La Junta levantará el viernes la suspensión de plazos administrativos

La Junta de Extremadura levantará este viernes la suspensión de plazos administrativos, con lo que dará impulso a trámites pendientes. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de Extremadura.

El Gobierno regional aprobó el 15 de marzo interrumpir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, así como los de prescripción y caducidad, después de que así lo estableciera el real decreto por el que entró en vigor el estado de alarma en todo el país.

La consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado este miércoles que con el levantamiento de esa medida se pretende reactivar la economía de la región y facilitar que puedan seguir adelante proyectos que tienen que ver con infraestructuras importantes y con el sector agroindustrial.

En este sentido, Gil Rosiña ha expuesto que hay que empezar a dar pasos que permitan reactivar la agenda económica, el empleo de los ciudadanos y el bienestar de los extremeños.

La suspensión de plazos administrativos ha dejado en el aire todo tipo de iniciativas, como las convocatorias de subvenciones autonómicas. Entre ellas se encuentra el Programa de Activación del Empleo Local, que sustituye al plan de empleo social. Dotado con 24 millones de euros, se puso en marcha en enero y la resolución de concesión se publicó el 12 de marzo, dos días antes de que se decretara el estado de alarma. Las entidades locales tenían quince días para formalizar su oferta y presentarla en el centro de empleo correspondiente para iniciar la selección de personal, pero ese plazo se vio interrumpido por las medidas para combatir la crisis sanitaria.

También están pendientes, en la línea de lo apuntado por la portavoz de la Junta, las ayudas de incentivos agroindustriales, dotadas con 29 millones de euros. Se convocaron en marzo del pasado año y ya deberían estar resueltas, pero la concesión aún no se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

La interrupción de plazos administrativos ya no afecta a los expedientes de contratación, que también estaban suspendidos (salvo los considerados de emergencia), pero que se reactivaron mediante otro real decreto que entró en vigor el pasado jueves día 7 de mayo.

De hecho, la Junta de Extremadura ya ha reiniciado la tramitación de obras en marcha, como los nuevos institutos de Moraleja y Quintana de la Serena, dotados con más de tres millones de euros. La Consejería para la Transición Ecológica también ha levantado la suspensión de actuaciones como la mejora de abastecimiento a Torremejía, licitada en 3,7 millones, y la nueva conducción a Logrosán, con 2,6 millones. Asimismo, ha anunciado que habrá nuevas convocatorias en los próximos días.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la convocatoria de ayudas al alquiler para minimizar el impacto del coronavirus por un importe de 2,3 millones de euros, como se anunció la semana pasada.

El Gobierno regional espera que estas ayudas puedan llegar a alrededor de 1.100 familias de Extremadura.

Esta línea surge después de que el Gobierno acordara modificar el Plan de vivienda estatal para ayudar a quienes no pueden asumir el alquiler por la paralización de la actividad económica. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establece unos criterios, pero concede un amplio margen de decisión a las comunidades autónomas.

En Extremadura se otorgarán ayudas directas durante seis meses con una cantidad máxima de 600 euros mensuales.

Podrán beneficiarse las personas que, debido a la pandemia, se hayan quedado en paro o hayan sufrido un ERTE o, en el caso de ser empresarios, hayan tenido pérdidas de ingresos del 40%.

También se exige que la renta del alquiler más los gastos sea igual o superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar, entre otras cuestiones.