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No asegura que lo vaya a hacer, y menos cuándo, pero a la Junta de Extremadura le parece bien que los funcionarios de ... la Administración extremeña puedan retrasar su jubilación con incentivos y «transfiriendo conocimientos» del trabajador que se vaya a jubilar al nuevo empleado público que ocupe su puesto. Esta es la idea que ha transmitido esta mañana el director general de Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Domingo Expósito, en una comparecencia en la Asamblea. Esa idea, ha apuntado genéricamente Expósito, es «interesante y pragmática» para la renovación de las plantillas de la Junta.
La comparecencia del alto cargo de Hacienda y Administración Pública fue solicitada por Unidas por Extremadura. Su diputado, José Antonio González Frutos, quería saber la opinión del Gobierno de Guardiola sobre la propuesta de la Comisión de Expertos para la reforma de la Función Pública Extremeña. Y qué va a hacer la Junta. Como ya contó HOY el pasado 19 de marzo, los expertos designados por el Ejecutivo extremeño para la reforma de la función pública proponen, entre otros aspectos, conceder incentivos para retrasar la jubilación voluntaria, así como flexibilizar la organización actual de las plantillas y conceder menos importancia a la antigüedad en los concursos de traslado.
Esos expertos son Pedro Brufao, profesor de la Universidad de Extremadura; Carmen Bravo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; y Juan José Torres, letrado en ejercicio y abogado del Estado en excedencia.
El informe que han elaborado identifica «altas tasa de jubilación que se avecinan como un reto demográfico importante para la Administración de Extremadura», ha dicho Expósito. Un estudio encargado en 2022 señala que uno de cada cinco empleados públicos de la Administración regional pasará al retiro antes de 2030, un porcentaje que se eleva al 60% si se toma como horizonte el año 2040
La Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, ya contempla la posibilidad de prorrogar la vida laboral de los funcionarios más allá de la edad de jubilación. Darles incentivos «puede ser una medida transitoria para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos pero, subrayan, debe ir de la mano de la oportuna transferencia de conocimientos», ha esbozado el director general de Función Pública.
Los expertos, ha explicado, proponen que se valore para aceptar retrasar la jubilación «el compromiso del funcionario de transmitir sus conocimientos a la persona que vaya a ocupar su puesto de trabajo. Esto facilitaria el relevo generacional y aseguraría que la experiencia acumulada no se pierda».
La Junta dice que es «consciente» del problema de la jubilación a corto plazo de muchos de sus funcionarios y asevera «compartir plenamente la visión de los expertos de facilitar la transferencia de conocimiento entre el personal saliente y el personal de nuevo ingreso». Sin afinar más, asegura que Administración Pública que está «explorando mecanismos para fomentar esta transferencia».
Intentado ser un poco concreto, Domingo Expósito ha expresado sobre la propuesta de los expertos que han elaborado ese informe de vincular el retraso de la jubilación del funcionario a un compromiso de este de transmisión de conocimientos que es una «idea interesante y pragmática». Propuesta que «merece ser estudiada para su posible incorporación a futuras regulaciones y planes de gestión de recursos humanos». Expósito ha agregado que es «una línea de trabajo» que la Junta está «explorando» sin finalmente asegurar si el actual Gobierno regional la va a desarrollar en lo que queda de legislatura.
Sobre ese informe, al diputado de Unidas por Extremadura le preocupa la referencia a la externalización de servicios «que ahora hacen funcionarios públicos y que se proponen puedan ser hechos por empresas privadas en determinados casos. En concreto, para servicios que requieran »títulos académicos muy poco exigentes cuya provisión es objeto de procesos de selección masivos, lentos, poco adecuados y que adolecen de exigir temarios que poco se relacionan con las funciones a realizar«.
González Frutos ha señalado que «esto es proponer que determinadas funciones como pueden ser las de subalterno, técnicos en cuidados de enfermería... como está instalado en la doctrina neoliberal, puedan ser realizadas no por funcionarios sino por empresas privadas. Que la función pública, con una concepción muy clasista, la reservamos para los puestos de alta dirección y las funciones de inferior categoría puede ser externalizables. Estoy radicalmente en contra de esa concepción».
El diputado de Unidas por Extremadura ha dicho que si hay problemas en los procesos masivos de selección «agilícese los procedimientos pero no estemos por privatizar esos puestos porque es muy tedioso».
También ha afeado el diputado de Unidas por Extremadura que la Junta no sea clara sobre si va a ejecutar las medidas propuestas en ese informe. «Que nos diga en qué se está de acuerdo y en qué no», ha culminado.
Domingo Expósito ha respondido sobre esa propuesta de externalización de servicios públicos que lo relevante es la mejor prestación de servicios a los ciudadanos. «Ese es el foco. Cómo dar la mejor prestación. Y se plantea por supuesto a través de los empleados públicos pero por supuesto también a través de servicios externalizados», ha indicado. «Señalar como mala la externalización es desconocer que muchas veces hay que prestar servicios a los ciudadanos de la manera más eficiente también externalizando servicios», ha concluido.
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