Los juicios rápidos cumplen 15 años en Extremadura

Doce de cada cien delitos leves se despachan en la región a los pocos días de haberse cometido, una tasa inferior a la media nacional

Un momento de un juicio ráipido celebrado esta semana en Cáceres. :: /LORENZO CORDERO
Un momento de un juicio ráipido celebrado esta semana en Cáceres. :: / LORENZO CORDERO
Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

El 7 de mayo de hace quince años, el Juzgado de Instrucción número uno de Badajoz celebró veinte vistas orales por faltas, once de ellas mediante juicio rápido, un novedoso sistema al que no quitaban ojo magistrados, fiscales, abogados, secretarios... Era la gran noticia del momento en los tribunales españoles. Un procedimiento recién implantado –nació el 28 de abril de 2003–, que se desperezaba entre dudas y fallos. Tres lustros después, y aunque y unos y otros introduzcan matices al hacer sus balances, la valoración general es coincidente: han sido un acierto, una herramienta que ha evitado que el sistema judicial se atore más de lo que ya está.

«Fue algo muy novedoso, no había nada parecido en España en ese momento, y creo que éramos una mayoría los que pensábamos que fracasaría», admite Joaquín González Casso, que ahora preside la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, pero que en abril del año 2003 estaba en el juzgado de instrucción número cinco de Cáceres. O sea, en un lugar privilegiado del organigrama judicial para tomarle el pulso a ese sistema que daba sus primeros pasos. «El procedimiento te exigía una tramitación rápida, tenías que hacer en 24 horas lo que normalmente se tardaba tres meses», recuerda González Casso, que de 2009 a 2015 fue juez decano de Cáceres. «El ministerio –rememora– puso en marcha un programa informático que necesitábamos para sacar adelante los casos, y aunque al principio tenía lagunas, en cuestión de dos o tres meses se habían solucionado y se estaba funcionando con normalidad».

«Pensábamos que iban a fracasar, pero hay que felicitar a quien tuvo la idea, ha sido positiva»

«Pensábamos que iban a fracasar, pero hay que felicitar a quien tuvo la idea, ha sido positiva» Joaquín González Casso | Presidente de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Badajoz

Las bases del sistema estaban recogidas, y ahí siguen, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que especifica qué condiciones se tienen que dar para que una causa pueda despacharse por la vía rápida. Entre otros aspectos, establece la obligatoriedad de que exista un atestado policial, y alguien detenido o citado para declarar ante el juez en calidad de denunciado. Además, debe tratarse de un delito flagrante, que es aquel en el que el delincuente es sorprendiendo mientras lo comete o justo después. Y que el castigo máximo posible no exceda de los cinco años de prisión, o de diez si no se trata de una pena distinta a la privativa de libertad. Un ejemplo de juicio rápido que se repite con relativa frecuencia es aquel que se inicia después de que las fuerzas de seguridad descubran una plantación de marihuana, identifiquen a su dueño y ni siquiera haga falta analizar la sustancia porque es evidente de qué se trata.

La relación de delitos leves que pueden verse por el procedimiento que acaba de cumplir quince años incluye las lesiones, coacciones, amenazas o la violencia física o psíquica habitual. También el hurto, el robo, infracciones contra la seguridad del tráfico, algunos delitos de daños o contra la salud pública, los que lo son contra la propiedad intelectual e industrial...

«Fueron una revolución, sobre todo en aquellos casos para los que se presupone una condena»

«Fueron una revolución, sobre todo en aquellos casos para los que se presupone una condena» Filo Peláez | Decana del Colegio Oficial de Abogados de Badajoz

«La lista de ilícitos que pueden verse en juicio rápido es suficientemente amplia», opina Filo Peláez, decana del colegio de abogados de Badajoz y buena conocedora de la mecánica de este sistema porque forma parte de su rutina laboral. «Cuando se implantaron en el año 2003 supusieron una revolución –valora–, sobre todo para aquellos casos en los que se presume de forma clara que va a haber una sentencia condenatoria». «Con ellos ha habido una especie de efecto péndulo –añade–, es decir, que se celebraron muchos al principio, casi siempre muy centrados en un determinado tipo de delitos, luego bajó el número, y desde hace ya un tiempo estamos en el punto justo, en mi opinión se ha alcanzado el equilibrio».

