En lucha por la dehesa comunal

Trabajos para la nueva red de caminos con motivo de la concentración parcelaria en Oliva. :: hoy/
Trabajos para la nueva red de caminos con motivo de la concentración parcelaria en Oliva. :: hoy

Pequeños propietarios de Oliva de Plasencia se oponen a la división de las tierras

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSPlasencia

El proceso de concentración parcelaria que se está terminando de ejecutar en el municipio cacereño de Oliva de Plasencia, que incluye la dehesa comunal en la que participan decenas de vecinos del pueblo, ha levantado en pie de guerra a muchos de los pequeños propietarios de esos terrenos. Consideran que la manera en la que se ha llevado a cabo la concentración les perjudica en beneficio de los grandes propietarios, y tienen en marcha una batalla administrativa con la Junta de Extremadura para que dé marcha atrás y para que la dehesa siga siendo explotada de manera comunal, tal y como se ha venido haciendo desde que le fue adquirida al Estado entre finales del siglo XIX y principios del XX.

La dehesa moheda boyal, con una extensión de 326 hectáreas, ha sido dividida en 105 pequeñas parcelas, que se han repartido entre los propietarios-accionistas en función de la participación de cada uno. El problema es que más de la mitad de ellas tienen una extensión inferior a una hectárea, lo cual impide dedicarlas a la ganadería. Los dueños de esas pequeñas porciones de tierra se quejan de que ahora, si quieren sacarles algún tipo de rendimiento, no les va a quedar más remedio que venderlas, y probablemente a un precio muy bajo.

La cabeza visible y representante de los ganaderos que se oponen a la concentración parcelaria es Martín García Romero, vecino de Oliva de Plasencia y exdiputado regional del PSOE, que ahora acusa a los actuales dirigentes de la Junta de Extremadura en materia de desarrollo rural de beneficiar a un grupo de grandes propietarios «que se cuentan con los dedos de una mano», ya que son ellos «quienes se van a quedar con toda la dehesa comunal».

García Romero ha enviado a la Junta numerosos escritos y recursos, algunos de ellos firmados por una veintena de afectados, contra la inclusión de la dehesa comunal en el proceso de concentración parcelaria. En ellos denuncia diversas irregularidades tanto técnicas como jurídicas, por lo que solicita la nulidad de las actuaciones.

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La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio argumenta por su parte que el proceso de concentración parcelaria que se ha llevado a cabo en Oliva es «totalmente legal» y se ha desarrollado con todas las garantías e informes favorables de los organismos competentes. Señala además que el proceso tiene sus antecedentes hace casi 40 años, y que ya en 1981 se publicó una orden en la que se declaraba de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona de Oliva de Plasencia. En cuanto a la inclusión de la dehesa comunal en ese procedimiento, la Junta recuerda que fue el entonces alcalde de Oliva de Plasencia, Juan Carlos Oveja, quien la solicitó en 1998 mediante un escrito en el que aparecían también las firmas de «numerosos propietarios de tierras y vuelos» del término municipal de Oliva.

Contra el pleno

Sin embargo, Martín García Romero y su veintena de representados aseguran que esa solicitud realizada por aquel alcalde no puede ser tenida en cuenta, porque afirman que se hizo en contra de un acuerdo previo de pleno adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos para que la dehesa comunal fuera excluida de cualquier proceso de concentración parcelaria.

También esgrimen errores técnicos, como la incorrecta valoración del punto de nacimiento del arroyo El Abarcón, que según las mediciones realizadas por el ingeniero agrónomo Modesto Durán nace fuera de la dehesa boyal, y por lo tanto su cauce es público y no se puede parcelar, como se ha hecho. Niegan además que exista utilidad pública en la concentración parcelaria de la dehesa, que según García Romero «está en suelo pro indiviso y desde tiempos inmemoriales la explotan los vecinos de Oliva de Plasencia».

La Junta, en cambio, considera que el procedimiento se ha llevado a cabo con todos los parabienes legales y técnicos, y recuerda que hace ya 20 años de la inclusión de la dehesa comunal. «No hay proceso más garantista que una concentración parcelaria, ya que está sometido a numerosas informaciones públicas y recursos», afirma.

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