La Junta tendrá que modificar la ley que exige personal en las gasolineras

La Junta de Extremadura cambiará la ley en la que exige que las gasolineras tengan personal para atender a sus usuarios. Así lo ha acordado con el Gobierno tras las discrepancias surgidas por la aprobación de esta norma a mediados del pasado año. Pero con un matiz, que consiste en asegurar que las estaciones de servicio son plenamente accesibles. Los servicios jurídicos de la Administración regional deberán redactar una modificación en la que se combinen ambas cuestiones, de ahí que aún no se conozca cómo se resolverá el problema.

El Parlamento regional aprobó en mayo del pasado año una propuesta de ley del PSOE para modificar el Estatuto de los Consumidores de Extremadura. Se añadió una segunda disposición adicional, según la cual todas las instalaciones de venta al público al por menor de combustibles y carburantes deberán disponer, mientras permanezcan abiertas de 7.00 a 22.00 horas, al menos de un responsable de los servicios que se prestan. De esa forma, las personas con alguna discapacidad que no pueden abastecerse en régimen de autoservicio tienen que ser atendidas.

Como habían hecho otras comunidades autónomas, esta norma suponía entrar en conflicto con la legislación europea y española, que permite tres tipos de gasolineras: las atendidas, las de autoservicio (mayoritarias) y las desatendidas o automáticas, también conocidas como low cost. El Gobierno entendió que se invadían sus competencias y recurrió la decisión extremeña, tras lo que se iniciaron negociaciones, un paso previo a la intervención del Tribunal Constitucional.

La Junta y el Gobierno han llegado a un acuerdo, por lo que no será necesario plantear un recurso de inconstitucionalidad. Como recoge la resolución publicada ayer en el DOE y el BOE, la Administración regional acepta modificar la disposición adicional segunda en la ley del Estatuto de los Consumidores para conjugar «por un lado, la libre elección de los operadores económicos del modelo de negocio que estimen más conveniente y, de otro, garantizando, en cualquier caso, la accesibilidad a las personas discapacitadas que poseen vehículos a la prestación de un servicio esencial para garantizar su movilidad y autonomía personal».

Para ello, la Junta promoverá la adaptación normativa del precepto «a fin de establecer el régimen de aplicación en ejercicio de las competencias legislativas de la comunidad autónoma en la materia, con pleno respeto en cualquier caso a la normativa estatal y al ordenamiento de la Unión Europea en cuanto resulten de aplicación».

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, que tiene las competencias en materia de consumo, señala que la Administración regional ha aceptado hacer matizaciones en su legislación, pero también que el Gobierno asume «que hay que garantizar la accesibilidad a estas estaciones a las personas con discapacidad».

«No es un cambio de criterio sino un acuerdo entre las dos partes en el que logramos que el Estado haya aceptado garantizar la atención en esas estaciones a las personas con discapacidad en vehículo a cambio de matices legislativos que no colisionen con competencias estatales o europeas», añade Sanidad.

Este acuerdo evita que el Constitucional tenga que entrar a evaluar la ley extremeña, pero aún será necesario esperar a conocer la redacción definitiva para valorar cómo se solventa la discrepancia.

Así lo estima Manuel Jiménez, presidente de la Asociación nacional de estaciones de servicio automáticas (Aesae). Asu juicio, que la Junta acepte modificar su norma implica que reconoce de forma implícita que incumplía el ordenamiento jurídico. Por eso considera positivo el cambio. Pero reconoce que le hubiese gustado más precisión en el acuerdo con el Gobierno.

En cuanto a la atención a personas con discapacidad física, Manuel Jiménez afirma que las estaciones desatendidas cumplen con la ley de accesibilidad. Y añade que si el planteamiento es exigir nuevas medidas espera que también se reclamen al resto de gasolineras, incluidas las de autoservicio.

Lo cierto es que, mientras otras comunidades autónomas que habían restringido la actividad de las estaciones automáticas han dado marcha atrás, Extremadura ha introducido un matiz, la defensa de la accesibilidad. Para ello, la Consejería de Sanidad agradece la colaboración del Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi).

Cermi ha asesorado a la Junta, que ha debido llegar hasta Bruselas para defender su posición. Jesús Gumiel, responsable de Apamex y miembro de Cermi Extremadura, señala que hay una corriente que reclama a la Unión Europea la modificación de las normas comunitarias para exigir que las gasolineras tengan personal para atender a discapacitados.

Para Gumiel, Extremadura lidera esa nueva dirección al conseguir que se tengan en cuenta las condiciones de accesibilidad en una región donde muchos municipios cuentan con una sola gasolinera. Como indica, ahora deberán garantizar la atención a todos los usuarios que tengan.

En cualquier caso, con esta reforma se mantiene uno de los objetivos de la ley extremeña, que pretendía asegurar la atención a las personas con problemas físicos. La solución propuesta no cumple otra de las aspiraciones de la norma, regular el servicio a los consumidores, aunque habrá que esperar a la redacción final.