Extremadura se opone a la condonación de su deuda que ofrece el Gobierno tras el pacto catalán

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que la Junta ha presentado una serie de alegaciones al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades de régimen común por considerar que es «injusta y discriminatoria».

El Ministerio de Hacienda abrió el pasado 15 de mayo el trámite de consulta pública previa a la elaboración de este anteproyecto. Como exige la ley, con ello se pretende recabar la opinión de personas y entidades que se puedan ver afectados por la futura norma antes de su redacción. La Junta de Extremadura aportó el pasado viernes sus observaciones, dentro del plazo establecido.

Como apuntó Manzano, aún no se conoce el texto de la ley. De modo que todavía no se pueden presentar alegaciones. El Ministerio de Hacienda sólo ha publicado un escrito en el que recoge los objetivos de la norma y la necesidad de aprobarla. Pero para el Gobierno regional hay motivos suficientes para volver a mostrar su oposición a esta medida.

El Gobierno central prevé elaborar una ley orgánica (lo que requiere de mayoría absoluta para su aprobación) para asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas con los fondos extraordinarios de financiación. En el caso de Extremadura, supondría 1.718 millones de euros.

Hacienda plantea hacer suya parte de la deuda generada entre 2010 y 2013, durante la crisis financiera, por el incremento que se produjo respecto al periodo 2020-2023, en el que las comunidades autónomas tuvieron acceso a fondos públicos.

El objetivo es revertir ese exceso de endeudamiento con una medida excepcional con la que se pretende reducir el gasto por intereses de las comunidades autónomas y facilitar su vuelta a los mercados para obtener financiación, «lo cual reforzará su autonomía financiera y, en definitiva, su sostenibilidad financiera, avanzando así en la adaptación al nuevo marco de reglas fiscales aprobado por la Unión Europea», según el informe previo.

La consejera de Hacienda rechaza en primer lugar «la mal llamada condonación, puesto que la deuda no desaparece, sino que simplemente se transfiere de un nivel de gobierno a otro».

Para el Gobierno regional se trata de «una decisión arbitraria, discriminatoria (pues ni siquiera se ha tenido en cuenta territorios de España como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y politizada», ya que parte de los acuerdos entre PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente catalán.

Además, para la Junta la medida no cumplirá con los objetivos planteados. Considera que no facilitará la vuelta ordenada a los mercados financieros, ni reforzará la responsabilidad fiscal, ni mejorará el cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales de la Unión Europea. Tampoco cree que solucionará los problemas de sostenibilidad de las comunidades autónomas «al no ir acompañada de la imprescindible reforma del sistema de financiación».

El Gobierno regional apuesta por «una reforma más amplia y profunda» que abarcaría el sistema de financiación autonómica, garantizando la autonomía financiera y el cumplimiento de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad interterritorial.

Además, considera que se debe reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para adaptarla al nuevo marco europeo de reglas fiscales, basado ahora en el cumplimiento de la regla de evolución del gasto primario.

También apuesta por la reestructuración de la deuda para facilitar a las comunidades lograr las mejores condiciones financieras posibles. En el caso de Extremadura, está ultimando la refinanciación del FLA de 2023 y 2024 para ahorrar 29 millones de euros en intereses este año.

Por todo ello, la Junta ha pedido al Ministerio de Hacienda que paralice la tramitación de la norma y la sustituya por un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.