La planta de biodiésel de Los Santos, multada por unos vertidos

Instalaciones de la planta de biodiésel Greenfuel. :: ana Magro/
Instalaciones de la planta de biodiésel Greenfuel. :: ana Magro

Greenfuel pacta con la Fiscalía y con la acusación particular el pago de 26.000 euros más idéntica cantidad por los daños ocasionados

ANA MAGRO LOS SANTOS.

Una multa de 26.000 euros y una indemnización por idéntica cantidad. Es el resultado del juicio celebrado el pasado miércoles en Badajoz contra la empresa Greeenfuel Extremadura S.A. -ubicada en Los Santos de Maimona- por la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los hechos juzgados están referidos a un vertido de aguas residuales que llegó al cauce público en mayo de 2014. La causa de dicho incidente, según la empresa, «fue un fallo del sistema de depuración de las aguas residuales de la planta de biodiésel, instalación que por aquel entonces estaba en fase de pruebas. En el momento en que la industria tuvo conocimiento de la existencia de dicha afección al medio, procedió de forma inmediata a la reparación de sus consecuencias. Una vez la industria reinició su actividad productiva, que genera más de 30 puestos de trabajo, no se ha vuelto a producir ningún suceso de dichas características», asegura Greenfuel en un comunicado.

Por dicho vertido el Ministerio Fiscal pidió en su escrito de acusación la suspensión de la actividad de Greenfuel por un período de dos años, la imposición de una multa de 60.000 euros, así como el pago de 26.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados al dominio público hidráulico.

Ecologistas en Acción, personado como acusación particular, mostró su conformidad con las penas solicitadas por el fiscal, si bien pretendía una sanción de multa de 100.000 euros. En cambio, la empresa pidió su absolución por cuanto consideraba que «dicho incidente no merecía sanción penal alguna» -continúa el comunicado.

Finalmente, según Greenfuel la Fiscalía, Ecologistas en Acción y la empresa «han alcanzado un acuerdo por el que se impone a la empresa una multa de 26.000 euros y la obligación del pago de otros 26.000 euros por los daños ocasionados al dominio público hidráulico, así como las costas ocasionadas a la acusación particular. La modificación de las penas solicitadas por las acusaciones pública y privada se fundamenta en la reparación voluntaria efectuada por la empresa, garantizándose de este modo con dicho pacto la continuidad de la actividad industrial».

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