La Junta inyectará 5,7 millones a 58 obras en marcha para asegurar su viabilidad

Esta actuación se enmarca en las reformas legales que ha llevado a cabo la Administración regional para ayudar a las empresas constructoras a hacer frente al aumento del precio de las materias primas y de la electricidad. El objetivo es mantener esos contratos para asegurar que las obras se llevan a cabo, ya que en muchos casos están financiadas con fondos europeos y tienen un plazo determinado de conclusión. Asimismo, se pretende contribuir al sostenimiento de la actividad económica en la región y por tanto del empleo que generan esas licitaciones públicas.

La medida en cuestión se introducirá en la Ley de Presupuestos de 2023 mediante una enmienda parcial presentada por el PSOE. La norma arrancará esta semana su última fase de tramitación con el debate en comisión de las propuestas de modificación registradas por los distintos grupos parlamentarios. Las iniciativas que resulten aprobadas se incorporarán al texto que se someterá a la aprobación definitiva del Pleno de la Asamblea de Extremadura el próximo día 23.

Por lo tanto, la propuesta del PSOE aún puede estar sujeta a cambios, pero al tratarse del grupo mayoritario en el Parlamento regional tiene asegurada su aprobación salvo que se decida un cambio de última hora.

La propuesta consiste en ampliar los efectos del decreto-ley que fue aprobado por el Gobierno regional el pasado mes de marzo con medidas urgentes para la mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica. Esta norma se aprobó ante la escalada de los precios de las materias primas que fue motivada por la rápida recuperación tras la pandemia de covid. Entre otras cuestiones, recogía que desde enero de 2021 se produjo una subida de los precios que en apenas seis meses fue similar a la registrada en los trece años anteriores.

«Es necesario establecer acciones que permitan mitigar el impacto de precios por motivos de interés general y para garantizar la viabilidad de los contratos públicos», señalaba el decreto-ley. Con ese fin, entre otras cuestiones estableció un nuevo criterio en la elaboración del presupuesto de las licitaciones autonómicas para tratar de obtener un precio más justo.

En concreto, se acordó que todos los contratos de obra que celebren los órganos de la Junta de Extremadura y sus entidades públicas dependientes deben destinar un 17% del presupuesto de ejecución a los denominados gastos generales de estructura, como control de riesgos laborales y otras cuestiones que inciden en el coste de las obras. Hasta ese momento el porcentaje establecido para este fin era del 13%.

La enmienda presentada por el PSOE plantea que esta medida también sea de aplicación a los contratos de obras que se encuentren en ejecución en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos, lo que está previsto para el próximo 1 de enero, con el fin de que se adapten a la realidad actual. De esa forma, se beneficiarán de una medida que no existía cuando se inició la licitación de esos contratos.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta estima que la medida podría afectar aproximadamente a 58 contratos de obra pública que se encuentran en ejecución, con un coste añadido para las arcas regionales de 5,7 millones de euros aproximadamente.

Hacienda señala que el sistema de revisión de estos contratos aún no está definido por tratarse de una medida que se encuentra en fase de negociación y debate. «En el caso de ser aprobada definitivamente, el procedimiento podría establecerse en un corto espacio de tiempo», añade.

El impacto de la medida en cada contrato dependerá de su importe. Por ejemplo, la Consejería de Educación destinó el pasado año algo más de 10 millones de euros a una obra de mejora de la eficiencia energética y térmica de varios colegios de la región. El presupuesto de ejecución material era de algo más de 7 millones de euros. Con un 13% para gastos generales, correspondió a esta partida una cantidad de 912.563 euros. Con el 17%, corresponde algo más de 1.193.000 euros. De esa forma, en ese caso procede una revisión por importe de casi 281.000 euros.