

Sábado, 16 de febrero 2019, 09:05

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El Grupo Socialista y el de Podemos en la Asamblea de Extremadura registraron ayer la propuesta de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo en la región, que entre otras cuestiones introduce beneficios fiscales y una tramitación «mucho más ágil» en las ayudas a dicho colectivo, y le otorga «la consideración y el reconocimiento que merece».

La norma contiene medidas desde el apoyo y asistencia psicológica hasta en todas las materias en las que tiene competencia la Junta de Extremadura, como en Sanidad, Educación, políticas sociales y el acceso a la vivienda o la posibilidad de ayudar a encontrar un empleo a personas que hayan sufrido la lacra del terrorismo, recoge Europa Press.

El portavoz del PSOE, Valentín García, aseguró que PP y Ciudadanos han decidido no suscribir dicha propuesta de ley ante la cercanía de las elecciones autonómicas.

Por su parte, Luis Alfonso Hernández Carrón (PP), criticó la «estrategia electoralista» del PSOE y Podemos en relación a esta propuesta de ley. Lamentó que el PSOE ha preferido traer esta ley junto a Podemos justamente el día que se anuncian las elecciones nacionales y a cien días de las municipales y autonómicas, al tiempo que lamentó que este hecho no le provoque «ningún escarnio a la izquierda radical».

También consideró que esta norma llega tarde porque, según insistió, el gobierno de la Junta ha tenido cuatro años para traer esta ley, además de recalcar que las asociaciones de víctimas no se han reunido con los partidos políticos para consensuar esta norma sino con la Junta.

Álvaro Jaén, de Podemos, dijo que cuando los populares no patrimonializan temas como este «pegan una patada a la mesa».

Finalmente, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) mostró su «indignación y sorpresa» al conocer que el PSOE y Podemos han registrado esta ley, que en su opinión es una norma que no es de consenso. En una nota, la AVT insistió en que lleva meses trabajando con la Junta, no con los grupos parlamentarios, presentando alegaciones. Y apuntó que la Junta siempre les aseguró que sería de consenso y que contaría con el beneplácito de las víctimas.

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