Podemos Extremadura llevará a la Fiscalía la contratación de personal en el sector público empresarial

Irene de Miguel / /HOY
Irene de Miguel / / HOY

Irene de Miguel cree que las contrataciones de personal han estado marcadas por el «enchufismo» y «clientelismo» tanto por el PSOE como por el PP

EFE

Podemos remitirá sus conclusiones sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura al Defensor del Pueblo y la Fiscalía porque considera que las «irregularidades» constatadas pueden ser constitutivas de delito.

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputada regional, Irene de Miguel, ha dado a conocer esta decisión en el día en el que la Comisión no Permanente de Investigación sobre la Contratación de Personal en el Sector Público Empresarial de la Asamblea someterá a votación sus conclusiones, un año después de su constitución.

«Creemos que la comisión va a morir hoy mismo» debido a que, a su juicio, no saldrán adelante las conclusiones de ninguno de los grupos parlamentarios, dado que deben ser apoyadas en bloque y Podemos no lo hará, dado que no comparte todas ellas, sino solo algunas.

En cualquier caso, en rueda de prensa, ha aseverado que durante las sesiones celebradas se ha constatado que las contrataciones de personal han estado marcadas por el «enchufismo» y «clientelismo» tanto por el PSOE como por el PP, dado que ambos han utilizado «el mismo modus operandi» cuando han llegado al poder.

Según ha aseverado, se han vulnerado los principios constitucionales de publicidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de contratación pública.

Ha concretado que se ha constatado deficiencias «graves» en los procedimientos de selección dado que la elección de los gerentes de las empresas públicas sigue siendo «arbitraria», como demuestra que el «cien por cien» de los actuales son alcaldes o concejales del PSOE.

Según la parlamentaria, no se garantiza la publicidad de las convocatorias, no se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos y de aprobados, ni tampoco los integrantes de los tribunales ni los baremos de puntuación.

Algunas pruebas no garantizan el anonimato y no existe posibilidad de subsanar la documentación ni tampoco de impugnar los trámites, ha añadido la también presidenta del Grupo Parlamentario Podemos.

A ello ha sumado una «problemática laboral» dado que, ha advertido, se contrata trabajadores para hacer las mismas funciones que el personal funcionario «pero con menos sueldo y más precariedad».

Posibles casos de cesión ilegal de empleados y realización de despidos en fraude de ley con el consiguiente desembolso para las arcas públicas tras perder «múltiples» litigios« son otras de las denuncias que Podemos advierte en sus conclusiones, así como un »abuso« de las encomiendas de gestión por parte de la Junta.

A todo ello ha sumado el hecho de que la comisión de investigación está «trufada de incidencias», con dificultades para consultar la documentación por parte de los técnicos del partido.

Esta realidad tiene unos responsables «políticos», del PSOE y del PP, «nunca los trabajadores públicos», ha aclarado Irene de Miguel, para quien el sector público empresarial de Extremadura se ha convertido en un «auténtico chiringuito de contratación».

La diputada ha criticado además las conclusiones presentadas por Ciudadanos, «dan vergüenza ajena» según ha dicho, a su juicio porque este partido tampoco tiene mucho interés en que se aclare la situación dado que su secretario de Organización provincial de Badajoz, Fernando Baselga, fue gerente de la empresa pública Gevidesa durante la etapa de gobierno del PP.

Temas

Podemos