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Paula Guerrero y Yolanda Martín, beneficiarias del programa Aepsa, barriendo un parque en Calamonte. :: Brígido
Peonadas a la espera de la fruta

Peonadas a la espera de la fruta

Las obras de los fondos Aepsa no llegan para cubrir las necesidades de los 60.000 eventuales del campo, que este mes aguardan a la campaña agrícola que más empleo genera

Antonio Gilgado

Badajoz

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Domingo, 27 de mayo 2018, 08:49

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María Ángeles Macías lleva treinta veranos seleccionando fruta en una cooperativa cerca de Calamonte. «Mis vacaciones son poder trabajar». Las lluvias de marzo han retrasado el entresaque y calcula que esta temporada la reclutarán a principios de junio.

Hasta que suene el teléfono, se apunta a las bolsas municipales o al programa Aepsa, el programa público de contratación para los jornaleros fuera de campaña. «El invierno se hace muy largo». A principios de mayo le llamaron del Ayuntamiento para el Aepsa. Más de dos años sin entrar en la lista. La convocaron a las siete y veinte de la mañana en 'el corralón del paro'. De allí, a la piscina municipal. Pintar puertas, rejas y recoger la poda ha sido su oficio. Quince días que dan un respiro a la economía familiar. Después de dos años, cuenta, se agradece. Con tanta mano de obra agrícola eventual, el programa Aepsa se queda pequeño.

«Tenemos bolsas municipales propias para que haya más opciones de empleo social»

Eugenio Álvarez | Alcalde de Calamonte

Eugenio Álvarez (PSOE) es el alcalde de Calamonte. Dice que ganan población, en parte, por la cercanía con centrales hortofrutícolas como Fruatex o El Escobar. El resto del año, cuenta, hay que buscar programas sociales a los que se pueda apuntar la gente. Solicitan todos los Aepsa que abre el Ministerio de Trabajo y como ven que resulta insuficiente también han abierto bolsas municipales con las que ofrecer peonadas y trabajo en invierno a los jornaleros.

Cuando juró su cargo por primera vez en 1979 el pueblo que hace 184 años dejó de ser un barrio de Mérida contaba con menos de cinco mil habitantes. Ahora, de largo, superan los seis mil. Sus cálculos apuntan a que doscientos vecinos tienen 15 días de trabajo público garantizado en invierno por el Aepsa, de ahí que su premisa como responsable municipal sea promocionar políticas sociales municipales. El alcalde habla de un perfil muy variado de beneficiarios. Desde universitarios que se financian el curso hasta madres de familia que aprovechan las vacaciones escolares de los hijos para entrar en las centrales hortofrutícolas.

«Los trabajo en las calles es una ayuda, ójala nos llamaran más todos los años»

YOLANDA MARTÍN | JORNALERA

Ese es el caso de Yolanda Martín. 45 años, desde los 16 trabajando como jornalera. Tres hijos de 20, 13 y 10 años. Con cinco en casa, cuenta, hay que arrimar el hombro para estirar el salario de operario agrícola de su marido. Insiste en la misma idea que sus compañeras de cuadrilla. El invierno es como una cuesta empinada y no es lo mismo afrontarlo con un sueldo que con dos.

Por los quince días que le han contratado en el Aepsa cobrará algo más de seiscientos euros. Le ha tocado pintar el enrejado que forra la tapia que rodea el arroyo, los columpios infantiles y barrer cada mañana el parque junto a la estación de autobuses. Yolanda no se queja del trabajo, más bien lo agradece. «Ojalá tuviéramos algo así más a menudo». Las trabajadoras agrícolas se han acostumbrado a la eventualidad. Hay pocas opciones en la que agarrarse.

«Cuando empecé con 18 años, en el pueblo solo había la fruta en verano»

PAULA GUERRERO | JORNALERA

Paula Guerrero empezó a los 18. Cuando dejó de estudiar, recuerda, la fruta era la salida. Desde entonces pasa los veranos en la línea de selección. En campaña, según las necesidades de los camiones a cargar, hasta los fines de semana le pueden reclamar. El problema es que la fruta no se recoge todo el año. Algunas empresas de la zona están comercializando el caqui, la fruta de invierno. Si hay suerte, quizá este año tenga trabajo hasta noviembre o diciembre. Agradecen que se alargue la temporada.

