Los partidos culpan a Vergeles por la situación del transporte sanitario

La portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea, Elena Nevado, le pidió ayer a Vergeles que rescinda «de una vez» el contrato con Tenorio y exigió además su cese.

Nevado calificó de «vergüenza» que la empresa andaluza quiera ahora «irse de rositas» después de todos los desastres que ha originado en Extremadura y «que han llevado siempre la firma y el aval político de Vergeles».

Por ello, además del cese del consejero, exigió que se depuren todas las responsabilidades ante las muchas irregularidades –según dijo– acaecidas en el servicio prestado por Tenorio.

«No se puede atracar a los extremeños públicamente y, encima, jugar con su salud», aseveró la diputada, que anunció además que el Grupo Popular presentará iniciativas en la Asamblea a fin de aclarar y hacer asumir todas las responsabilidades.

Para este partido, la empresa ha demostrado que ha venido a Extremadura no por un concurso público, sino «a por el botín», y con ello se han llevado por delante los derechos de los trabajadores de las ambulancias y las condiciones mínimas exigibles a un servicio vital para los extremeños.

La portavoz de Sanidad reiteró que, desde el PP, se advirtió en reiteradas ocasiones y hace mucho tiempo de que esta contratación pública estaba «llena de irregularidades» y recordó que en la legislatura pasada hubo una comisión de investigación en la Asamblea que señaló en su dictamen «hacia la responsabilidad del gobierno socialista».

Mientras tanto Cayetano Polo (Ciudadanos) afirmó que la decisión de Tenorio pone de manifiesto las «carencias» de la Junta de Extremadura. «No es una buena noticia que se tenga que rescindir un contrato del volumen del que estamos hablando, uno de los mayores que hace la Junta», afirmó ayer en una nota.

«Parece que es la guinda al pastel de todo este expediente», indica el líder regional de Cs, para quien el contrato empezó «mal casi antes de licitarse porque los cálculos no estaban bien hechos».

Ello fue acompañado posteriormente de una adjudicación «que no ha hecho más que tener problemas porque, asegura, que el servicio de ambulancias no ha funcionado bien, eso es una realidad».

Como prueba apunta que el contrato «ha estado en boca de todo el mundo por los innumerables problemas del propio servicio, los problemas de los trabajadores y las condiciones laborales de los trabajadores».

Finalmente, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), considera que la decisión de Ambulancias Tenorio es una «muy buena noticia» por la precarización laboral a la que ha sometido a los trabajadores y los incumplimientos de pliegos de contratación.

De Miguel asegura que el fortalecimiento de los servicios públicos debe ser un pilar básico de la reconstrucción «y una forma de fortalecerlos en asumiendo la gestión pública del transporte sanitario, que es básico en una región como Extremadura».

«Ambulancias Tenorio –dijo– ha demostrado tener muy poco respeto por los trabajadores, pero también muy poco respeto por los extremeños porque ha puesto en peligro la salud pública al mezclar, por ejemplo, los pacientes positivos de covid con pacientes sanos para ahorrar costes».

Lamentó además que hayan tenido que ser los trabajadores organizados los que hayan hecho que la empresa se marche de Extremadura, «en lugar de haber sido Vergeles, que era el que tenía que haberla metido en vereda».