La nueva norma busca agilizar la carga de los juzgados y potenciar su especialización

La Ley vio la luz verde definitiva en el Congreso el 19 de diciembre, tras levantar por mayoría absoluta el veto que aprobó el PP en el Senado y una vez que Podemos retiró su amenaza de tumbarla, tras conseguir del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el compromiso de suspender los desahucios y mantener las ayudas al transporte.Esta norma introduce una reforma organizativa para favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos con la creación de Tribunales de Instancia y de Oficinas de Justicia en los municipios, y otra procesal para agilizar la carga de juzgados y tribunales que incluye los llamados medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje.

El texto señala que con el objetivo de acabar con la temporalidad, aumentar efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal, el Gobierno presentará un proyecto de ley orgánica para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la directiva europea sobre el trabajo de duración determinada respecto a magistrados suplentes y jueces sustitutos. Así, acomodará el régimen retributivo y de Seguridad Social a los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación.