La Junta formará a sus trabajadores para que sepan defenderse

Con este fin, «de cara al Plan de Formación 2026 de la Escuela de Administración Pública, el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales trabaja para iniciar la formación específica en el manejo de situaciones conflictivas orientada a todo el personal de la Junta de Extremadura, consolidando así una cultura preventiva y de protección integral en el entorno laboral en relación con la violencia».

Con esta formación se busca dar más herramientas a los empleados públicos para enfrentar la violencia laboral. Avanzar en una línea de trabajo que se viene desarrollando en los últimos años de la mano de diversas acciones formativas. Gracias a ellas, dice la Consejería de Hacienda y Administración Pública, «más de 1.600 personas de distintas actividades han recibido formación especializada, destacando los colectivos de los centros residenciales, centros de acogida de menores, centro de cumplimiento de medidas judiciales y centros sociosanitarios».

Precisamente los centros de trabajo de la Junta donde se contabilizan la mayoría de las agresiones a los trabajadores, según los datos que recientemente dio a conocer el sindicato USO. «En residencias, centros de menores, unidades sociosanitarias o de educación especial, la violencia se ha convertido en una amenaza cotidiana, porque las agresiones, amenazas e insultos contra el personal no son hechos aislados, sino un problema estructural que se agrava con la falta de medios, de formación y de compromiso institucional», denunció la central.

Las víctimas son, sobre todo mujeres, «casi el 90% del total» indicó USO, y más del 70% son personal temporal, «lo que añade una capa de vulnerabilidad e incertidumbre a su día a día». Las categorías más afectadas son las auxiliares de Enfermería y las ATE-cuidadoras, seguidas de los técnicos de Educación Infantil y otros profesionales de atención directa.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública asegura que la evolución de las agresiones en los centros de trabajo en el ámbito de la Administración General en los últimos 9 años ha descendido. De hecho, «si nos vamos a cifras de 2020 hablamos de 122 agresiones mientras que en el año 2024 las cifras han descendido hasta las 78».

Aun así este número es superior al registrado en el año anterior y, por eso, desde el Gobierno extremeño se intensifican «las actuaciones encaminadas a prevenir en sus centros de trabajo el riesgo de agresión inherente a determinadas actividades». Porque, indica el departamento que dirige Elena Manzano, «la Junta de Extremadura tiene como eje fundamental en el desarrollo de su gestión la protección de la seguridad y la salud del personal a su servicio».

Es el motivo por el que las acciones formativas desarrolladas se han reforzado con otras actuaciones en materias de seguridad en algunos de los centros de trabajo, «donde se han unificado los procedimientos a seguir, se han mejorado los pliegos de prescripciones técnicas de seguridad y vigilancia para dotar a determinados centros con personal de seguridad las 24 horas, como es el caso de los centros de acogida de menores, suministro de pulseras antipánico, formación especializada y específica en prevención de violencia y autoprotección, entre otras».

Acciones que ahora se completarán con una formación que se extenderá al conjunto de los trabajadores de la Junta a través del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

USO, por su parte, ante el aumento de las agresiones en los centros de trabajo ha puesto en marcha una campaña con el doble objetivo de visibilizar la violencia que sufren los trabajadores de los centros de 24 horas y exigir medidas concretas que garanticen su protección.

La central pide la actualización de las evaluaciones de riesgos, la inclusión del complemento de peligrosidad para los puestos con exposición acreditada, la elaboración de un reglamento de funcionamiento para los centros de atención continuada y la puesta en marcha de un protocolo de apoyo psicológico y jurídico inmediato a las víctimas de las agresiones.

Denuncia que el problema no es solo la violencia que se sufre, sino la falta de respuesta efectiva. «En demasiados casos, las agresiones no se comunican al Servicio de Prevención ni se registran oficialmente. Quedan recogidas de forma interna en los libros de incidencias de los centros, sin que esa información llegue a los organismos responsables de garantizar la seguridad laboral», lo que supone a juicio de USO que «la magnitud real del problema probablemente sea mucho mayor que la que reflejan las estadísticas».

Las causas de esta realidad, «plantillas insuficientes, falta de personal de seguridad, deficiencias en la formación para la gestión de situaciones conflictivas y ausencia de protocolos claros», que se traduce en un «clima de inseguridad que se agrava en los centros con usuarios que presentan deterioro cognitivo, conductas agresivas o necesidades de atención especializada».

El sindicato pide, por último, que se corrija el déficit de personal detectado por la Inspección de Trabajo en cuanto al Servicio de Riesgos Laborales de la Junta se refiere. «Ha puesto de manifiesto que al menos faltan 21 técnicos especialistas en este servicio para atender adecuadamente la prevención en una plantilla de más de 40.000 empleados públicos».