Madre de dos niñas de 13 y 18 años, llevaba desde el 2015 sin que le llamaran en invierno para las calles en el programa Aepsa. «Hay muchísima gente», se resigna.

Vuelta del ladrillo

El aumento de los obreros del campo en Extremadura es un fenómeno que conoce bien Miguel Talavera. Representante de la federación agraria de UGT, vivió de cerca los años en los que se contrataba a mano de obra extranjera para las campañas agrícolas. Los jornaleros españoles migraron al ladrillo. Mejores sueldos, fines de semana libres y trabajo estable durante todo el año.

La burbuja estalló y muchos de los que trabajaron en las capitales volvieron de nuevo a los pueblo, a trabajar en el campo y a sobrevivir con las prestaciones agrarias. El sindicalista habla también de los expulsados. Peones o albañiles mayores de cincuenta a los que ya no contratan las constructoras. Prefieren a los de veinte. «Si tanto preocupa la despoblación rural habría que tomarse en serio las condiciones de los sesenta mil trabajadores del campo», sentencia. El convenio protegió en los años de la burbuja inmobiliaria a 55.000 jornaleros, según recuerda. Ahora superan los sesenta mil. Sospecha que ha tocado techo. No hay para más. La mecanización de las cosechas como la uva o la aceituna ha ido reduciendo la demanda. La fruta es, de largo, el cultivo más social. Sigue reclamando cuadrillas numerosas en el campo y genera empleo indirecto en las centrales. Sobre todo mujeres. De ahí la importancia que las centrales sindicales le dan a la fruta.

El problema viene porque los picos de máxima actividad se limitan a pocos meses y los jornaleros necesitan completar su renta el resto del año. El  Aepsa es el auxilio al que tienen que agarrarse para seguir en el pueblo porque en muchos casos pueden conseguir las peonadas para la ayuda.

Muchos de los beneficiarios ven que este sistema de protección con más de cuatro décadas de vida se ha quedado desfasado.

El modelo se creó en los años 80 por el gobierno de Felipe González. Desde entonces ha cambiado de nombre y siglas que los jornaleros han ido asumiendo a su particular vocabulario. Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), Plan de Empleo Rural (PER) o Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). La esencia, sin embargo, se mantiene: garantizar a los asalariado del campo una oportunidad laboral entre campañas y una prestación que les llegue para un renta mínima.

Las cuentas de los jornaleros son muy sencillas. Trabajan cuatro o cinco meses en la uva, la aceituna o la fruta por 30 euros al día y reúnen las peonadas suficientes para una prestación de poco más de 400 euros de seis meses. «Con la prestación no te da para llevar una casa. Es una ayuda porque no tienes otra cosa. Un parche muy pequeño», insiste María Ángeles.

«El invierno es muy largo, con los 400 euros de prestación no te da para llevar una casa»

MARÍA ÁNGELES MACÍAS | JORNALERA

Los beneficiarios tienen cada vez más problemas para entrar en el Aepsa y piden que los fondos tengan más presupuesto. Habría más proyectos y más posibilidad de entrar. Jesús Martín Cabezas, representa a los eventuales de la rama agraria en Comisiones Obreras. Cuando se habla de la Aepsa y de la renta agraria, lamenta, mucha gente se olvida del beneficio social que entraña. Una venda, en su opinión, a la sangría de la despoblación. Hablamos de personal poco cualificado, con escasa formación y con dificultades para reubicarse en otros sectores. Pocas voces se han levantado contra la congelación de fondos desde el año 2011 hasta el 2017.

En algunos pueblos quizá no influya. Hay pocos jornaleros y tocan a cada menos tiempo, pero en algunos casos, resulta muy lento por la alta demanda no cubre realmente la necesidad con la que se creó, según llevan reclamando los sindicatos.

