La Junta aporta fondos para atender a 3.000 nuevos dependientes

La ley establece el derecho del ciudadano que ha sido reconocido con un determinado nivel de dependencia a recibir un servicio público acorde a su necesidad (residencia, centro de día, logopedia, centro ocupacional, ayuda a domicilio, fisoterapia.). En la región esta atención se realiza con los centros propios o financiados por el Servicio extremeño de promoción de la autonomía y atención a la dependencia (Sepad).

Junto a esto, la ley contempla la posibilidad de recibir un importe económico, que podrá ser de dos tipos. Por un lado, una prestación económica vinculada al servicio, que se concede cuando no existe la posibilidad de acceder a la red pública. En su lugar, se oferta un centro privado que haya sido previamente acreditado por el Sepad. El sistema concede una cantidad económica que varía en función del servicio, del grado de dependencia y de los ingresos económicos del beneficiario.

Por otro lado, existen las prestaciones económicas para cuidados de familiares. En este caso, la familia opta por atender al dependiente (siempre que reúna ciertas características) y para ello recibe una ayuda que varía también en función del grado y los ingresos económicos.

Sanidad señala que a 31 de octubre se este año en Extremadura se proporcionaban 10.506 servicios y 18.751 prestaciones económicas, de las cuales 12.102 eran vinculadas al servicio y 6.649 para cuidados familiares. En total, 29.257 prestaciones, que se corresponden a 26.619 beneficiarios. El total de personas con derecho a acogerse al sistema era de 33.459, con lo cual hay 6.840 pendientes de algún tipo de servicio o prestación económica.

La partida destinada en 2018 al pago de las prestaciones económicas era inicialmente de 76,52 millones de euros. Sanidad explica que se ha incrementado en 4,2 millones para hacer frente antes de que termine el año a los pagos de prestaciones económicas que se encuentran pendientes de abono. Con este importe se está tramitando hasta el momento el pago de 3.050 prestaciones nuevas para otras tantas personas, «lo que permitirá reducir a la mitad el número de personas que se encontraban esperando», añade.

Sanidad apunta que la persistencia de la lista de espera responde a un factor fundamental, que fue el retraso en la incorporación al sistema de las personas con Grado I (dependencia moderada). En principio, estaba previsto a partir de 2012, pero se aplazó hasta mediados de 2015. Eso hizo que en la región se pasara de 24.210 personas con derecho a ser atendidas en junio de ese año a 34.558 (un 43% más) en julio.

El Gobierno regional señala que desde que se produjo la incorporación del Grado I se ha realizado un esfuerzo para atender a todas las personas que estaban pendientes de atención y a las nuevas que se han ido valorando. Como recuerda Sanidad, Extremadura es la segunda comunidad con más número de solicitudes de España en relación a su población, sólo por detrás de Castilla y León. En la actualidad, el 5% de los habitantes de la región ha pedido acogerse a la Ley de Dependencia, más de 54.500 solicitudes.

Sanidad apunta que esta labor ha permitido incorporar al sistema 4.900 beneficiarios nuevos desde el 30 de junio de 2015, lo que supone más de cuatro al día. En concreto, se ha pasado de 21.741 usuarios acogidos al sistema en esa fecha a los 26.619 citados a 31 de octubre de este año (en estos datos no están incluidos aún los 3.050 que se incorporarán antes de que termine el ejercicio). Para entender el trabajo realizado, recalca que en el periodo de junio de 2011 a junio de 2015 se añadieron 3.969 beneficiarios.

Esta labor ha requerido de un esfuerzo económico por parte de las comunidades autónomas debido a que el Gobierno ha reducido sus aportaciones. La Junta explica que del gasto público total en dependencia la financiación de la Administración del Estado se ha reducido en 33 puntos, pasando del 53,2% en 2009 al 20,2% en 2017. En ese mismo periodo, la participación media de las comunidades autónomas ha subido del 46,2% al 63,5%, más de 17 puntos. Es decir, la reducción estatal ha sido asumida por los gobiernos regionales.

En cualquier caso, Sanidad recalca los beneficios que presenta la atención a la dependencia no sólo como prestación social, sino como creadora de actividad. Como explica, por cada millón de euros invertidos la región genera 44,7 empleos directos, y el 41% del importe revierte a la Administración regional.

Como evidencia el aumento de crédito de 4,2 millones de euros, la Junta cada vez ha debido aportar más dinero para atención a la dependencia. Todo indica que así seguirá siendo en el futuro, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el incremento de los servicios de la red pública supondría un descenso de las partidas destinadas a prestaciones económicas. Además, las cuantías que se necesiten dependerán de las necesidades de los solicitantes. En cualquier caso, también hay cuestiones que pueden elevar las cuantías. Sanidad señala que en un 40% de los casos se producen revisiones que suponen un incremento de la ayuda sin que se genere un nuevo usuario.