El Ingreso Mínimo Vital solo llega a uno de cada cuatro hogares extremeños que lo solicitan

Los de Extremadura, como sucede en el resto del país, son números que están alejados de las previsiones que en un primer momento hicieron el Gobierno central y los autonómicos para esta medida estrella con la que pretendían erradicar la pobreza en lo hogares. En esta región, la Junta cifró en un primer momento en 30.000 personas las que podrían acceder al IMV, pero la realidad es que hasta el mes de octubre ha llegado a 23.684.

Aunque poco a poco se va a acercando a las previsiones, los problemas se acumulan en torno a esta ayuda desde sus inicios, según cuentan las asociaciones extremeñas que ayudan a sus usuarios a solicitarla.

«Se necesita una mayor coordinación entre la Administración y los servicios sociales para conocer cada caso. Además, debería haber más personal en la Seguridad Social para atender este asunto», apunta Elsa García, trabajadora social de la Fundación Secretariado Gitano en Cáceres, una agrupación que ha ayudado a unas 300 familias con el trámite de esta ayuda.

«Antes tardaban hasta ocho meses en dar una contestación y ahora parece que van más rápido», reconoce García, quien también alude a las dificultades tecnológicas en estos hogares para pedir el IMV.

Laura Campos, responsable del programa de Familias de Cáritas en Cáceres, incide en eso. «Suelen ser familias que no tienen conexión a Internet o dispositivos para pedirlo 'online' y tienen que hacerlo presencial. Eso en algunos casos alarga el proceso porque tardaban en darles cita previa y a veces es difícil que les cojan el teléfono».

Otro de los problemas es la posible devolución de dinero a la que podrían tener que hacer frente algunos beneficiarios. Los hogares que, además de cobrar el IMV, están recibiendo también la antigua Renta Básica, que ahora se denomina Renta Extremeña Garantizada (REG), se pueden ver en esta situación si no informan de ello.

La Junta de Extremadura especifica que estas ayudas son complementarias, pero las cuantías del IMV han de ser computadas como ingresos de la unidad de convivencia. Se hace así para saber qué cantidad de dinero se debe reducir de la REG y no recibir más de la permitida.

De hecho, «es obligación de las personas beneficiarias de la REG el reintegro de los abonos percibidos indebidamente», indica la Dirección General de Servicios Sociales. Por ese motivo, la Administración revisa los expedientes de las familias que reciben las dos ayudas, aunque no detalla el número de afectados por estos requerimientos. Lo que sí se sabe es que la Renta Extremeña Garantizada se ha concedido a 12.891 unidades familiares hasta agosto de 2021.

Por la REG pueden recibir 564 euros (Iprem) cuando la familia es de un solo miembro. Este importe aumenta en un 20% por el segundo y en un 10% por el tercero y cada uno de los siguientes. La cantidad máxima no puede superar el 160% del Iprem mensual.

En el caso del IMV, la cuantía va desde los 462 euros (para personas que vivan solas), hasta los 1.015 euros (familias de dos adultos y tres niños o más).

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han hecho autocrítica y han acordado realizar modificaciones en el IMV que se espera que lleguen antes de final de año. Su objetivo es que el número de beneficiarios se duplique y para ello mejorarán su gestión administrativa y ampliarán la cobertura para los colectivos vulnerables.

Uno de los cambios es que las prestaciones asociadas al sistema de dependencia no se tendrán en cuenta como ingresos a la hora de recibir la prestación.

Asimismo, aquellas personas que hayan sufrido una pérdida de ingresos repentina en el año en curso podrán solicitar el IMV automáticamente y no tendrán que esperar al ejercicio siguiente para hacerlo. También se elevarán los umbrales de renta como requisito y patrimonio para solicitarlo en estos casos.

Otra de las modificaciones es que las personas que agoten subsidios por desempleo no verán reducida la cuantía de su prestación.

Además, accederán automáticamente al IMV al cumplir los 18 años los jóvenes extutelados, sin necesidad de acreditar ningún año de vida independiente. Para el resto de menores de 30, se reduce de tres a dos años el periodo que acreditar de vida independiente. También se recorta el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a seis meses.

Finalmente, el Gobierno pretende llevar a cabo una búsqueda de posibles beneficiarios que no han solicitado la ayuda pudiendo hacerlo. Así, en los próximos meses trabajarán para ponerse en contacto con ellos y conocer las razones por las que no la han pedido.