Los grupos políticos detectan contrataciones irregulares en las empresas públicas

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, en su comparecencia en la comisión. :: brígido/
El consejero de Sanidad, José María Vergeles, en su comparecencia en la comisión. :: brígido

Tras un año de trabajo, 30 comparecencias y 100.000 folios de documentos, la comisión de investigación se cierra sin conclusiones

Juan Soriano
JUAN SORIANO

En algo coinciden los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura: la gestión de personal de las empresas públicas ha estado plagada de irregularidades en los últimos 12 años. O, al menos, no ha sido modélica. Pese a ello, han sido incapaces de lograr un solo acuerdo en la comisión de investigación sobre la contratación desde 2007 a la actualidad, que ayer se cerró sin conclusiones de ningún tipo.

Tras un año de trabajo, 30 comparecencias y más de 100.000 documentos analizados, ayer fue el turno de la presentación de las conclusiones de cada grupo parlamentario. Al final de la sesión, se sometieron a votación. Cada partido aprobó la suya y rechazó las del resto. Como establece el reglamento, sin acuerdo no hay ningún texto que elevar a Pleno para su debate y aprobación, con lo que todo termina como si nada hubiera pasado.

La comisión de investigación se puso en marcha hace poco más de un año, después de que el PP denunciara que la empresa pública Gisvesa había contratado a 19 personas afines al PSOE. Por ese motivo, pidió analizar la gestión de personal de las empresas públicas desde 2007, con lo que abarcaba también la primera legislatura del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, así como el periodo de mandato del popular José Antonio Monago (2011 a 2015).

Podemos, Ciudadanos y PSOE recomiendan más transparencia en los procesos de selección

El PSOE votó a favor de crear la comisión. Aunque tampoco hubiese servido de nada su oposición, ya que al PP le hubiese bastado el apoyo de Podemos. Y así nació hace un año la cuarta comisión de investigación de la legislatura tras las dedicadas al incendio de la Sierra de Gata de 2015, el papel del Gobierno de Monago en Acorex y Caja Rural de Extremadura y el contrato de transporte sanitario.

Un año después, poco se ha aclarado. El PP, promotor de la comisión, considera que ha quedado demostrado que el PSOE utilizó las empresas públicas como «agencia de colocación». En concreto, destaca la falta de procedimientos de selección entre 2007 y 2011, lo que contrasta con la labor del Gobierno popular entre 2011 y 2015.

Asimismo, destaca que en su etapa al frente de la Junta los responsables de las empresas públicas fueron seleccionados por su valía profesional. Sin embargo, en la actualidad el principal criterio de contratación ha sido contar con experiencia en administración local, lo que ha permitido, en la fase de entrevistas, que conocidos dirigentes socialistas (alcaldes, exconcejales, etc.) hayan sido elegidos para estos puestos.

Podemos también critica el nombramiento de gerentes en la actual legislatura en GPEx, Gespesa, Gebidexsa, Avante, Gisvesa y Urvipexsa. En sus conclusiones lamenta que en todos los casos ha primado la experiencia en la Administración en vez de la preparación o el bagaje profesional.

La formación morada también pone en duda la falta de instrucciones de contratación en las empresas públicas, tanto con el PP como con el PSOE. Asimismo, considera que se han vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad, que, afirma, deben ser aplicados por los entes del sector público.

Sin embargo, el PSOE recalca que durante su gestión se ha mejorado la solvencia de estas empresas y se han establecido manuales de procedimientos de selección. Y asegura que durante la etapa del PP se pretendió el despido de más de 700 trabajadores «para contratar a nuevo personal», pero que la presión social y sindical evitó que se llevaran a cabo. En GPEx y Avante, en lo que denomina «despidos ideológicos», hubo que afrontar tres millones de euros en indemnizaciones.

Otra prueba de que cada grupo enfoca las conclusiones según su propio criterio es el de la transparencia. El PSOE destaca la colaboración de la Junta, que ha entregado más de 100.000 folios. PP y Podemos recuerdan que ha sido necesario reclamarlos en varias ocasiones, y que aún así faltan datos del periodo 2007-2011. La formación morada también critica que no hayan comparecido los cuatro últimos consejeros de Hacienda, tres del PP y la actual titular, Pilar Blanco-Morales.

Culpables sin soluciones

En sus conclusiones, el PP culpa de la gestión de personal al presidente de la Junta, Fernández Vara, a Blanco-Morales, al consejero José María Vergeles y a la secretaria general de Arquitectura, María Isabel Moreno, estos dos últimos como máximos responsables de Gisvesa.

Podemos, que ha anunciado que enviará sus conclusiones a la Fiscalía, culpa tanto a PP como a PSOE. Incluso a Ciudadanos, ya que acoge en sus filas a algún exdirigente de empresas públicas.

Para Ciudadanos, la comisión ha servido de poco y sólo pone de manifiesto que «el bipartidismo ha metido sus zarpas en todas las instituciones». En su breve escrito de conclusiones realiza una serie de recomendaciones, que son más extensas en Podemos (y muy genéricas en el PSOE) para mejorar la transparencia en los procesos de selección.