Blanco-Morales eleva a 220 millones el dinero que el Gobierno debe a la región

Guillermo Fernández Vara saluda a Javier Cienfuegos, en el pleno de hoy. / BRÍGIDO

La vicepresidenta autonómica reclama a Hacienda que pague lo que corresponde por el sistema de financiación y la reforma del IVA

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Junta de Extremadura eleva a 220 millones de euros la pérdida de fondos que sufre la comunidad por la ausencia de Gobierno en Madrid y la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de la Junta, Pilar Blanco-Morales, expuso ayer en la Asamblea que la región tiene pendientes de percibir 134 millones por las entregas a cuenta del sistema de financiación de este año y 86,5 por la compensación por la modificación del IVA que tuvo lugar en 2017.

En el primer caso, se trata de la diferencia entre la cantidad asignada en 2018 y la que correspondería a Extremadura en 2019 con la actualización del sistema de financiación, que se ejecuta mediante las entregas a cuenta, de carácter mensual. En el segundo, se debe al cambio normativo en el IVA que produjo que en 2017 se recaudaran once meses en lugar de doce y que el Gobierno se comprometió a compensar a las comunidades autónomas.

Los grupos de la oposición piden al Gobierno regional que sea más exigente con Pedro Sánchez

El Ministerio de Hacienda afirma que la ausencia de un presupuesto en 2019, lo que implica la prórroga de las cuentas de 2018, impide afrontar esos pagos. Sin embargo, el Gobierno regional considera que el sistema de financiación autonómica está al margen del presupuesto. Por ese motivo, ha solicitado en varias ocasiones el abono de las cantidades pendientes, la última vez en una carta remitida el pasado martes, según desveló Pilar Blanco-Morales.

En su comparecencia de ayer en la Asamblea para explicar la situación la vicepresidenta y consejera de Hacienda pidió consenso en torno a las reclamaciones extremeñas sobre el nuevo modelo de financiación. Como indicó, debe asentarse en los principios de equidad, igualdad y suficiencia; y que tenga en cuenta que son los ciudadanos, y no las regiones, los que pagan impuestos y los que reciben los servicios.

También reclamó que el nuevo sistema contenga fondos adicionales que corrijan las diferencias entre comunidades autónomas y que valore lo que cuesta prestar los mismos servicios en distintas regiones, para lo que pide que se atienda a cuestiones como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, el empleo y el estado de las infraestructuras.

En cuanto al bloqueo institucional, señaló que «la situación no es ni inédita, ni insoportable, ni irreversible». Y recalcó que tanto PP como Ciudadanos votaron en contra del proyecto de Presupuestos para 2019.

En el turno de la oposición, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, criticó el «silencio cómplice» que, a su juicio, ha mostrado el Ejecutivo de Fernández Vara con el Gobierno de Pedro Sánchez por no reclamar de forma más enérgica el pago de los 220 millones de euros.

Por su parte, Cayetano Polo, de Ciudadanos, expuso que la petición de consenso de la Junta contrasta con la actitud del PSOE en Madrid y lamentó que el Ejecutivo regional defienda «el chantaje de que no haya gobierno por culpa de los demás».

Por último, Álvaro Jaén, de Unidas por Extremadura, lamentó que Pedro Sánchez no haya reformado el sistema de financiación y pidió que el Gobierno regional sea más exigente con los pagos pendientes.

Accesibilidad y sequía

Al margen de este asunto, se aprobó por unanimidad una propuesta de Ciudadanos en la que se pide a la Junta que lidere una estrategia conjunta entre varias Administraciones para mejorar la accesibilidad en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

Asimismo, se aprobó una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura en la que se pedía declarar la emergencia climática en la región y que se adopten medidas como reducir el uso de combustibles fósiles.