La Junta y Cermi defenderán ante la UE la prohibición de las gasolineras desatendidas

REDACCIÓN

Mérida. La Junta y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acordaron ayer formar una alianza para defender ante la Comisión Europea las regulaciones legales autonómicas que prohíben las estaciones de servicio de carburantes sin personal, como es el caso de Extremadura.

Lo hacen tras las investigaciones abiertas por parte de la Comisión Europea para averiguar si las regulaciones autonómicas en esta materia respetan las normas comunitarias sobre mercado interior, libertad de empresa y competencia.

Así, la Junta y Cermi estatal han resuelto acreditar de forma conjunta, con estudios e informes, que las normativas que obligan a que exista personal en las gasolineras son «plenamente concordes con el derecho comunitario», pues la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su no discriminación en el acceso a servicios es «un mandato superior para la Unión Europea».

Esta estrategia de acción coordinada se definió ayer lunes en una reunión promovida desde la Asociación para la Atención e Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) en Madrid.

El Cermi estatal elaborará un informe general de situación para presentar ante la Unión Europea en el que quede documentada la procedencia de este esquema regulatorio y lleve a la comisión al convencimiento de que no choca contra el derecho comunitario.

Además, insiste en que la Comisión Europea no ha abierto ningún procedimiento de infracción contra España por el asunto de las gasolineras desatendidas, y que las comunidades autónomas no tienen ningún motivo para revertir ni derogar las regulaciones favorables vigentes a los derechos de las personas con discapacidad.

En los últimos días ha corrido el rumor de que Bruselas había multado con 600.000 euros diarios a las comunidades que impidan las gasolineras sin personal, lo que ha influido para que algunas como Castilla y León hayan cambiado su legislación precipitadamente y sin la información fidedigna correspondiente.