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La Junta cederá a Cáritas 20 de las 40 viviendas de la Guardia Civil rehabilitadas en Badajoz
El resto de los pisos serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad
R. H.
Jueves, 14 de noviembre 2024, 10:03
La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha invertido casi 2,5 millones de euros en la rehabilitación ... integral de 40 viviendas en la barriada de Suerte de Saavedra en Badajoz, 20 de las cuales cederá a Cáritas, para adjudicarlas todas ellas a personas especialmente vulnerables.
Las viviendas han sido rehabilitadas íntegramente, mejorando su accesibilidad y eficiencia energética. En total, se han invertido 2.452.658 euros que además de la actuación en la fachada y la remodelación integral del interior de las viviendas, ha consistido en la instalación de nuevos ascensores.
Una vez finalizadas las obras, que se adjudicaro a la empresa Albero, la mitad de las 40 viviendas serán destinadas de forma directa a personas en situación de vulnerabilidad, a través de alquiler social.
Las otras 20 serán cedidas a Cáritas, que desarrollará en ellas un programa de atención a personas sin hogar o en situación de exclusión social, según ha señalado la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana del Ejecutivo regional, Lidia López Paniagua, tras mantener un encuentro con esta institución.
«Este programa facilita que estas personas puedan alcanzar los máximos niveles de autonomía y desarrollo, mejorando sus condiciones personales y sociales para la convivencia, participando e integrándose en la vida social», indica la Junta en nota de prensa.
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Este proyecto de la Junta de Extremadura se remonta a 2022, cuando el anterior Ejecutivo decidió emplear el mecanismo europeo de recuperación Next Generation para aumentar en 136 el parque de viviendas sociales de la comunidad. También se han aportado fondos propios para lograr recuperar 40 de los 90 pisos de la Guardia Civil de la barriada de Suerte de Saavedra.
En diciembre de 2017 estas viviendas fueron ocupadas ilegalmente por familias.
El edificio, construido en 1984, fue proyectado para uso residencial y hasta había pertenecido a la Guardia Civil.
La antigüedad de las viviendas hacía que las viviendas no fueran eficientes desde el punto de vista energético.
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