Ocho años de prisión por importar un kilo de cocaína impregnada en mantas

Ocho años de prisión por importar un kilo de cocaína impregnada en mantas

La Audiencia Provincial de Badajoz fija también seis años de cárcel para quien ayudó a retirar el paquete en la oficina de Correos de Don Benito

JUAN SORIANO MÉRIDA.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una pena de ocho años de prisión y multa de 226.500 euros para un individuo acusado de importar un kilo de cocaína impregnada en mantas, mientras que para su cómplice ha fijado una condena de seis años y multa de 60.000 euros. Los dos acusados, vecinos de Villanueva de la Serena y Don Benito, fueron detenidos en esta última localidad a finales de 2014 en un operativo de la Guardia Civil. El fallo, del pasado mes de octubre, puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Según recoge la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, con sede en Mérida, se considera probado que ambos acudieron en la mañana del 5 de diciembre de 2014 a las oficinas de Correos en Don Benito para recoger un paquete de cocaína enviado desde Brasil.

En concreto, uno de ellos accedió sobre las 13.50 a las dependencias ocultando su cara con unas gafas de sol. Exhibió un DNI de un particular que había denunciado su pérdida o robo en febrero de ese año y que figuraba como destinatario. Así pudo llevarse el paquete, que según la declaración postal contenía fundas de sofá. Pero fue detenido cuando se disponía a abandonar las instalaciones.

La droga tenía una pureza de un 100% y habría alcanzado un valor de 57.000 euros

También fue detenido el otro acusado, que esperaba en el interior de un vehículo que le había prestado un conocido con el argumento de probarlo antes de adquirirlo. En el paquete constaba como lugar de destino una dirección que se corresponde con una nave que era utilizada por este individuo para guardar la terraza y otros enseres de su bar. Además, en el envío constaba como teléfono de contacto un número del que tenía plena disponibilidad, ya que, aunque figuraba a nombre de su cómplice, se halló en su poder el soporte de la tarjeta SIM y el móvil con la tarjeta dentro.

Una vez remitido el contenido del paquete al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se dictaminó que las tres mantas o fundas de sofá que estaban en su interior estaban impregnadas de 1.062,45 gramos de cocaína (cuando se llevó a cabo la operación se habló en un primer momento de seis kilos) con una pureza del 100%. La sentencia recoge que esa sustancia estaba destinada al consumo ilegal de terceras personas y que en el mercado ilícito hubiese alcanzado un valor de cerca de 57.000 euros.

El tribunal atendió a la declaración inculpatoria del acusado que fue a recoger el paquete, quien describió el reparto de funciones entre los dos implicados. De esa forma, cambió una de las versiones que había ofrecido anteriormente, en la que se reconocía como único responsable. Pero señaló que lo hizo porque el otro implicado le había ofrecido 10.000 euros, que aceptó por encontrarse «en prisión, sin dinero y enganchado a la droga».

Implicación directa

Además de la imputación de este acusado, para el que se fijó una condena de seis años, la Audiencia atendió al resto de hechos. En concreto, que el paquete se dirigía a una nave alquilada por el otro implicado, quien además portaba el teléfono que figuraba en el envío, así como los datos del falso destinatario. Por eso, aunque negara los hechos, se le impuso una pena de ocho años.

Para establecer la condena se aplicó un tipo agravado del delito contra la salud pública al entender que la cantidad incautada era de notoria importancia. La sentencia recoge que, según la jurisprudencia y los acuerdos del Tribunal Supremo, se cumple ese parámetro cuando se llega a 500 dosis, lo necesario para abastecer un mercado importante (50 consumidores) durante un periodo relevante de tiempo (diez días). En el caso de la cocaína, añade que equivaldría a 750 gramos, una cantidad que fue superada en el paquete de mantas o fundas de sofá que fue intervenido en Don Benito.

Debido a que uno de los implicados reconoció los hechos, se le impuso la pena mínima, seis años, así como una multa similar al valor de la droga intervenida. Sin embargo, para el otro acusado se llegó a ocho años y una multa de cuatro veces el valor de lo incautado, ya que la Audiencia tuvo en cuenta sus antecedentes por el mismo delito, la cantidad de cocaína hallada, su pureza y la forma de envío, lo que le llevó a determinar que «se trata de un traficante sofisticado, altamente tecnificado y probablemente, por ello, formando parte de una organización delictiva más amplia».