La sexta en la clasificación

Esa situación actual a la que alude se resume en un dato: son el sistema elegido para despachar 11,8 de cada cien delitos leves que pasan por los tribunales de la comunidad. La cifra es siete puntos inferior a la media nacional, que llega al 19 por ciento, según la edición 2017 –la última publicada– de 'La justicia dato a dato', el informe que cada año elabora el Consejo General del Poder Judicial. De las 17 autonomías, hay cinco con una ratio de juicios rápidos sobre delitos leves es más baja que la extremeña. Son Galicia (siete por ciento), Navarra (9,6), Castilla y León (9,8), Baleares (10,6) y Castilla La Mancha (con una tasa del 10,7).

«Una posible explicación a esta diferencia entre unas regiones y otras puede estar en el volumen de trabajo», sugiere Rafael Estévez, juez decano de Cáceres. «Aunque Extremadura es grande y la situación no es igual en todas las sedes judiciales –plantea–, en términos generales la carga que tenemos aquí es más asumible que la que tienen en otras regiones, en las que los jueces se ven más apremiados para despachar los juicios antes de que acabe su guardia, para no dejar que se acumulen».

«Fueron un magnífico invento, han ayudado a matizar la imagen de la justicia como algo lento»

«Fueron un magnífico invento, han ayudado a matizar la imagen de la justicia como algo lento» Rafael Estévez | Juez decano de Cáceres

Él trabajaba en Figueras (Gerona) en el año 2004, el siguiente a la puesta en marcha de este sistema que cambió rutinas en todos los juzgados del país. A diferencia de Extremadura, Cataluña figura en el grupo de regiones donde los juicios rápidos son más habituales. El año pasado, esta fórmula sirvió allí para tratar el 21 por ciento de los delitos leves, un porcentaje que solo superan Andalucía, La Rioja y Canarias. «Hay otro factor que puede ayudar a explicar las diferencias de datos entre autonomías, y es que en sitios como Cataluña hay más población inmigrante que en Extremadura». Esto tiene como consecuencia que es más usual encontrar entre los acusados en los juicios rápidos a extranjeros –obviamente, no porque entre ellos haya más delincuentes que entre los nacionales, sino únicamente porque allí hay más que aquí– sin residencia fija. «Y esta circunstancia –apunta el juez decano de Cáceres– aconseja que el asunto se resuelva lo antes posible, porque si se deja pasar el tiempo, puede resultar más difícil localizar al acusado».

Desde su experiencia como juez de instrucción y de la jurisdicción penal, Estévez opina que los juicios rápidos fueron «un magnífico invento». «Nunca van en detrimento de las garantías que asisten a las partes –argumenta–, y han ayudado no a acabar con ella pero sí a matizar la imagen que tienen los ciudadanos de la justicia como algo lento». «Además –añade–, han contribuido a descongestionar juzgados, y hay que apreciar otro aspecto importante: permiten a la víctima obtener una respuesta del sistema en el momento en el que se siente ofendida, y no cuatro años más tarde, cuando es posible que se haya olvidado de lo que pasó y ya prefiera pasar página».

