A la nueva Junta le pedimos...

Los colectivos que representan intereses concretos suelen reunirse antes de unas elecciones con los partidos que aspiran a llegar al poder. Los extremeños votaron el pasado 26 de mayo, eligieron a Vara, que será investido presidente de la Junta este martes. Ahora, varios de aquellos colectivos exponen sus reivindicaciones ante una Junta de Extremadura cuya estructura por consejerías está a punto de conocerse.

Los empresarios, representados por la Creex (Confederación Regional Empresarial de Extremadura) a través de Javier Peinado, piden «un alivio fiscal y burocrático, formación para la nueva economía y un calendario cierto de infraestructuras». A los sindicatos, tanto CC OO como UGT y CSIF, les preocupa el empleo, pero sobre todo su calidad y la seguridad, tanto en los procesos selectivos como durante el desarrollo de la jornada laboral.

Así, Encarna Chacón, secretaria general de CC OO, pide «la inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas que garanticen el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales, siempre que mejoren las condiciones laborales del convenio de empresa». También, un plan de lucha contra el fraude laboral. Se basa en que en Extremadura, según los datos de su sindicato, la media de contratación temporal supera el 95% cada mes. «Es necesario establecer un plan efectivo que impida que se produzca fraude en nuestra comunidad, regularizar el empleo que se encuadra en la categoría de falsos autónomos y conseguir la transformación de los contratos temporales en fijos discontinuos», señala. Por último, habla de una Ley de industria en Extremadura, que entre otra cuestiones abordaría alternativas tras el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz.

Por su parte, desde UGT, su secretaria general, Patrocinio Sánchez, habla de un plan de empleo que integre a trabajadores con mayores dificultades de inserción y que busque en la industria el motor económico del nuevo modelo productivo; también de un plan que reduzca la siniestralidad laboral que incluya campañas, la figura de un delegado y más inspecciones; y por último fomentar la igualdad de oportunidades a través de la conciliación, la supresión de la brecha salarial y proporcionando un permiso retribuido mínimo de dos meses para las víctimas de violencia de género.

CSIF, sindicato con una alta implantación en el sector público, recuerda que todavía se arrastra el recorte del 5% de las nóminas, por eso su presidente regional, Benito Román, quiere que se reponga, además de fomentar el teletrabajo y la conciliación «para dignificar la labor de los empleados públicos». Por otro lado, habla de equiparación salarial entre comunidades autónomas, ya que a igual trabajo, según CSIF, se dan diferencias de hasta un 25% del salario.

Por último, Román pide una mayor seguridad jurídica en los procesos selectivos y un calendario de oposiciones a cuatro años. «Es rara la oposición que no ha terminado en los juzgados en los últimos años», lamenta el representante sindical.

En la Universidad de Extremadura también hay demandas que atender. Su nuevo rector, Antonio Hidalgo, considera no obstante que no tiene reivindicaciones para la Junta de Extremadura.

En cambio, José Ignacio García es el representante de los estudiantes de la UEx y sí hace públicas algunas de las necesidades que ha detectado para su colectivo. Él tiene 22 años y estudia Magisterio en el campus de Badajoz. Como presidente del Consejo de Estudiantes desde diciembre del año pasado, García se reunió con la mayoría de partidos políticos en campaña electoral. Ahora toca ver si el gobierno socialista de Vara recuerda sus demandas. El joven cita tres: «Que nos tenga en cuenta a la hora de abordar ciertas normas. Tenemos mucho que aportar y a que a los políticos se les escapan muchas cosas, lo normal si hace tiempo que no estudias», dice.

Algo concreto que piden es un bono de transporte para estudiantes que sirva a nivel regional y que funcione como una tarifa plana para poder moverte por Extremadura, ya que en la UEx hay muchos estudiantes que vienen de los pueblos. Según dice, en ciudades como Madrid o Sevilla existe esta opción.

En tercer lugar, pide que a los universitarios que acaban de terminar sus estudios le ofrezcan empleos más estables y menos precarios para que no se tengan que marchar de Extremadura.

En el Servicio Extremeño de Salud (SES) el grupo de profesionales más numeroso es el de enfermeros. Hay sobre 5.000, calcula Damián Cumbres, el secretario general autonómico del sindicato que los representa, Satse, quien no pasa por alto que muchos de ellos están adscritos no al SES sino al Sepad, ya que su perfil es común en los geriátricos.

De entrada, Cumbres recuerda que un gobierno con mayoría y una economía más saneada que hace cuatro años debería redundar en la sanidad. En su caso, para el colectivo de enfermeros pide recuperar derechos laborales, sociales y económicos. En el primer caso habla de que faltan profesionales en especialidades como matronas, salud mental, salud comunitaria y de urgencias, donde no se llega a la ratio media de España.

En la parte social pide que en colegios e institutos se implante la figura del enfermero, algo que asegura se hace en otras comunidades autónomas. En estos lugares atiende tanto a diagnósticos como a formación especializada como educación sexual o consumo de alcohol y drogas. «No hay que olvidar que muchos centros educativos durante la jornada escolar tienen más población que muchos pueblos extremeños», justifica el, representante de Satse. Por último, en la parte económica, Cumbres dice que han perdido poder adquisitivo. «En esta legislatura deseamos recuperar esos complementos dialogando», señala.

