Una jueza responsabiliza a mandos de Talavera por un accidente aéreo mortal

Accidente ocurrido en noviembre de 2012, en el que un piloto perdió la vida y un alumno resultó gravemente herido. :: hoy/
Accidente ocurrido en noviembre de 2012, en el que un piloto perdió la vida y un alumno resultó gravemente herido. :: hoy

Estima que el piloto que perdió la vida en noviembre de 2012 no supo actuar ante una emergencia debido a su falta de formación

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Una jueza militar considera que el accidente en el que perdió la vida el piloto de la base aérea de Talavera la Real Ángel Álvarezen noviembre de 2012, y dejó parapléjico al alumno Sergio Santamaría, se debió a la negligencia del comandante que llevaba la nave, lo que achaca a una falta de formación de la que considera responsables a sus superiores.

Tras más de seis años de instrucción, la jueza del Juzgado Togado Militar Territorial número 12 emitió un auto el pasado mes de abril en el que plasma sus conclusiones. En su opinión, ocho mandos de la base de Talavera la Real, entre ellos el propio piloto, cometieron distintos delitos por no haber cumplido con su deber.

A las 9.27 del 2 de noviembre de 2012 despegó de la base de Talavera un avión F5 pilotado por el alférez alumno Sergio Santamaría, quien estaba acompañado por el comandante Ángel Álvarez, que ejercía como piloto-profesor. Se trataba de una misión de enseñanza que debía concluir en Albacete.

A los 17 segundos de iniciar el despegue el alumno apreció que no funcionaba el compensador de profundidad, un elemento de accionamiento eléctrico que utiliza el piloto para actuar sobre el timón de profundidad y que permite subir o bajar el morro de la nave. El comandante Álvarez tomó el control del avión, tras lo que detectó que también fallaba el motor izquierdo.

El factor desencadenante fue la rotura de un disco de turbina de ese motor cuando el aparato se encontraba a máxima potencia. Una parte de esa pieza salió proyectada, provocando un agujero en el fuselaje a la altura del timón de profundidad. Otro fragmento afectó al sistema de profundidad, que quedó bloqueado en posición de picado, lo que hacía que el avión tendiera a caer.

El piloto consiguió estabilizar la nave, tras lo que decidió mantenerse orbitando hasta decidir qué hacer. Se dio cuenta de que, si bajaba la velocidad para aterrizar, el avión podía caer. Para evitarlo, debía elevar el morro, pero el sistema no funcionaba. Así que declaró la emergencia.

La jueza señala en su auto que el piloto tendría que haber seguido los manuales ante emergencias y, tras lo que denomina una prueba de controlabilidad, habría descubierto que el aterrizaje era imposible, pese a lo cual lo intentó. En concreto, hubiese sabido que la velocidad mínima de control del avión estaba muy por encima de la velocidad que empleó para tomar tierra, lo que hizo que se estrellara. Tendría que haber acudido a la zona de eyección controlada, lo que hubiese evitado el accidente. Tenía 38 años y el alumno 23.

Salvó la vida porque, al golpear contra el suelo, saltó el sistema de eyección de su asiento. Pero, al mismo tiempo, se rompió el paracaídas y la caída le causó graves daños. Sin embargo, el piloto permaneció en la nave. Los depósitos de gasolina explotaron y el avión empezó a arder. Los vehículos contraincendios estaban a más de un kilómetro. Aún vivo, consiguió activar la eyección, pero al caer sufrió un golpe en la cabeza y falleció casi en el acto.

Entre las pruebas practicadas se incluyeun documento secreto que tuvo que ser desclasificado

El auto no solo apunta a un fallo mecánico y a la posible negligencia del piloto. La jueza señala que el error en la toma de decisiones se debió a que el comandante Álvarez «solo disponía para gestionar la emergencia de lo que le dictaba su experiencia aeronáutica», ya que «carecía de la instrucción y adiestramiento exigido».

Aunque a la fecha del vuelo contaba con la máxima calificación, la jueza afirma que no había cumplimentado los planes de instrucción. Y añade que tres superiores, pese a que presuntamente conocían que el piloto no había cumplido esos requisitos, le concedieron las calificaciones confiando en su experiencia de vuelo tanto en la unidad como en un periodo formativo en Estados Unidos. Sin embargo, afirma que ya había perdido toda capacitación porque hacía seis meses que no volaba debido a una baja médica.

La jueza afirma que recibió una formación teórica precaria que nadie evaluó, y que además solo realizó once de las 66 misiones de vuelo que establecían los planes de adiestramiento básico. Además, solo llevó a cabo, un año antes del siniestro, una de las 26 misiones de simulador exigidas, de las que más de un tercio estaban dedicadas a resolver emergencias.

A esto añade que los mandos en la base no tomaron medidas ante la gestión de la emergencia por parte del piloto, ni tampoco indicaron las pruebas que debía realizar y que le habrían llevado a desestimar el aterrizaje. Asimismo, indica que la pieza del motor se rompió porque las inspecciones realizadas en el aparato no fueron las correctas, ni detectaron que ya había superado su vida útil, por lo que tenía que haber sido desechada. Algo que achaca a los mandos encargados del mantenimiento de las naves. También considera que en el fallecimiento del piloto tuvo responsabilidad el oficial encargado del operativo de emergencia por las quemaduras que sufrió.

Un auto histórico

Por todo ello, considera que los ocho mandos citados pudieron incurrir en delitos de denegación de auxilio y contra la eficacia en el servicio. Asimismo, la jueza pide que se informe al Ministerio de Defensa de los posibles defectos en los aviones que estuvieran volando en esas fechas.

Raúl Ochoa es el abogado del alférez Sergio Santamaría. Como explica, la investigación se puso en marcha para saber lo ocurrido y exigir responsabilidades. «Nadie se ha dirigido a nosotros para indemnizarnos», afirma.

Ochoa destaca los más de seis años de instrucción, que se plasman en un meticuloso auto de 274 páginas. Según indica, «es la primera vez que se produce una imputación en la historia militar española por un accidente de aviación».

El letrado explica que este auto supone concluir la instrucción, que ha incluido «cientos de pruebas», como la desclasificación de documentos oficiales, a lo que Defensa solo accedió parcialmente. Como los imputados son oficiales superiores, el caso se remite ahora a un juzgado de mayor categoría.