La incertidumbre sobre las cuentas estatales llega a inversiones en Extremadura y al sistema de financiación

La decisión del Gobierno catalán de adelantar las elecciones en la comunidad priva a Pedro Sánchez de uno de los apoyos previstos para la aprobación de los Presupuestos del Estado, lo que lleva a renunciar a la tramitación de las cuentas a corto plazo.

Los Presupuestos estatales deben recoger la actualización de el salario de los empleados públicos, las pensiones, el gasto en inversiones y la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, por citar algunas de las cuestiones con más incidencia. Sin embargo, que no se apruebe el proyecto de ley no implica que no se puedan ejecutar esas medidas.

La Constitución establece que si las cuentas no han sido aprobadas antes del 1 de enero se prorrogan de forma automática las del año anterior. Es decir, los presupuestos de 2023 ya están prorrogados para el presente ejercicio, con lo que en realidad poco ha cambiado. Tan sólo que el Gobierno retrasa la presentación de las cuentas de 2024. Pero esa certeza puede llevar a que se agilicen ciertas medidas sin esperar a una ley específica, por lo que incluso puede ser positivo.

Así fue en los casos recientes de ejercicios con cuentas prorrogadas. En 2019, y ante la falta de acuerdo para la formación del Gobierno (lo que llevó a convocar unas nuevas elecciones en noviembre de ese año), el Ejecutivo nacional recurrió a un real decreto ley para actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación, que son las cantidades que se adelantan a las comunidades para que paguen sus servicios. Con ello, Extremadura pudo recibir a partir de octubre todos los atrasos que no había cobrado hasta entonces debido a que se aplicaban las partidas de 2018.

En 2020 sucedió algo parecido. Las cuentas de 2018 volvieron a prorrogarse y el retraso en la formación del Gobierno llevó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adoptar medidas urgentes para aplicar sus políticas. Con ese fin, en las primeras semanas de enero aprobó reales decretos leyes para aplicar la subida salarial a los empleados públicos y la revisión de las pensiones.

En cuanto al sistema de financiación, ni siquiera fue necesario recurrir a una ley de carácter urgente, sino que bastó con un acuerdo del Consejo de Ministros para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Según se anunció entonces, gracias a eso Extremadura pudo empezar a cobrar 3.157 millones de euros, 227 más que en el ejercicio 2018, que es el que habría sido de aplicación si no se hubiese adoptado esa medida.

El Gobierno se encuentra ahora en una situación similar, de modo que bastaría con adoptar las mismas soluciones que se aplicaron en 2020.

Pero eso no implica que el retraso en los pagos no tenga consecuencias. El sistema de financiación autonómica aportará este año a Extremadura 610 millones más que el pasado ejercicio. Pero como aún no hay Presupuestos del Estado, las cantidades que se están cobrando son las mismas que en 2023.

Ante la necesidad de liquidez, la Junta ha decidido recurrir a préstamos a corto plazo, de un año de duración. En diciembre aprobó pólizas de crédito por importe de 250 millones de euros para disponer de dinero en caso de que se produzcan tensiones en la tesorería regional. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes concertar hasta 350 millones más en ese tipo de préstamos y con el mismo fin, lo que hace un total de 600 millones.

Según indica la Consejería de Hacienda, «el desfase entre ingresos y pagos deriva fundamentalmente de la diferencia entre las cantidades que se están percibiendo y se prevén percibir en los próximos meses del sistema de financiación autonómica, por la falta de actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2022 y los ingresos que por tal concepto han sido presupuestados para el ejercicio 2024», explica. «Ante la incertidumbre» por las cuentas estatales, se estima conveniente tener la opción de pedir esos préstamos.

En el caso de las inversiones el problema es aún menos imperioso, ya que bastaría con aprobar modificaciones de crédito para cambiar el destino de partidas concretas de las cuentas de 2023. Así ocurrió también en 2019 y 2020, cuando Adif gastó más de 380 millones de euros en Extremadura pese a que no había unas cuentas aprobadas.

Esta cuestión reviste aún menos importancia si se tiene en cuenta que tampoco se conocían las partidas de inversión del Gobierno en la región para el presente año, con lo que en realidad nada se ha trastocado.

En este sentido, el consejero de Infraestructuras de la Junta, Manuel Martín Castizo, pidió ayer al Gobierno que no se paralicen los proyectos que están en marcha en la región e instó a que se hagan modificaciones de crédito para las obras ya comprometidas y que no sufran retrasos, como en la autovía entre Badajoz y Cáceres.

«Entiendo que los compromisos presupuestarios que hay en marcha no se van a paralizar, y aquellos que se esperaban pues puedan ser objeto de modificación de crédito, al objeto de que esas obras que están comprometidas no se vean paralizadas en demasía», apuntó en declaraciones recogidas de Europa Press.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó ayer que los Presupuestos de 2023 son buenos y que «su prórroga no es ningún problema».