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Ana B. Hernández
Martes, 17 de diciembre 2024, 07:29
La Junta calcula que serán 503 los interinos que perderán su puesto de trabajo en la administración una vez concluya el proceso de estabilización ... , la oposición extraordinaria que se ha venido celebrando durante este año con el fin de reducir la tasa de temporalidad en el empleo público.
Este proceso ha afectado en la región a los tres ámbitos autonómicos: Educación, Sanidad y Administración General. Está resuelto en los dos primeros y la Junta está acelerando los trámites para conseguirlo también en el tercero, en cumplimiento de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que exige terminar antes del próximo 31 de diciembre la oposición de estabilización de sus empleados públicos.
Tal como ha publicado HOY, la Junta ha modificado y simplificado los trámites para aligerar la adjudicación y la toma de posesión de las 3.193 plazas que han centrado la oposición extraordinaria en Administración General, 447 a través de oposición y concurso y 2.746 por medio solo de concurso de méritos.
Pero como son más los funcionarios y laborales que han participado en el proceso que las plazas a cubrir, la Consejería de Hacienda y Administración Pública calcula que serán 503 los interinos y temporales que no podrán consolidar su plaza y que, por tanto, se quedarán sin su puesto de trabajo.
«Se estima que superarán el proceso de estabilización el 75% de los funcionarios interinos y el 90% del personal laboral temporal. Estos porcentajes supondrían el cese de unos 503 empleados públicos», detalla el departamento que dirige Elena Manzano.
Interinos que perderán su puesto de trabajo y que serán indemnizados, como la Junta ya adelantó en septiembre. Para ello ha reservado entre nueve y diez millones de euros, para indemnizar a los interinos de la Administración General de la Junta (no están incluidos los de Sanidad y Educación) que no superen el proceso de estabilización.
«La cifra es una previsión de las compensaciones que vienen recogidas en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que se ha calculado en función de varias variables estimando los trabajadores que no superarán el proceso y las retribuciones netas medias de cada grupo profesional», explica la Junta. «A los 503 empleados públicos que serán cesados habría que abonar en concreto 9,3 millones de euros, teniendo en cuenta que son 3.186 las plazas convocadas en este proceso de estabilización», concreta Hacienda.
No obstante, la administración reconoce al respecto que «es muy difícil realizar un cálculo fiable del coste que supondrán dada la cantidad de variables que hay que tener en cuenta, pero hemos realizado una estimación realista y esa cuantía es la que se prevé además en la ley de presupuestos».
En cualquier caso, insiste el departamento de Elena Manzano, «es complicado todavía saber con certeza cuántas personas van a cesar en sus puestos porque entran en juego una serie de indicadores individuales que condicionarían la compensación a recibir en caso de no superar este proceso selectivo como son los años de servicio, las retribuciones fijas que cada uno haya devengado, su progreso en la carrera profesional horizontal, los trienios o complementos de antigüedad que tengan reconocidos, así como los complementos específicos».
La propia ley estatal, recuerda también la Junta, señala que «la compensación económica será equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades». Pero habrá que esperar a que finalice el proceso de estabilización para conocer con exactitud el coste de las indemnizaciones en función sobre todo del número de empleados que serán cesados. Según la Junta, 503. Según la Asociación de personal interino y laboral temporal de Extremadura (Piltex) bastantes más.
«Las plazas que han salido son esas 3.193, pero son más de 6.000 los trabajadores de la Junta, entre interinos y temporales, que están en fraude de ley, así que serán cientos las personas que se vayan a la calle y, en muchos casos, después de haber estado trabajando más de 10 y 15 años», ha expuesto en más de una ocasión Marisa González Galán, presidenta de una asociación que aglutina a más de 400 empleados públicos y que ha mantenido una postura contraria al proceso de estabilización.
Sin embargo, sí celebra las modificaciones introducidas recientemente por Hacienda para agilizar la resolución de la oposición extraordinaria en el ámbito de la Administración General de la Junta. En concreto, que solo se pueda elegir una plaza por persona. Hasta ahora era posible elegir varias aunque obviamente solo se podía trabajar en un puesto.
«La administración ha escuchado nuestra reivindicación. Solicitamos a la presidenta Guardiola y a la consejera Manzano que, considerando que éste es un proceso extraordinario de estabilización, pusieran un poco de cordura en todo esto, puesto que de lo contrario se iba en contra del espíritu de la ley, no se cumpliría con la eliminación de la temporalidad, si se pudieran 'coleccionar' plazas por parte de personas que dejarían el resto en excedencia, además de lo injusto que resulta para los demás aspirantes que se quedarían a las puertas de estabilizar, después de tantos años en la administración», concluye González Galán en nota de prensa.
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