Las multas por pozos ilegales superan en Extremadura los 1,1 millones en los últimos tres años

«Puede que exista cada vez más una mayor concienciación ambiental de usar el agua que se necesita realmente y optimizar su uso pero tampoco deja de ser cierto que la necesidad de riego va a más por la agricultura. Si no hay aguas superficiales disponibles, porque no existen o se van agotando, entonces se buscan las subterráneas y hay que vigilar que se haga bien», resume a HOY Ángel Nieva, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Desde 2019 y hasta el pasado enero se han tramitado 191 expedientes sancionadores abiertos por la apertura de pozos ilegales (sin tener permisos) en la cuenca extremeña de la CHG. De ellos, 144 han acabado o van a terminar en sanción porque aún se están tramitando y 47 han sido archivados.

Además, hay multas también por la extracción de agua, 7 en concreto. «Son pocas porque para poder abrir expediente sancionador hay que coger in fraganti a la persona en cuestión regando», puntualiza Nieva.

Las sanciones son habitualmente de 2.000 euros por expediente. Por lo tanto, la cuantía total de las multas desde 2018 hasta ahora asciende a una cifra muy cercana a los 288.000 euros. Desde 2019, la CHG ha optado por una multa más disuasoria que la que hasta esa fecha tenía vigente, que se situaba entre 300 y 600 euros.

La trágica muerte de Julen, el niño malagueño que en enero de 2019 cayó a un pozo sin sellar, murió y tardó trece días en rescatarse su cuerpo, fue un revulsivo, admite Nieva. El suceso puso en primer plano un riesgo evidente en muchos sitios –pozos sin sellar, mucho de ellos ilegales– e «incrementó la concienciación social para perseguir con mayor fuerza esa realidad. Si a eso le sumamos que empezábamos a vivir un periodo de sequía, un problema medioambiental, poner unas multas más disuasorias parecía lógico», esgrime el comisario de Aguas.

En el caso del territorio extremeño de la Confederación del Tajo, la estadística aportada por el organismo hídrico indica que se han tramitado 224 expedientes sancionadores entre 2018 y 2021. El total de las sanciones impuestas es más elevado que en el caso de la CHG: 857.626,05 euros exactamente en ese periodo.

Nieva asevera que efectivamente en los últimos tiempos se ha aumentado la vigilancia para la búsqueda de pozos ilegales por los propios medios de la Confederación pero también se ha renovado con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) el programa Mizu, de vigilancia de las aguas subterráneas.

Según datos de la Guardia Civil, gracias a las dos operaciones desarrolladas en Extremadura (en 2019 y 2021), se han visualizado 209 infracciones. La mayoría, por carecer de autorización o concesión de aguas; en otros casos, por realizar un aprovechamiento superior al autorizado; y en otros, por derivar agua de cauces públicos a sus parcelas.

Todas las actuaciones del Seprona se tramitaron por vía administrativa «al no revestir la consideración de infracción penal». Una vez detectadas, las remite a las dos confederaciones y a la Dirección General de Industria y Minas de la Junta. Las confederaciones son competentes para otorgar permisos para la extracción de agua en un pozo mientras que el Ejecutivo regional es el que tiene la potestad para permitir la excavación que se realiza para la apertura de un pozo.

A la vez que se investiga, las confederaciones intentan acelerar la resolución de solicitudes para legalizar pozos. Desde 2017 en el cauce extremeño del Guadiana se han resuelto 7.209 solicitudes, de las que 6.569 fueron para aprovechamiento de menos de 7.000 m3 al año y 640 para dar concesiones de aprovechamiento. Quedan pendientes de resolver otras 6.100 solicitudes, la mayoría (3.900) son peticiones para contar con concesiones.