Plasencia rehabilita al fiscal que acusó a Primo de Rivera

Vidal Gil Tirado es el único placentino del que se tiene constancia que haya sido desnaturalizado, un castigo de carácter simbólico que ni siquiera aparece, ni aparecía en 1939, en las ordenanzas, pero que fue adoptado por los regidores municipales de entonces con el objeto de cubrir de oprobio la figura del fiscal, que a sus ojos fue uno de los responsables directos de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Queda patente ese deseo de vilipendiar al hombre en la redacción del edicto de repudio, recogido por el profesor e investigador Fernando Flores del Manzano en el libro que ha publicado recientemente sobre la represión franquista en el norte de Extremadura.

El edicto, que se ordenó fijar «en todas las carteleras de la población», decía así: «La Comisión Gestora de este Excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el día tres del pasado mes de enero, con vista de documento que confirma plenamente de una manera oficial la participación del nacido en esta localidad Vidal Gil Tirado en el asesinato del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, acordó por unanimidad en nombre de la Ciudad de Plasencia, hacer una solemne repudiación de la conducta de indignidad y traición del citado Vidal Gil Tirado, y borrar su nombre de entre los de sus hijos para siempre, en la forma pública que sea procedente». El repudio público de Gil Tirado se llevó a cabo a petición expresa del entonces jefe local de Falange, Fernando de la Cámara Cailhau, mediante un escrito dirigido a la comisión gestora del Ayuntamiento con fecha de 9 de octubre de 1938, en el que, al tiempo que exaltaba la figura de Primo de Rivera como «persona augusta, profeta y alma de nuestro glorioso movimiento», se refería al fiscal placentino con expresiones como «vil sujeto», «siniestra y odiosa figura», «hez de la incultura y la inmoralidad» o «baldón, oprobio y vergüenza de la Historia de España».

Le acusaba de «indignidad y traición», y aseguraba que desempeñó su papel de fiscal en Alicante «con un ensañamiento y una delectación que levantará clamores de indignación hasta el último rincón de la España de Franco».

La comisión gestora ordenó comprobar la certeza de los hechos manifestados por el jefe de Falange, para lo cual solicitó al Gobierno Civil que pidiera un informe al respecto al Servicio de Información y Policía Militar. Ese informe llegó el 31 de enero de 1939 y en él se confirmaba que Gil Tirado participó «de una manera clara y resuelta» en la acusación contra Primo de Rivera. Se apuntaba además que «después de asesinado José Antonio, Vidal Gil Tirado manifestó a un amigo suyo que no podía vivir tranquilo por los remordimientos de su conciencia». La comisión gestora ni siquiera esperó a recibir esos documentos para llevar a cabo la declaración de repudio, que apareció en un acta del 3 de enero, aunque fue con los informes ya en su poder cuando, el 10 de febrero, publicó «en todas las carteleras de la población» el edicto de desnaturalización del fiscal.

La historia del repudio de Gil Tirado apenas era conocida hasta la fecha por un puñado de placentinos. De hecho, en la ciudad casi nadie sabe quién fue. El primero en hacerla pública fue el investigador José María Sánchez y Torreño, quien la mencionó en su libro de 2009 'Plasencia 1936-1939. La vida municipal a través de las actas de sesiones'. Más recientemente, el también investigador Fernando Flores del Manzano ha recogido los documentos en su libro 'Guerra Civil y represión en el norte de Extremadura', publicado en marzo de este año.

Fue en la presentación de ese libro cuando la Asociación Cultural Pedro de Trejo, presidida por Francisco Valverde, hizo pública su intención de solicitar al Ayuntamiento la rehabilitación del nombre de Gil Tirado y devolverle la condición de placentino, un acto, al igual que el de repudio, sin efectos prácticos pero con una gran carga simbólica.

La solicitud fue presentada en el registro municipal a principios de julio. De manera casi inmediata el alcalde, el popular Fernando Pizarro, encargó un informe histórico sobre el personaje al Archivo Municipal y otro jurídico al secretario para determinar la forma legal en la que debe resolverse la restitución del nombre de Gil Tirado, que será aprobada oficialmente en el pleno municipal de este mes de julio.

En ese informe, el secretario indica que la rehabilitación de la persona y nombre del jurista placentino resulta procedente a la luz de la Ley de Memoria Histórica, la cual establece en su primer apartado que «como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura». La misma ley reconoce «el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones» antes mencionadas.

El secretario concluye que «es evidente» que Vidal Gil Tirado fue objeto de una resolución municipal en la que «se le denigra», dentro de un procedimiento administrativo en el que además se ensalza «casi hasta el paroxismo» la figura de Primo de Rivera, por lo que a su juicio el caso «entra de lleno» en el mandato de la Ley de Memoria Histórica. Sobre la forma jurídica que debe tomar la reparación, el secretario indica que «bastaría la simple revocación del acuerdo de la comisión gestora», acompañada por «un nuevo acuerdo plenario por el que se acordara la rehabilitación de la memoria y nombre del Sr. Vidal Gil Tirado».

