La Junta pide al Gobierno que frene la competencia fiscal entre regiones

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, en la Asamblea. :: brígido/
La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, en la Asamblea. :: brígido

La vicepresidenta primera anuncia que exigirá el pago de la deuda histórica y una reforma sobre el método para calcular el déficit

Juan Soriano
JUAN SORIANO

«Hay que poner coto a un sistema fiscal a la baja porque genera desigualdad». La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, reclama al Gobierno que tome medidas para terminar con la competencia tributaria entre autonomías, el denominado 'dumping' fiscal, como base del nuevo modelo de financiación.

Blanco-Morales compareció ayer en la Asamblea para informar sobre las líneas de actuación de su departamento. Mantiene las competencias de la pasada legislatura, e incidirá en las mismas políticas de mejora de la administración, transparencia y control de las cuentas públicas sin recurrir a recortes. Pero hay cambios en la estructura para incidir en dos cuestiones que considera fundamentales.

Más información

El Gobierno regional tiene ahora una Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Sobre el primer punto, Blanco-Morales considera fundamental combatir la competencia entre comunidades por el riesgo que supone para la deslocalización de personas y empresas. Por ejemplo, la Junta se vio obligada a modificar el impuesto de sucesiones ante las reformas que llevaban a cabo comunidades cercanas, como Andalucía.

Por ese motivo, reclama al Gobierno que homogeinice los tributos cedidos, en los que tienen competencias normativas las comunidades autónomas. Una de las medidas que se plantea es fijar unos mínimos y máximos para que no haya tantas diferencias entre regiones.

Blanco-Morales también reclamó que se simplifique el sistema fiscal español, que considera demasiado complejo, y que las comunidades autónomas puedan participar en la gestión de la Agencia Tributaria.

Esta reforma serviría de base para un nuevo sistema de financiación, una cuestión que sigue reclamando Extremadura desde una posición de lealtad al Estado. La consejera de Hacienda recalcó que entre 2015 y 2018 el déficit extremeño se redujo en 465 millones de euros, lo que permitió el pasado año cumplir con el objetivo marcado, así como los límites de deuda pública, regla de gasto y pago a proveedores.

Por ese motivo, exige la misma respuesta del Gobierno. En concreto, ayer puso sobre la mesa una reforma del método de cálculo de los déficits regionales y de los plazos establecidos para su cumplimento, una cuestión que considera «vital para Extremadura».

Asimismo, reclamó el cumplimiento de las dos disposiciones adicionales del Estatuto de Autonomía que aún no se han ejecutado: la que se refiere al pago de la deuda histórica y la que obliga al Estado a realizar durante siete años inversiones complementarias en la región equivalentes al menos al 1% del PIB (unos 200 millones por anualidad). «Extremadura merece y necesita ese trato diferencial», aseguró, por lo que reclamará la resolución de «unas cuestiones que siguen abiertas».

Fondos europeos

En cuanto a los fondos europeos, recordó que se está diseñando el nuevo marco financiero para el periodo 2021-2027, tras lo que se elaborarán unos programas operativos de los que espera una apuesta por la cohesión territorial.

Junto a esto, incidió en la segunda novedad de la estructura de su consejería, la creación de la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada. Según expuso, impulsará el cumplimiento de la nueva ley estatal de contratación y sobre todo la ley extremeña de contratación socialmente responsable con el objetivo de asegurar la eficiencia y generar empleo en la región, pero también para fomentar la igualdad y la transparencia.