Casi el 65% de la población activa con discapacidad de Extremadura tiene trabajo

El Gobierno autonómico financia en buena medida estos centros a través de ayudas con las que busca proteger los empleos que generan. «En el primer decreto de ayudas para estos centros que aprobamos en 2023 destinamos 16 millones de euros, en 2024 elevamos la cuantía a los 22 millones, y en el de este año rondamos los 30 millones, haciéndonos cargo de entre un 60 y un 75% del salario mínimo interprofesional dependiendo de la discapacidad del trabajador», concreta el consejero de Economía y Empleo, Guillermo Santamaría.

Pero no es la única aportación económica de la Junta para apoyar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. «También concedemos ayudas a las empresas para completar las contrataciones en el mercado protegido con las del mercado laboral ordinario», dice le consejero.

Su departamento ultima un nuevo decreto de ayudas para este fin que posibilitará 150 contrataciones más, de las cuales 25 conllevarán adaptaciones al puesto de trabajo y otras 10 recogerán ayudas para los nuevos trabajadores, «de tal manera que, ejemplo, una nueva persona con discapacidad contratada en el mercado ordinario pueda contar con la ayuda de otra dos horas al día», explica Santamaría.

A estas ayudas la Junta destinará un total de 1,5 millones de euros que supondrá una aportación de 12.000 euros a las empresas por cada persona con discapacidad que se contrate.

«Es necesario que mantengamos políticas en favor de la inclusión laboral de este colectivo porque todo el mundo tiene derecho a un tener un proyecto de vida y para ello, con o sin discapacidad, es preciso tener un empleo digno», defiende el consejero de Economía.

Es el motivo por el que de nuevo se destinarán 1,5 millones de euros a las contrataciones en el mercado ordinario. «El presupuesto para las ayudas al mercado protegido se amplía hasta donde llegan las solicitudes y, en el caso del ordinario, el decreto atiende toda la demanda que recibe, pero lo cierto es que no se agota». Del presupuesto del pasado año se gastaron algo más de 1,3 millones de euros.

Plena Inclusión cree que es preciso avanzar en esta inserción laboral y por eso ha propuesto a la Junta la creación del sello 'Empresa Extremeña Inclusiva', «para reconocer a las empresas que implementan medidas reales de inclusión laboral».

Un incentivo para reconocer la labor de las empresas extremeñas en este camino hacia la inclusión y tratar de conseguir que otras más se sumen.

Coincidiendo con la celebración del Día internacional de las personas con discapacidad, la organización ha mantenido un encuentro con Guillermo Santamaría para plantearle iniciativas con las que avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, y hacerlo además de su mano.

Por eso el sello distintivo no es la única petición. El equipo de líderes de la organización, integrado por 16 personas con discapacidad intelectual que representan a las 30 asociaciones que conforman Plena Inclusión, a más de 4.700 personas en la región, solicita también a la Junta que adapte los cursos de formación a formatos más accesibles, «como la lectura fácil, para facilitar el aprendizaje y la capacitación profesional», detallan desde la organización.

Igualmente demandan que se refuerce la figura del preparador laboral, «fundamental para garantizar un empleo con apoyo efectivo», y la creación de un consejo asesor formado por personas con discapacidad intelectual, «que pueda colaborar de forma activa y periódica con la consejería, aportando su experiencia y visión».

Estas propuestas, añade Plena Inclusión, están plenamente alineadas con los objetivos del plan de empleo y discapacidad 2023- 2024. Un documento, recuerda, que contempla entre sus ejes principales garantizar el acceso a un empleo digno, inclusivo y de calidad para las personas con discapacidad en Extremadura y apostar por la formación profesional adaptada y la mejora de la empleabilidad a través de acciones específicas.

También promover la intermediación laboral, prospección empresarial y colaboración entre entidades públicas y privadas para facilitar la inserción laboral, e impulsar medidas de accesibilidad, igualdad de oportunidades, empleo con apoyo y sensibilización empresarial.

Plena inclusión Extremadura celebra el compromiso de la consejería por escuchar y trabajar de forma conjunta con las entidades del tercer sector, y reafirma su voluntad de seguir colaborando para que estas propuestas se conviertan en acciones reales que transformen la vida de muchas personas con discapacidad en la región.

Igualmente, desde el departamento que dirige Guillermo Santamaría se ratifica «el compromiso del Gobierno regional con la inclusión y la equidad», y se defiende la necesidad de reforzar las ayudas y adaptar las subvenciones a la evolución del salario mínimo interprofesional para evitar la pérdida de empleos. Economía destaca el trabajo que realiza Plena Inclusión para que sus integrantes tengan «un trabajo digno y estable, participen en la vida comunitaria y contribuyan a una Extremadura más justa, solidaria e inclusiva».