Juzgados de Badajoz. ::
Juzgados de Badajoz. :: / CASIMIRO MORENO

Han agilizado el sistema

Este balance positivo que hacen Filo Peláez y Rafael Estévez lo secunda a grandes rasgos Aurelio Blanco, fiscal superior de Extremadura. «La valoración que hago a los quince años de su puesta en marcha es muy positiva, porque han servido para agilizar el sistema, sobre todo cuando se trata de asuntos que no presentan especial dificultad, pero también creo que se celebran menos juicios rápidos de los que quisiéramos». En su opinión, «habría que ampliar la lista de ilícitos que pueden verse con este sistema, que no debería estar limitado a aquellos procedimientos en los que hay un atestado policial previo». Él apostaría por «incluir casos que lleguen a los tribunales por otras vías, como pueden ser las denuncias de particulares o las querellas». «Al ampliar el abanico y no circunscribirlos a la investigación policial, le sacaríamos más rendimiento al sistema», propone Blanco, que pese a la valoración general positiva, también echa de menos «una instancia específica para ellos, que sería algo que contribuiría a agilizar los procesos».

«El balance a los quince años es positivo, aunque no se celebran tantos como quisiéramos»

«El balance a los quince años es positivo, aunque no se celebran tantos como quisiéramos» Aurelio Blanco | Fiscal Superior de Extremadura

Por ejemplo, ayudaría en el caso de aquellos procedimientos que inicialmente se contemplan como juicios rápidos pero que una vez iniciados, se desarrollan de tal manera que son derivados a otras instancias, donde siguen el curso convencional. Ocurre, por ejemplo, cuando el investigado no reconoce la autoría del delito. Si sucede esto, lo que iba a ser un juicio rápido pasa a ser tratado como un procedimiento al uso. Y en algunos casos, esto significa que se ponga a la cola, que alimente la columna de folios con documentación de causas pendientes. En definitiva, que aumente la carga de trabajo de los juzgados.

Rebajar un tercio la condena

Que los juicios rápidos no han acabado con el colapso de los tribunales se debe, entre otros motivos, a que estos atienden otros procedimientos, de instrucción y tramitación más larga y difícil. «Los juicios rápidos –reflexiona Filo Peláez– han ayudado a despachar en poco tiempo asuntos que antes se eternizaban, pero hay que tener en cuenta que no todas las causas pueden ser despachadas por la vía rápida». El escenario más repetido es que el acusado reconozca los hechos que se le imputan, lo que permite alcanzar una sentencia de conformidad. De esta forma, la víctima ve resuelto su caso en un plazo corto y el condenado ve reducida su pena en un tercio, al admitir su culpabilidad.

«Ahora se resuelve en un día lo que antes se aplazaba un año», resume la decana de los abogados pacenses, que aplaude los beneficios que el modelo implantado hace tres lustros ha aportado al sistema y sus usuarios, pero que aprecia la necesidad de mejorar en algunos aspectos relacionados con la tramitación. «En ocasiones falta agilidad, y hay gestiones que se hacen de forma poco resolutiva y poco práctica», expone Filo Peláez. Se refiere sobre todo a cuestiones del día a día, como «que nos citen a las nueve de la mañana y empecemos a la una de la tarde», detalla. «El tiempo es un bien muy preciado para todos los trabajadores en todos los sectores y en todas las categorías profesionales», hace ver la abogada, que igualmente llama la atención sobre lo acertado que sería que en las sedes judiciales hubiera instalaciones específicas para los casos de violencia machista. La razón fundamental, subraya, es la particularidad de estos supuestos, lo duro que puede resultar para la víctima tener que cruzarse en el pasillo con el maltratador.

Porque este tipo de causas figuran entre las más habituales en los juicios rápidos. En torno a un tercio de ellos tienen que ver con la seguridad del tráfico. En un segundo escalón de frecuencia aparecen los hurtos y robos, la citada violencia machista y los delitos contra la salud pública. En la mayoría de las sedes, se mantiene la costumbre de celebrar las vistas en el último día de las guardias de quienes trabajan en los tribunales. Entre otros motivos, se hace así por una cuestión de operatividad, para ir juntando a lo largo de la semana varios casos y verlos todos en una misma jornada, en vez de intercalados a lo largo de varios días. En Cáceres, por ejemplo, suelen señalarse los martes.

