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Representantes de UGT y CC OO en la manifestación del pasado 1 de mayo en Mérida. :: hoy
UGT y CC OO niegan cualquier tipo de fraude con los cursos de formación

UGT y CC OO niegan cualquier tipo de fraude con los cursos de formación

Los sindicatos piden que se acelere el proceso para evidenciar que no cometieron ninguna irregularidad en una convocatoria de 2011

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Sábado, 14 de julio 2018, 08:56

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UGT y CC OO niegan cualquier tipo de fraude en la gestión de ayudas públicas para cursos de formación y solicitan que la investigación judicial en marcha se acelere para despejar cualquier indicio de irregularidad.

Como publicó HOY, dos juzgados de la región tramitan tres procedimientos contra la patronal Creex y Coeba (con piezas separadas sobre las federaciones empresariales de Cáceres y Plasencia) y contra los sindicatos UGT y CC OO por las ayudas a la formación de ocupados de la convocatoria de 2011, en la que recibieron 6,8 millones de euros. Un total de 25 personas y ocho entidades forman parte de estas investigaciones, que se iniciaron por una denuncia de la Junta en 2015. El Gobierno regional, entonces con el PP al frente, advirtió sobre un posible fraude de 3 millones de euros.

UGT afirma que ha actuado correctamente sobre la referida convocatoria, «de acuerdo a la ley y a las normas vigentes en aquel momento». Además, recalca que la denuncia del gobierno regional del PP paralizó el proceso normal de justificación administrativa, lo que ha supuesto un menoscabo para la organización, que aún no ha podido cobrar estas ayudas.

También recalca que desde que se iniciaron los procedimientos puso a disposición tanto de la Fiscalía como del Sexpe toda la documentación necesaria, que está siendo analizada por el juzgado, con el que muestra su «total y absoluta colaboración». En este sentido, espera que las actuaciones judiciales se lleven a cabo con la mayor rapidez posible «para no seguir poniendo en entredicho durante más tiempo la labor de nuestro sindicato en materia de formación».

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, apunta que «no tenemos absolutamente nada que ocultar», por lo que la entidad seguirá colaborando con la justicia. «Los más interesados en que este tema se aclare somos nosotros», añade.

Entre los investigados figura Francisco Capilla, secretario general de UGT Extremadura hasta 2016. Según indica, no se investiga si alguien se ha llevado dinero o si no se dieron los cursos, lo que considera que no está en entredicho. Como explica, se pretende aclarar si las ayudas se destinaron a costear actividades del sindicato, un extremo que niega tajantemente. «El dinero se ha dedicado a formación», afirma.

Además, señala que en su momento también se presentó una denuncia por la convocatoria de 2012, pero fue archivada. Espera que en este caso «cuanto antes» se aclare que todo está correcto.

Por su parte, CC OO Extremadura espera que la investigación avance «de una vez por todas para confirmar que no hubo ninguna irregularidad y se terminen así las especulaciones y juicios paralelos».

La entidad recalca que las diligencias contra las tres organizaciones se incoaron en septiembre de 2016. «Tras dos largos años, ni existe informe definitivo de la UCO, ni se ha practicado ninguna otra diligencia de investigación que haya podido avalar el menor indicio de irregularidad», añade.

CC OO afirma que durante estos casi dos años se han producido discrepancias entre los juzgados de Badajoz y Mérida para determinar cuál de ellos era competente, que finalmente han sido resueltas por la Audiencia Provincial de Badajoz.

En junio se encomendó la investigación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida, «sin que a día de hoy haya recibido las actuaciones ni, por tanto, haya adoptado medida alguna sobre el proceso».

Además, recalca que no existe ningún procedimiento judicial dirigido contra la actual secretaria general del sindicato en la región, Encarna Chacón, ni ningún otro miembro de la entidad en la comunidad extremeña.

En octubre del pasado año el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, que instruye la causa inicial, citó como investigados a varios miembros del sindicato, entre ellos a Chacón, quien en el momento de los hechos era secretaria de Organización. Pero en noviembre dejó sin efecto esta medida. Ahora corresponderá al Juzgado número 4 de Mérida decidir las medidas a tomar.

Doncel niega vinculación

El tercer procedimiento abierto en los juzgados de la región afecta a la patronal extremeña. En este caso, ya han declarado como investigados cuatro personas. Entre ellas Emilio Doncel, presidente de Coeba. Según indica, no tiene «nada que ver con esto». Como recuerda, es presidente de la confederación empresarial desde mayo de 2015, por lo tanto cuatro años después de la convocatoria objeto de investigación. Aunque reconoce que hasta ese momento ocupó otros cargos en la directiva de la asociación, señala que en ningún caso guardaron relación con actividades de formación.

Doncel señala que el pasado mes de enero tuvo que acudir al juzgado a declarar como investigado debido a que es el actual presidente de Coeba, que es una de las entidades objeto de investigación. Pero en ningún caso por su labor anterior.

También han declarado como investigados Nuria Lavado, del área de Formación; Fernando Herrera, exdirigente de Coeba y expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz; y Juan Manuel Arribas, quien fue secretario general de la Creex hasta finales de 2012. Preguntado por HOY, este último prefiere no hacer declaraciones.

La investigación sobre la Creex tiene dos piezas separadas. Una está centrada en la Federación Empresarial Cacereña. Entre los incluidos en el procedimiento está Pedro Rosado, su secretario general. Se muestra respetuoso con la labor judicial y prefiere no hacer declaraciones.

La segunda pieza separada afecta a la Federación Empresarial Placentina. Uno de los investigados es Francisco Sánchez Guijo, secretario general. Como en el caso anterior, no ha querido hacer comentarios.

HOY ha intentado ponerse en contacto con otros empresarios que figuran en el procedimiento abierto por el juzgado pacense, pero no ha sido posible hablar con ellos.

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