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J. S.
Martes, 21 de enero 2020, 08:10
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mérida. La Junta de Extremadura ha debido abonar 125.000 euros a una empresa del sector del transporte de la región por la concesión de rutas escolares que tuvo lugar en el año 2012. Según ha podido saber HOY, existe otra firma pendiente de una sentencia similar.
El procedimiento se puso en marcha en 2012, cuando la Junta sacó a concurso 478 lotes de rutas escolares para los cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16. El presupuesto base de licitación era de 52,25 millones de euros.
El Ente público extremeño de servicios educativos complementarios (Epesec), la entidad autonómica que gestiona este tipo de concursos, acordó excluir a varias empresas pertenecientes al grupo Alsa al estimar que sus ofertas eran temerarias. Los precios que propusieron estaban muy por debajo de los que planteaban las compañías extremeñas del sector del transporte.
Pero Alsa recurrió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, destinado a resolver controversias en concursos públicos para no tener que llegar a los juzgados ordinarios. Este órgano les dio la razón y la Junta adjudicó el contrato a una de las mayores empresas del país en el sector.
Cuatro firmas extremeñas decidieron recurrir y en febrero de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les dio la razón al estimar que la oferta de Alsa era desproporcionada. Esta compañía alegaba que el aumento de demanda en fines de semana y vacaciones de sus rutas ordinarias obligaba a disponer de una mayor flota de vehículos, que a diario se podía dedicar a las rutas escolares. A su juicio, eso justificaba que los costes de autobuses fueran bajos y por tanto que su oferta fuese más económica.
Sin embargo, para el TSJEx no se acreditó ese aumento de la demanda en periodos no lectivos ni tampoco cuántos autobuses más podía tener Alsa, por lo que expuso que debería haber sido excluida del procedimiento por oferta temeraria.
Cuando se produjo esta resolución el contrato del 2012 ya estaba cerca de expirar. Las empresas extremeñas afectadas iniciaron entonces otro pleito de responsabilidad patrimonial en el que reclamaban a la Junta la ganancia económica que habían dejado de percibir por no haber ganado el concurso original. Fuentes consultadas por HOY apuntan que de las cuatro empresas que iniciaron el pleito solo dos han seguido adelante.
En principio, la Junta desestimó sus alegaciones porque consideraba que la reclamación se presentó fuera de plazo debido a que el concurso se adjudicó en 2013. Así lo estimó también un juzgado de Mérida. Pero el TSJEx recogió que la fecha a tener en cuenta era la que marcaba la sentencia de 2016. Por ese motivo, estableció que corresponde indemnizar a las empresas afectadas. En el primero de estos fallos, ya ejecutado, la Junta ha debido pagar 116.300 euros más intereses.
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