«Los juicios rápidos se celebran en los juzgados mixtos (los de primera instancia e instrucción), normalmente el último día de la guardia, y exigen una tramitación muy ágil», sitúa Cristina Blázquez, responsable de Justicia en CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), el sindicato mayoritario en este sector en Extremadura.

«Cobramos menos de 300 euros por guardias de ocho días, y aún no hemos recuperado el plus que nos quitaron con la crisis»

«Cobramos menos de 300 euros por guardias de ocho días, y aún no hemos recuperado el plus que nos quitaron con la crisis» Cristina Blázquez | Responsable de Justicia de CSIF

Ella explica que el colectivo al que pertenece, el de los funcionarios de Justicia –en su caso ejerce en Plasencia–, hace guardias de ocho días seguidos. De lunes a sábado, acuden a su puesto en horario de mañana y tarde, y los domingos y festivos solo por la mañana, aunque en todo momento a lo largo de esos ochos días que dura la guardia tienen que estar localizados. «La retribución por todo esto no llega a los trescientos euros brutos», se queja Blázquez, que igualmente lamenta que el colectivo aún no haya recuperado un plus que le quitaron con la crisis. Eran entre treinta y sesenta euros al mes –según se trabajara en las áreas de auxilio, tramitación o gestión–, y pese a que la tormenta económica ha escampado, todavía no lo han recuperado.

En este capítulo de los aspectos a mejorar, la representante de CSIF cita también «la mejora en los programas informáticos que usamos, que están obsoletos, lo que hace que el trabajo se complique y se ralentice». Yaporta un dato: los juzgados encargados de los casos de violencia de género llegan a ver en torno al doble de juicios rápidos que los demás. «En el de Cáceres o en el de Plasencia –detalla Blázquez– son entre 180 y 200 casos al año».

Esto ocurre porque Extremadura solo tiene un juzgado específico sobre violencia machista. Está en Badajoz. En otras ciudades hay instancias que se ocupan de estos procedimientos, pero no de forma exclusiva, sino como un añadido más a los asuntos propios de su jurisdicción. «Sería bueno que hubiera más juzgados específicos para esta materia», entiende el juez decano de Cáceres, en línea con lo que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha pedido esta misma semana, a través de su memoria anual, un documento en el que pasa revista al funcionamiento y los medios de la justicia en la región.

La petición del TSJEx

En ese informe explica que considera prioritaria la apertura de nueve juzgados más en la región, de los que tres tendrían que ser especializados en violencia contra las mujeres y deberían estar en Cáceres, Mérida y Plasencia, con lo que la comunidad autónoma pasaría a tener cuatro en vez de uno . «Cuando una mujer decide dar el paso de denunciar –expone Rafael Estévez–, rompiendo así el círculo perverso de violencia en el que vive, es muy importante que reciba una atención individualizada y lo más rápida posible, porque con una respuesta ágil se evitaría la retirada de denuncias que se produce si dejamos pasar el tiempo».

«Los juicios rápidos –continúa– son una herramienta muy buena si hay un número suficiente de forenses, jueces, secretarios, etcétera, y está claro que en la situación actual, hacen falta más medios humanos». En esto también coincide con el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz. «Es indudable que faltan recursos humanos», afirma Joaquín González Casso, que no obstante, tiene una buena opinión general sobre la aportación de los juicios rápidos al día a día de los juzgados. «Hay que felicitar a quien tuvo la idea, ha sido positiva», admite. Esto no quita, sin embargo, para que tenga igualmente claro que «es un sistema infrautilizado». «Aunque la lista de ilícitos es amplia –expone el magistrado–, la fórmula del juicio rápido se utiliza para pocas conductas, y creo también que sería bueno mejorar el trabajo con algunos grupos de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado». Ellas, lo mismo que jueces, abogados, fiscales y funcionarios de Justicia son parte esencial de un sistema que camina ya hacia la mayoría de edad.