Al menos, la negociación con el Ministerio de Trabajo ha permitido rebajar las exigencias de subsidio por la sequía. Los temporeros necesitan 35 peonadas para después tener derecho a los seis meses de subsidio. La sequía redujo las campañas de invierno de la aceituna o de la uva al mínimo. Muchos olivares ni se pisaron porque no había nada que recoger.

La fruta, en cambio, ha levantado el vuelo con el marzo tan lluvioso. La campaña requerirá mano de obra y en las vegas del Guadiana no habrá problema para acumular las 20 peonadas. Más ajustado lo van a tener los jornaleros del secano. Donde no hay fruta deben conformarse con campañas muy exigua de uva y aceituna.

Cuadrilla de operarias del Aepsa pintando la puerta de la piscina municipal de Calamonte. ::
Cuadrilla de operarias del Aepsa pintando la puerta de la piscina municipal de Calamonte. :: Brígido

Días perdidos

Fuera de la cuenca del Guadiana los días perdidos no vuelven. Los propietarios de las fincas pueden capear la sequía o los temporales en las cosechas con seguros, pero si el tiempo impide la cosecha, las cuadrillas se quedan en casa. José Manuel Santos trabaja de peón agrícola en una finca entre Arroyo de San Serván y Mérida. Le contratan cinco o seis meses al año. «En marzo apenas me llamaron». Podador, tractorista y recolector según le llamen. Está en la agenda de varios propietarios mayores de la comarca que le contratan por días sueltos para las tareas más exigentes.

La semana pasada empezó a plantar tomate en una finca cerca de Talavera. Cobra 40 euros, dos por encima del convenio. El manijero que se encarga de la cuadrilla ya les ha avisado que tendrán que echar horas extras porque esta campaña han empezado muy tarde. José Manuel tiene dos hijos. 20 y 23 años. Los dos han estudiado magisterio y ahora se preparan las oposiciones. En verano aparcan los libros y se van a la fruta. «En casa no hace falta el dinero, pero tampoco sobra». Hasta que su mujer se dedicó a cuidar a su suegra, algunos veranos coincidieron los cuatro. El padre en el campo, los hijos en la planta y la madre seleccionando en la cinta. En otro sector, cuenta, sería una economía familiar boyante, pero lo que se paga en el campo da para el invierno.

La lucha por subir de los 38 euros al día se plantea en cada negociación colectiva. El trabajo en el campo no solo es de maquinaria, también hay que pasar muchas horas al sol, agachado o cargando cubos.

El representante de Comisiones Obreras ve muy difícil el cambio de postura de la patronal. «Son seis horas y lleva incluido la parte proporcionar de pagas extraordinarias, vacaciones y demás derechos». Al menos tienen la compensación de que en las contrataciones del Aepsa se rigen por el convenio de la construcción. El día les sale a entre 48 y 54 euros, similar a un oficial de tercera.

Pero este reconocimiento no está exento de polémica. Al considerarse obras, los jornaleros deben tener la famosa Tarjeta Profesional de la Construcción para que le contraten los ayuntamientos en invierno. El problema es que la mayoría no tiene esta certificación ya obligatoria. Algunos trabajadores están denunciando a los ayuntamientos que les dejan fuera por no tener la TPC. Muchos están a la espera que haya una resolución judicial. El fraude es otro frente abierto para mejorar el sistema agrario. En el régimen general, un trabajador debe estar dado de alta el mismo día que entra en su puesto . En el campo, un empresario tiene 28 días para comunicar las peonadas que un jornalero ha dado en su finca. Hay quien ve en este margen tan amplio una rendija para escapar de la Seguridad Social.

Las contrataciones fraudulenta las conoce bien José Manuel. Su primer jornal en el campo lo dio hace más de treinta años. «Acababa de venir de la mili». Se enroló en una cuadrilla para la vendimia cerca de Almendralejo. Le pagaron por kilos recogidos. El peso que le daban a final de la semana en la cooperativa lo dividían entre los ocho de la cuadrilla. «No veías un papel. Ni contrato, ni peonadas... En el campo no tenía derecho a nada». Afortunadamente, cuenta, esta práctica muy común entonces hoy ya no es tan frecuente.

Los sindicatos insisten en que se mantendrán vigilantes y denunciarán todos los fraudes.

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