La licitación de obra pública baja de 76 a 9 millones con la nueva ley

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, está haciendo estragos en general, pero sobre todo en el ámbito de la construcción, el que más dinero mueve. Esta nueva ley proporciona mayor transparencia y más control sobre todo el dinero que sale de las administraciones. Reduce los importes en los contratos menores, obliga a más sujetos a cumplir dicha ley y no hace tanto hincapié en el precio y sí en criterios sociales y medioambientales. Sin embargo, su primer efecto está siendo nefasto en la región pues ha supuesto una merma en la actividad y apenas ha permitido que salgan proyectos a concurso, coinciden todas las asociaciones del sector de la construcción.

Entre el 1 de enero y su entrada en vigor el pasado 9 de marzo en Extremadura se licitaron obras por 76,1 millones de euros (24, 7 en la provincia de Cáceres y 51,4 en la de Badajoz), mientras que desde el 9 de marzo hasta el pasado 7 de junio, un periodo similar que ronda los tres meses, el volumen de contratación descendió llamativamente pues apenas superó los 8 millones de euros (2 millones en Cáceres y 6,3 en Badajoz). Esto es un 88% menos.

Los datos proceden de Fecons (Federación Provincial de Empresarios de la Construcción), que monitoriza diariamente cada licitación que publican los diarios oficiales, así como la plataforma de contratación del Estado. Joaquín Sánchez, secretario general de esta federación que agrupa en la provincia de Cáceres a contratistas, promotores, empresas de derivados del cemento, así como a las industrias auxiliares, opina que «la culpa no es de la ley en sí, sino de las administraciones, que no han actuado con diligencia».

Como se sabe, la Ley de Contratos del Sector Público es del 8 de noviembre, fecha a partir de la cual podían haber empezado a redactarse las bases de los concursos de obras con las nuevas condiciones. Sánchez cree que todo se ha dejado para el final. «Este 2018 es un año previo a elecciones y siempre suele haber más licitación de lo normal. Una señal de que todo lo han hecho deprisa y corriendo es que el 8 de marzo, justo el día antes de la entrada en vigor, solo en Extremadura salieron a concurso 32 obras, algo que no había pasado jamás. No ha habido planificación y esto ha dado lugar a muchos errores que ha habido que corregir», señala el representante de Fecons.

En la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Badajoz (Apdecoba), su presidente, José Antonio Calvo, también apunta hacia la Administración, no hacia la ley en sí, que hace desaparecer el contrato de colaboración público-privada o los procedimientos negociados sin publicidad y permite una tramitación electrónica muy ágil para las administraciones. «La Junta de Extremadura ha tardado mucho en preparar los pliegos de condiciones», se queja Calvo, quien señala que las licitaciones públicas en la región «están en una dimensión ridícula, donde solo destacan las cifras de los tramos del AVE, que quedan muy bien sobre el papel pero no dan trabajo a las pequeñas y medianas empresas. Además, hay mucha subcontratación».

Sin embargo, su crítica va más allá. Para él, la Administración autonómica presta poca atención al sector de la construcción, cuyos representantes deben acudir a diferentes consejerías cada vez que necesitan resolver un problema. En estos momentos, señala como un contratiempo la falta de formación en el sector.

«Antes de la crisis -dice el presidente de Apdecoba-, entre los años 2007 y 2010, había unas 55.000 personas trabajando en la construcción en Extremadura. Ahora hay unas 21.000, de las que 8.000 son autónomos, y el problema es que faltan profesionales preparados. Se lo hemos dicho a la Junta, pero hace oídos sordos. Hablamos de alicatadores, instaladores de pladur, soldadores, encofradores, perfiles para los que hay peticiones de empleo y no se pueden cubrir en al región porque después de la crisis los que había se han ido Madrid, Levante, y en menor medida a Mallorca. No hay personal preparado y cuando este sector se recupere, porque es algo cíclico, no va a haber cuadrillas formadas».

Por su parte, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon), la otra patronal del sector, ésta con Plasencia como área de influencia, ya se expresó la semana pasada través de un comunicado su preocupación por el parón que, a su juicio, experimenta la región en materia de contratación de obra pública debido a la entrada en vigor de la nueva Ley.

Según manifestaron, entre sus exigencias figura la necesidad de que toda la licitación pública se lleve a cabo de forma electrónica. «Esta cuestión, que aparentemente debería ser intrascendente ya que todas las Administraciones conocían con gran antelación la necesidad de adecuar sus estructuras a esta obligación, está suponiendo un auténtico bloqueo y caos».