El SES valorará más la experiencia y menos el examen en sus oposiciones

Hasta ahora la nota del examen (fase de oposición) contaba un 70% y la de méritos (fase concurso) el 30%. Sin embargo, el borrador que en enero negociaron las centrales sindicales con la Administración contempla la aprobación de un decreto que conceda más peso a la fase de méritos, concretamente un 40% por un 60% al examen. Ello beneficia a los interinos y es una vieja reivindicación de los sindicatos, que opinan que así se dota de mayor estabilidad a las plantillas.

Según el SES, actualmente ese decreto de selección y provisión de personal está en tramitación. «Los plazos para su entrada en vigor no los puede establecer el SES, ya que dicha norma lleva su propio procedimiento reglamentario de aprobación, como norma de carácter general en Extremadura y cuyo último paso sería la aprobación de la misma en Consejo de Gobierno», explica el SES. Lo que sí señalan desde esta administración es que esperan que antes del verano haya finalizado su tramitación, y añaden que «la intención del SES es convocar las futuras oposiciones conforme al citado Decreto».

Extremadura, con 88.726 empleados públicos –prácticamente uno de cada cuatro trabajadores–, es un territorio donde las oposiciones están a la orden de día. La mayoría se componen de una fase de examen y otra de méritos en la que suele contar la experiencia en el puesto o cursos y que por ley no debe pesar más del 40% en el cómputo final, tal y como establece el artículo 95 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

No siempre se da esa proporción de 60/40. En Correos, por ejemplo, es ahora mismo de 63/37. En la Administración General del Estado, por regla general, se suele hacer oposición pura sin concurso de méritos, si bien para concursos de traslado o promoción interna sí se puntúan estos méritos, unas veces con el 40% del cómputo global, pero otras veces con el 25% o el 30%.

Como es lógico, las reglas están definidas de antemano e intervienen variables, como el número de plazas a cubrir y la dificultad del examen, que si es mayor beneficiará a quienes llevan menos tiempo –o incluso ninguno– en la Administración y por tanto aportan menos en la fase de méritos. También hay que tener en cuenta si se opta a una plaza definitiva, a una bolsas de trabajo o interinidad.

Aunque el 40% es el tope que se puede aplicar para valorar la fase de concurso, se pueden regir por normativas distintas según se trate de plazas de la Junta, de la Universidad de Extremadura, Diputación, personal docente, sanitario o de entidades locales, donde la especificidad de muchas plazas de lugar a una amplia variedad de bases. Estas se negocian entre sindicatos y Administración en las mesas sectoriales y posteriormente se refrendan en las mesas generales de negociación.

En Educación, por citar una de las más comunes en la región, la fase de oposición, que está compuesta de dos pruebas, pesa en 60%, y la fase de concurso, que incluye experiencia docente, formación y otros méritos, el 40%, si bien solo se tiene en cuenta a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. Otro cambio reciente ha ocurrido en la Universidad de Extremadura, donde contaba el 70% el examen hasta que el nuevo equipo rectoral empezó a valorarlo con el 60% ganándose así el apoyo de los más veteranos pues sus años en plantilla empezaban a tener más valor.

Debido a la presión de los sindicatos, encaminada a consolidar la situación de los interinos, la tendencia es apurar ese límite de que los méritos cuenten el 40% y el examen solo el 60%.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es el sindicato más representativo en las administraciones públicas en Extremadura. Su presidente, Benito Román, cree que hay que si los sindicatos reivindican primar la fase de concurso en vez de la del examen es para reducir la alta tasa de temporalidad que hay en la Administración extremeña, la cual sitúa en torno al 28%.

Para Román, «esto se debe al mal hacer de las administraciones al no ofertar empleo público y no cumplir las tasas de reposición, lo que implica precarizar plantillas donde demasiadas personas son temporales».

Según Román, el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, está elaborando un plan para reducir la alta tasa de temporalidad que hay en España. «Dijo (Iceta) que en junio daría la solución, así que creo que ahora mismo lo prudente es esperar y congelar todas las convocatorias de empleo publico que vayan a salir hasta que conozcamos qué piensa hacer».