Ángel García Blanco, presidente de Asaja, tiene claro lo que quiere durante esta legislatura para revitalizar el sector agrario y ganadero.

Por un lado, pide que los empresarios agrícolas tengan a disposición mano de obra asalariada, y eso pasa por pedir a los ayuntamientos en ese caso que en plena campaña de recolección no llame a los jornaleros para trabajar en sus calles. Según dice, este problema se da sobre todo cuando toca recoger la fruta y la aceituna, así como en la vendimia.

Además, pide que se haga realidad la promesa de que Extremadura cuente con una consejería con competencias exclusivas en agricultura y ganadería, no como en el actual reparto de competencias, en la que estas actividades comparten titular con asuntos como transportes, mercados o vivienda.

En tercer lugar, para que el campo sirva para luchar contra despoblación, el representante de Asaja habla de paralizar la ampliación de zonas acogidas a las diversas modalidades de protección medioambiental, así como un plan para incorporar jóvenes al sector agrario.

En el ámbito escolar los padres y madres también quieren ser escuchados, ya que la Educación es una competencia de la Junta de Extremadura. La Freampa (Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Centros Públicos), a través de su presidente Joaquín León, opina que hay que seguir trabajando para la universalización de la Enseñanza con la progresiva gratuidad de libros de texto en los niveles de infantil, obligatoria y postobligatoria, así como en las distintas actividades.

Otra demanda que hacen es la creación de la figura del responsable de prevención de adicciones, al igual que existe el de igualdad, para prevenir dependencias al juego y al consumo de consumo de drogas, alcohol y tabaco. «Es manifiesto el grave problema que supone el aumento de las casas de apuestas. Sobre todo, en el entorno de los centros educativos, es más, la relativa facilidad que tienen nuestros hijos para realizar apuestas on line desde cualquier ordenador, tableta o móvil no hace sino agravar un problema que tiene a las familias de nuestra comunidad profundamente preocupadas», advierte León.

Por otro lado, a la Freampa también le preocupa la despoblación rural. Por ello, considera que hay que ofrecer incentivos a aquellos docentes funcionarios interinos que quieran permanecer en centros rurales, muy poco demandados. «La Administración –pide León– podría ofrecer, si las condiciones del puesto lo permiten, un contrato de interinidad de dos cursos académicos a aquellos interinos que se comprometan a permanecer en el mismo centro de ámbito rural durante dicho periodo de tiempo».

En cuanto a accesibilidad, en los últimos años se ha avanzado mucho. No obstante, desde la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex), su presidente, Jesús Gumiel, enumera tres cuestiones prioritarias sobre las que considera que hay que seguir trabajando con la Junta de Extremadura.

Una es el desarrollo pleno en Extremadura del Catálogo ortoprotésico aprobado por la Orden SCB/45/2019 de 22 de Enero, que amplía la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud y el procedimiento para su actualización. «La prestación ortoprotésica es una de las más relevantes para las personas con discapacidad porque resulta determinante para la autonomía personal y una vida activa y participativa», argumenta Gumiel.

Por otro lado, piden que se elabore una estrategia que permita que todas las empresas de transporte interurbano de viajeros por carretera cumplan los requisitos en materia de accesibilidad, además de abordar el problema de la falta de autoescuelas con vehículos adaptados.

Por último, desde Apamex piden garantizar la permuta de vivienda de personas con graves problemas de movilidad por una vivienda pública plenamente accesible, incluyendo las reformas precisas para su adaptación.

Los autónomos suelen ser otro colectivo cuyas reivindicaciones recogen los candidatos políticos en campaña. Ahora que se inicia otra legislatura la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Raquel de Prado, plantea tres medidas prioritarias dentro de un plan de empleo autónomo. «El estado ofrece una tarifa plana de 60 euros a las personas que inician su actividad para sufragar las cuotas a la Seguridad Social durante 12 meses, tarifa que podría ampliarse por parte de la comunidad autónoma a 24 meses. Además, para jóvenes menores de 30 años y mujeres que residan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, es fundamental una cuota de cotización súper reducida de 30 euros mensuales también durante dos años».

La lucha contra la morosidad también es prioritaria para este sector, ya que los autónomos suelen colocarse al final de una larga cadena de contrataciones y subcontrataciones que hace que sean muy vulnerables ante los impagos, a veces incluso por parte de la Administración.

En tercer lugar ATA ve necesario contar con asesoramiento jurídico especializado para cerrar su negocio y prevenir un excesivo endeudamiento que pueda suponer la quiebra. «Igualmente –prosigue De Prado–, se necesita formación específica y personalizada, además de ayudas económicas para quienes han fracasado y quieren comenzar de nuevo».

Por último, en cuestiones medioambientales, Marcelino Cardalliaguet reclama tres actuaciones prioritarias a la Junta de Extremadura durante esta legislatura que echa a andar esta semana.

Por un lado, el representante de Seo-Birdlife pide «una agricultura que produzca alimentos saludables y dé trabajo en las zonas rurales sin destruir y contaminar el medio ambiente». En segundo lugar, reclama una administración ambiental acorde con las necesidades de Extremadura, ya que opina que los medios humanos y materiales dedicados hasta ahora son insuficientes. Por último, pide a la Junta alcanzar un desarrollo energético y minero en Extremadura que proteja los intereses de los ciudadanos y los valores naturales de la región y no sometido a los intereses de las grandes corporaciones.