Investigan a las exconsejeras Flores y Holgado por el Festival de Mérida

Según indica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida abrió diligencias por un presunto delito de estafa contra Agustín Sánchez Moruno, secretario general de la extinta Consejería de Cultura hasta julio de 2011, cuando fue cesado tras la victoria electoral del PP.

Asimismo, forman parte de este procedimiento Francisco Javier Alonso de la Torre, director general de Promoción Cultural entre julio de 2007 y julio de 2011, y su sucesor en el cargo, José Antonio Agúndez, quien fue nombrado por el PP en agosto de 2011 y se mantuvo en el puesto hasta julio de 2015, después de que el PSOE venciera en las autonómicas de ese año. En este último caso, según ha podido saber HOY, su citación como investigado se debe a cuestiones formales. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de Mérida señala que ya se ha sobreseído provisionalmente la actuación en su contra.

Las diligencias previas también afectan a Pedro Salguero, gerente del Festival de Mérida en el periodo citado, y a dos trabajadores de la extinta Consejería de Cultura, hoy adscritos a la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura. Asimismo, se incluye en el procedimiento a una empresa ubicada en la capital autonómica.

La investigación se ha ampliado este año con la acumulación de nuevas diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Leonor Flores y Manuela Holgado. La primera fue consejera de Cultura entre julio de 2007 y mayo de 2010, cuando abandonó el cargo por enfermedad. Fue sustituida por Holgado, quien se mantuvo al frente del departamento hasta su cese a la conclusión de la legislatura, en julio de 2011. Esta nueva imputación también afecta a Agustín Sánchez Moruno.

El TSJEx señala que ya se ha tomado declaración en calidad de investigados a todas las personas citadas, incluidas las dos exconsejeras. Sólo falta por acudir al juzgado el administrador de la empresa emeritense que forma parte del procedimiento. Hasta la fecha no se han adoptado medidas cautelares.

En la actualidad están pendientes de resolución dos recursos de apelación dirigidos contra el auto que acordó la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, por el cual se pone fin a las diligencias previas y se pide que se formule acusación, se solicite el archivo o se reclamen nuevas pruebas.

Este procedimiento es similar a otro que fue resuelto por el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida en marzo del pasado año y que concluyó con una condena de siete años de inhabilitación para Agustín Sánchez Moruno por un delito de prevaricación. El exsecretario general de_Cultura de la Junta de Extremadura llegó a un acuerdo con la Fiscalía para admitir los hechos, lo que permitió una rebaja de la pena.

En este caso, se consideró probado que el exsecretario general de Cultura aprobó sin seguir el procedimiento reglado el pago de más de 20.000 euros a una imprenta que había realizado trabajos para el Festival de Mérida en su edición de 2011 y que ya había facturado a la entidad pero que no los había cobrado.

Para el juzgado, el objetivo era «llevar a cabo una financiación suplementaria de las actividades paralelas y complementarias del Festival de Teatro Clásico de Mérida del año 2011 mediante la figura del contrato menor, que elude una fiscalización previa, omitiendo la realización de un sistema de contratación a través de concurso, el reglamentado en este supuesto y que se evitó para ahorrar tiempo».

La investigación que actualmente sigue abierta en el Juzgado número 2 de Mérida también guarda relación con la elaboración de un mecanismo para el pago de facturas que correspondían al Festival de Teatro pero que, por falta de fondos, eran asumidas por la Consejería de Cultura. Para ello, los primeros indicios apuntan a que se elaboraban obligaciones de pago por conceptos que en realidad no existían para poder pagar a las empresas.

Al igual que en el caso anterior, esto suponía saltarse el procedimiento establecido, así como sobrepasar de manera irregular la asignación consignada para el Festival de Mérida en las leyes de Presupuestos generales de la comunidad. Un informe de la Intervención regional alertó sobre estas prácticas.

Mientras que en el procedimiento ya concluido la investigación se centró en una sola factura, en este caso se están investigando más pagos para tratar de aclarar si se trataba de un sistema establecido por varios responsables de la Consejería de Cultura.

Ante las pruebas practicadas, y por la declaración de las personas que ya han declarado ante el juzgado, la Fiscalía de Mérida solicitó a mediados de este año que se investigara la presunta responsabilidad de las dos máximas responsables de la consejería, Leonor Flores y Manuela Holgado, para aclarar si conocían y autorizaron esta fórmula de pago que podría suponer una vulneración de las normas vigentes.