La Junta gasta la mitad del dinero de las ayudas para pagar agua y luz

La Junta de Extremadura ha decidido, con la experiencia de ejercicios pasados, reducir la cuantía de la convocatoria el próximo año en cerca de 1,1 millones respecto al presente ejercicio, tal como aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno, que acordó destinar 3,5 millones a estas subvenciones. Pero, tal como recoge el proyecto de Presupuestos para 2020, crecerá en la misma cuantía la dotación para las ayudas de contingencias, destinadas a cubrir necesidades urgentes.

Según indica la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, «el desarrollo de los mínimos vitales nos ha indicado que en ninguno de los ejercicios anteriores se ha cubierto lo presupuestado mientras que sí se ha visto necesidad en los ayuntamientos por las contingencias». En cualquier caso, señala que se trata de un crédito ampliable, por lo que si es necesario podría contar con más dinero a lo largo del ejercicio.

La Junta de Extremadura creó en el año 2015 unas subvenciones a los ayuntamientos para que las entidades locales se encargaran de conceder ayudas específicas para el pago de los suministros básicos de la vivienda habitual de las personas con menos recursos económicos, incluyendo tanto la energía eléctrica como el agua.

Sanidad señala que en la primera convocatoria, dotada con 5 millones de euros, se concedió a los ayuntamientos de la región cerca de 3,2 millones para estas ayudas. Los pagos reconocidos por la Junta, atendiendo a las justificaciones aportadas, ascendieron a 1,5 millones de euros. Un total de 3.133 personas se vieron beneficiadas por estas subvenciones.

Como recuerda Sanidad, en la convocatoria para los años 2015 y 2016 no se ponía límite máximo a la cuantía anual a conceder, sino que se financiaban con un máximo de 300 euros las deudas de luz y agua que ya existieran a la entrada en vigor del decreto regulador. De ese modo, en parte se destinaban a hacer frente a pagos pendientes para evitar cortes de suministro. Para los gastos de consumo, se ponía un límite de 6 Kw/hora de electricidad al día por domicilio y cien litros diarios por persona. Se exigía a las familias beneficiarias contar con unos ingresos inferiores al 75% del IPREM, aunque había posibilidad de optar a reducciones, algo que se ha mantenido hasta ahora.

La segunda convocatoria, correspondiente al año 2017, contó con una dotación de 4,5 millones de euros. Se concedió a los ayuntamientos 2,85 millones de euros, menos aún que la anterior. Pero el gasto fue mayor, de casi 2,15 millones de euros. En consecuencia, también creció el número de personas atendidas, que llegó a 10.820.

Se notó la modificación del decreto regulador. Además de incluir el gas butano y natural, se ampliaron los criterios de renta (un 80% del IPREM), se fijó una cuantía mínima a recibir, que oscilaba entre 600 y 800 euros, y se eliminaron los límites de consumo.

Las bases reguladoras se mantuvieron sin cambios para la convocatoria de 2018, que contó con 4,5 millones de euros, pero volvió a ampliarse la ayuda, que podía oscilar entre 650 y 850 euros. La Junta concedió algo más de 3 millones a los ayuntamientos de la región, que justificaron un gasto de 2,75 millones de euros. El número de beneficiarios se disparó hasta 14.057.

A comienzos del pasado ejercicio se aprobó una segunda modificación de estas ayudas, en lo que suponía la tercera regulación en apenas dos años y medio. Ahora las ayudas pueden oscilar entre 700 y 900 euros, y además el requisito de renta está fijado en el 100% del IPREM. De esa forma, se podía llegar a más beneficiarios y conceder más dinero.

Con estas nuevas bases se lanzó la convocatoria de 2019, que ha contado con una dotación de 4,6 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado 31 de julio, por lo que los datos aún no son definitivos. La Junta ha concedido 3,3 millones a las entidades locales y hasta el momento se ha reconocido el pago de 2,5 millones de euros. Por ahora, el número de personas atendidas es de 12.016.

En resumen, entre 2015 y 2019 la Administración regional ha destinado a las ayudas de mínimos vitales una dotación de 18,6 millones de euros. En las distintas convocatorias ha concedido a los ayuntamientos algo más de 12,4 millones. De esa cantidad, se ha gastado poco más de 8,9 millones de euros, con un total de 40.026 beneficiarios.

Los datos evidencian que, gracias al aumento de la cuantía de la ayuda y a la flexibilización de los requisitos de renta, cada vez más personas han podido beneficiarse de estas subvenciones, lo que ha hecho que el gasto vaya en alza. Pero aún así sigue sobrando dinero, de ahí que se haya reducido la convocatoria del próximo año.