La Junta pide a los dueños de 1.200 líneas eléctricas medidas para proteger a las aves

El Diario Oficial de Extremadura publicó el pasado jueves una relación de estas líneas. Como recoge la resolución de la Consejería para la Transición Ecológica, se trata de una actualización del listado publicado hace dos años, al que se han sumado 202 instalaciones que entonces no habían sido identificadas. En total suman 1.228.

Este proceso se inició en el año 2008, cuando se publicó un real decreto por el que se establecen medidas de protección contra la colisión y electrocución de aves en líneas de alta tensión, como la instalación de aisladores, salvapájaros y señalizadores. Desde entonces estos elementos son obligatorios en las llamadas zonas de protección, que abarcan las áreas de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies amenazadas.

La norma es de aplicación para las nuevas construcciones, mientras que para las líneas existentes antes de 2008 solo son obligatorias las medidas de protección contra la electrocución.

El real decreto concedió un plazo a las comunidades autónomas para identificar las zonas de protección en las que se deben aplicar estas prescripciones. La Junta de Extremadura publicó en 2014 esos espacios, tras lo que era necesario identificar las instalaciones que no se ajustan a las prescripciones técnicas de la norma nacional.

En 2019 se publicó una relación con más de un millar de líneas, en su mayor parte de Iberdrola y Endesa, pero también de compañías de la región de ámbito local o comarcal. Asimismo, en el listado se incluían 109 instalaciones de propiedad particular, tanto de personas físicas como de empresas y ayuntamientos. La gran mayoría son instalaciones de los años 80, 90 y 2000, pero hay algunas que se remontan a la década de los 50 y 60 del pasado siglo.

En esa resolución ya se indicaba que, según la citada norma nacional, los titulares de estas líneas eléctricas debían presentar ante la Junta de Extremadura el proyecto de adaptación a las prescripciones técnicas en el plazo de un año, debiendo optar por soluciones viables que aseguren la mínima afección posible a la continuidad del suministro. La publicación servía como notificación a los afectados.

Dos años después, Transición Ecológica publica una nueva resolución en la que se indica que, habiéndose obtenido información adicional sobre 202 líneas situadas en zonas de protección anteriores a la entrada en vigor del real decreto de 2008 y que carecen de las obligadas medidas de protección para las aves, se renueva el inventario de tendidos eléctricos peligrosos que deben ser adaptados.

Con esta publicación se deja sin efecto la relación de 2019. De esa forma, se abre de nuevo el plazo de un año para que los titulares de estas líneas presenten el proyecto para adaptarlas a las prescripciones técnicas que pretenden evitar la electrificación y colisión de aves.

El Gobierno regional afirma que la Dirección General de Sostenibilidad ha efectuado 416 requerimientos a los titulares de estas líneas eléctricas para que adapten los tramos y apoyos causantes de accidentes con una especie protegida.

De forma complementaria, este año se ha lanzado la primera línea de ayudas para la corrección de esos tendidos eléctricos con un importe de casi 464.000 euros. Asimismo, está previsto ofrecer más convocatorias con cargo a los fondos de recuperación. El proyecto de Presupuestos autonómicos para 2022 recoge 1,15 millones de euros para ese fin y 4,8 millones más hasta 2024.