La Junta plantea incentivos fiscales para empresas de zonas rurales

El informe alerta sobre los efectos en los pueblos de la caída de la natalidad y el envejecimiento. :: HOY/
El informe alerta sobre los efectos en los pueblos de la caída de la natalidad y el envejecimiento. :: HOY

La medida forma parte de una serie de propuestas contenidas en el informe de posición ante el desafío demográfico

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Incentivos a empresas que se instalen en zonas rurales, complementos para funcionarios que residan en pequeños municipios, fomento de la telemedicina y escolarización gratuita de 0 a 2 años. Son algunas de las medidas que se plantean en el Informe de posición ante el desafío demográfico y territorial, un documento elaborado por la Presidencia de la Junta de Extremadura en el que se proponen líneas de intervención sobre las causas y las consecuencias de un fenómeno que supone una amenaza para la región.

El informe señala que la Junta de Extremadura se enfrenta a «un cambio demográfico y territorial sin precedentes y cuyas consecuencias últimas son difíciles aún de calibrar», por lo que plantea una serie de iniciativas para afrontarlo.

De entrada, se realiza un diagnóstico de la situación, que es similar a la que se vive en otras comunidades autónomas y otros países europeos. El documento señala cuatro factores. El primero es la pérdida global de habitantes. En los últimos siete años, la región ha perdido 32.000 residentes, lo que supone una caída del 2,9%. De los 388 municipios de Extremadura, 215 tienen menos de 1.000 habitantes. Al menos 48 pueden quedarse sin vecinos de forma irreversible, con un promedio de 110 habitantes, máximo envejecimiento, edades medias próximas a los 60 años y más de un 40 % de sus habitantes de más de 65 años.

El informe sugiere legislar para que servicios como bancos y supermercados sean obligatorios

En segundo lugar, se está acusando una despoblación de numerosos municipios con una relativa tendencia a la concentración en las ciudades con mayor número de vecinos. Si en 2011 había 98.427 empadronados en municipios de menos de 1.000 habitantes, en 2017 ese número era de 105.765 personas. De 706.552 residentes en localidades de 1.000 a 50.000 habitantes se ha pasado en el citado periodo a 668.508. Mientras que en las tres ciudades de más de 50.000 habitantes hay más población (1.300 más) gracias a la subida de Cáceres y Mérida.

En tercer lugar, se ha producido un descenso de la natalidad y el envejecimiento de la pirámide poblacional. Actualmente hay unos 1.400 nacimientos menos que hace una década y en 47 municipios no llegan a diez los menores residentes con menos de 10 años. Desde 2007, los que ya han cumplido los 65 años han aumentado en casi 11.000 personas.

Por último, se está registrando de nuevo una emigración hacia otras comunidades autónomas y hacia otros países, lo que agrava la situación. En 2016 salieron de la región 5.467 personas, más del doble que en 2015. En 2017 la situación mejoró, pero se mantuvo un saldo negativo de 3.831 personas. Y la mayor parte son trabajadores que salen en busca de oportunidades laborales. De los habitantes perdidos en los últimos años, más del 60% son jóvenes de entre 20 y 29 años.

Según las previsiones, el descenso demográfico se acentuará en los próximos años. La falta de empleo y la precariedad en las condiciones laborales motivan que nazcan menos niños y que los jóvenes sigan emigrando a otras regiones o países. Se estima que la población de Extremadura decrecerá un 6,1% hasta 2031, situándose en menos de 1.020.000 habitantes. La situación sería peor en la provincia de Cáceres, con una caída del 8,4%, que en Badajoz, con un 4,8%. De ser así, en apenas quince años se habría perdido 66.500 residentes. Pero el número de mayores de 65 años crecería en más de 50.000.

Al mismo tiempo, el número de personas en edad de escolarización se reducirá un 16,6% hasta 2029. El informe señala que esto puede poner en peligro la subsistencia del sistema educativo, así como la formación de capital humano, con consecuencias en el sostenimiento de la universidad, en la renovación generacional de grupos de profesionales o en la disponibilidad de personas jóvenes cualificadas en campos profesionales emergentes.

Estrategia de intervención

Para combatir el cambio demográfico la Junta plantea una estrategia de intervención en distintos sectores, con líneas genéricas pero también medidas concretas.

Una de las áreas de acción se dedica a la fiscalidad. El informe sugiere combatir con ayudas públicas las desventajas de costes de las zonas rurales. Con ese fin, plantea incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados públicos que fijen su residencia en el municipio o zona rural en la que presten servicio; bonificaciones o deducciones especiales en impuestos de actividades profesionales y empresariales; ayudas a la contratación en municipios de menos de 5.000 habitantes y concesión directa de subvenciones para inversiones en zonas rurales. También sugiere medidas legislativas para exigir la prestación de servicios en áreas donde no son rentables, como sucede con bancos y supermercados.

En el apartado de sanidad, especialmente sensible ante el envejecimiento de la población, se propone fomentar la telemedicina y la teleasistencia, con sistemas de seguimiento a través de Internet que faciliten la atención a los mayores en zonas rurales. También sugiere promover el envejecimiento activo e incentivar la apertura de centros privados para crear una malla descentralizada y generar empleo.

En educación se considera fundamental mantener los colegios en zonas rurales e incentivar la permanencia de los docentes. Pero también ampliar la escolarización gratuita a la etapa de 0 a 2 años y fomentar la relación de la FP y la universidad con el tejido productivo.

En materia de familia plantea iniciativas como desgravaciones fiscales, bonificaciones en cuotas de Seguridad Social y alivio de impuestos, pero también la ampliación de los permisos parentales y el refuerzo de los servicios educativos, sociales y sanitarios; así como bonificaciones impositivas específicas para familias con hijos residentes en el medio rural. Este apartado incluye ayudas a la rehabilitación de vivienda en pequeños municipios y estrategias para favorecer la inmigración y simplificar la adopción.

En el área de infraestructuras el informe plantea la creación de una red de equipamientos básicos con las comarcas como eje de desarrollo. A partir de ahí, asegurar el acceso a estos servicios en tiempos razonables mediante una adecuada red de carreteras que enlacen con las cabeceras de comarca y que permitan extender el transporte público.

En línea con lo anterior, plantea un modelo de ordenación territorial basado en la comarca y en la descentralización. Para ello, se propone reforzar el papel de las diputaciones y de los grupos de acción local. Asimismo, sugiere elaborar un mapa de zonas de prioridad demográfica, que serán las principales receptoras de las ayudas públicas.

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