El papel que jugó el jurista placentino en el juicio a Primo de Rivera por rebelión militar y su posterior ejecución ha sido objeto de controversia entre los historiadores e investigadores que, a veces con un evidente sesgo ideológico, han escrito sobre lo que ocurrió en la prisión de Alicante entre el 16 y el 20 de noviembre de 1936. Los artículos y publicaciones aparecidos durante el franquismo van todos en la misma dirección: que fue un procedimiento amañado desde el principio con el único fin darle una apariencia de legalidad a un asesinato decidido de antemano, para lo cual las autoridades republicanas contaron con la colaboración entusiasta tanto del tribunal como del fiscal placentino, designados a conveniencia, como de los 14 miembros de jurado. La prueba sería que tanto el juez especial del proceso, Federico Enjuto, como el propio Gil Tirado fueron recompensados nombrándoles al poco tiempo magistrados del Tribunal Supremo. Esta versión ha sido defendida también de manera más reciente por autores modernos, como el periodista José María Zavala en su libro de 2015 'Las últimas horas de José Antonio'.

Fue tras la Transición cuando algunos estudios comenzaron a ofrecer versiones alternativas. Aparecieron defensores de que los juristas del tribunal actuaron con toda la profesionalidad que era posible bajo esas circunstancias, aunque la mayor parte admite que, tanto de la lectura de la transcripción que se conserva del juicio como de diversos testimonios directos de la época, se deduce que el proceso no contó ni mucho menos con las garantías de imparcialidad deseables, algo por otra parte casi imposible en un contexto de Guerra Civil y brutal represión como el de esos días.

El fundador de la Falange había sido arrestado en Madrid el 14 de marzo de 1936 acusado de posesión de armas. El 5 de junio, apenas 40 días antes del levantamiento militar, fue trasladado a la prisión de Alicante, donde permaneció recluido hasta el comienzo del juicio, el 16 de noviembre, contra él, su hermano Miguel, su cuñada Margarita Larios y varios carceleros, todos ellos acusados de rebelión militar.

Por esas fechas Vidal Gil Tirado ocupaba el cargo de fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, que había alcanzado tras ejercer como teniente fiscal, y también como gobernador civil en varias provincias españolas, entre ellas la de Badajoz. Inicialmente había sido designado para el juicio de Primo de Rivera el fiscal jefe de Valencia, Juan Serna Navarro. Investigadores como Ruiz-Funes han apuntado que este pensaba pedir una pena de pocos años para el fundador de Falange, lo cual habría sido la causa de que, por recomendación del juez especial del caso, Federico Enjuto, se le sustituyera en el último momento por Gil Tirado.

Jeroni Miquel Mas Rigo afirma en su artículo 'Manuel Azaña y el proceso de José Antonio en Alicante' que al fiscal placentino «los nacionales le habían fusilado un hijo en Badajoz», y que ya había demostrado su «dureza» como presidente del Tribunal Popular de Alicante, que entre el 1 de septiembre de 1936 y finales de ese año dictó un total de 125 sentencias de muerte, según cifras aportadas por el historiador Francisco Moreno Sáez.

Esa «dureza» habría sido determinante para su nombramiento como acusador público en un proceso que iba a ser centro de atención tanto nacional como internacional, y que en apenas cuatro días culminó con la condena a muerte y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en el patio de la enfermería de la prisión de Alicante al amanecer del 20 de noviembre de 1936. Su hermano Miguel fue condenado a cadena perpetua y Margarita Larios a seis años y un día. Los tres carceleros acusados de complicidad fueron absueltos.

El interrogatorio al que Vidal Gil Tirado sometió a Primo de Rivera el 16 de noviembre fue publicado íntegro por José María Mancisidor en su libro 'Frente a frente'. Ese diálogo ha sido objeto de análisis por parte de José María Sánchez y Torreño, vocal de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, en un libro que está ultimando sobre la figura de Gil Tirado y que verá la luz en los próximos meses.

Sánchez y Torreño fue quien anunció en marzo que esta asociación solicitaría que se redimiera oficialmente la memoria del jurista placentino. «La figura de Gil Tirado fue distorsionada por el franquismo y repararla es una cuestión de justicia», asegura. De la misma opinión es Fernando Flores del Manzano, quien señala que Gil Tirado «se limitó a cumplir con su obligación como funcionario de justicia de un régimen legítimamente constituido, como lo era la República». Considera por lo tanto que «merece la reparación de su nombre».

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ya tenía tomada la decisión de aceptar la solicitud de la Asociación Pedro de Trejo, aunque ha encargado el informe jurídico al secretario para que no queden dudas de la legalidad de la medida. «Hemos hecho con esto lo mismo que con todos los asuntos de la Memoria Histórica, que es actuar con la mayor rapidez posible y para cumplir lo que dice la ley», afirma. Además, en este caso en concreto considera «especialmente denigrante» el edicto emitido contra Gil Tirado, usando una herramienta, la retirada de la ciudadanía, que ni siquiera existe en la normativa placentina y que buscaba únicamente el agravio personal del jurista.

El ascenso en la carrera profesional de Vidal Gil Tirado tras el proceso de Alicante fue meteórico. Al poco se le designó magistrado del Tribunal Supremo, y el 4 de julio de 1937 fue nombrado primer presidente del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición por el ministro Manuel de Irujo. Cesó en el cargo en marzo de 1938 para regresar al Tribunal Supremo, donde permaneció hasta que a comienzos de 1939 el avance de las tropas franquistas le obligó a abandonar España por Cataluña en dirección a Francia. De sus últimos días poco se sabe, tan solo que logró cruzar la frontera y fue uno de los primeros ocupantes del campo de refugiados de Argelès-sur-Mer, donde falleció a los pocos días de llegar. Una muerte que pasó prácticamente inadvertida entre las miles de tragedias humanas de aquellos meses finales de la Guerra Civil española.